Morena convirtió la selección de sus coordinadores estatales rumbo a 2027 en un sofisticado ejercicio de medición política. En 16 de las 17 entidades donde se renovará la gubernatura recurrió a encuestas realizadas por siete empresas: Buendía y Márquez, Covarrubias y Asociados, Defoe, De las Heras Demotecnia, Enkoll, Mendoza Blanco y Asociados y Votia. La excepción fue San Luis Potosí, donde la definición se hizo mediante consenso interno.

El procedimiento tiene un detalle que merece más atención que la simple lista de nombres. Morena no se limitó a preguntar quién era el aspirante preferido. Las mediciones incorporaron distintos atributos y variables para construir una valoración conjunta de los perfiles. Las encuestadoras realizaron ejercicios espejo para contrastar sus resultados con los de la Comisión Nacional de Encuestas del partido y, de acuerdo con la información difundida por Morena, levantaron más de mil 500 entrevistas presenciales por entidad.

El lenguaje también importa. Los elegidos no fueron presentados formalmente como candidatos a gobernador, sino como coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Jurídicamente, todavía existe una diferencia entre ocupar esa responsabilidad partidista y ser candidato en un proceso electoral. Políticamente, sin embargo, la selección coloca desde ahora nombres, rostros y trayectorias en la conversación pública rumbo a 2027.

Ahí aparece la verdadera dimensión de la estrategia.

Morena terminó por construir una especie de antesala electoral en la que los principales aspirantes ya tienen nombre, cargo partidista y una justificación política para recorrer sus estados. El procedimiento permite presentar la selección como un asunto interno, mientras los perfiles escogidos comienzan a concentrar atención mediática y presencia pública. La propia prensa ha descrito estas coordinaciones como una antesala de las candidaturas formales para las gubernaturas.

La fórmula no estuvo exenta de conflictos. Hubo inconformidades en distintas entidades y, en Baja California, Evangelina Moreno Guerra presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio contra la designación de Julieta Ramírez, en el que cuestionó la manera en que se manejaron los resultados de la encuesta. Se trata de una impugnación formal y, por tanto, de un asunto que corresponde resolver a las autoridades electorales, no a la dirigencia partidista.

Esto demuestra que una encuesta puede aportar una apariencia de objetividad, pero no elimina el conflicto político. Siete empresas, muestras amplias, cuestionarios comunes, ponderaciones y ejercicios espejo pueden reducir la discrecionalidad; no consiguen, por sí mismos, que los aspirantes derrotados acepten necesariamente el resultado ni que sus grupos políticos renuncien a disputar la decisión.

Morena, además, consiguió algo políticamente relevante: colocar la definición de sus futuras candidaturas en el centro de la conversación pública varios meses antes de que comiencen formalmente las campañas. La estrategia no es completamente nueva en la política mexicana, pero sí adquiere una dimensión particular cuando la organización que la utiliza es el partido en el poder y cuando sus decisiones internas generan una atención nacional que otros partidos también buscan reproducir.

La oposición ha intentado desarrollar mecanismos semejantes para anticipar candidaturas y posicionar figuras rumbo a 2027. La diferencia está en la capacidad de Morena para convertir un procedimiento partidista en un acontecimiento político nacional. Esa capacidad no depende únicamente de las encuestas: también está relacionada con la estructura territorial del partido, la exposición pública de sus dirigentes y la atención que reciben sus decisiones.

Por eso, más que discutir si siete encuestadoras son demasiadas o si una metodología es mejor que otra, habría que observar qué efecto tiene esta fórmula sobre los tiempos electorales. Cuando un partido define con meses de anticipación a quienes probablemente serán sus candidatos, la frontera entre selección interna, posicionamiento político y campaña empieza a hacerse más difícil de distinguir.

La cuestión central, entonces, no es solamente quién ganó cada encuesta. Es si el sistema electoral mexicano puede establecer reglas suficientemente claras para diferenciar una actividad partidista legítima de una promoción anticipada de candidaturas. Esa discusión corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral y, en última instancia, a los legisladores que diseñan las reglas.

Morena ha demostrado que las encuestas pueden convertirse no sólo en un mecanismo de selección, sino también en una poderosa herramienta de posicionamiento político. El verdadero experimento de 2027 será comprobar hasta dónde puede llegar esa estrategia sin que la anticipación electoral termine convirtiéndose en uno de los principales problemas del propio proceso.