La investigación de FrojiMX plantea una contradicción. Los legisladores que fijan las reglas de transparencia para otros publican su riqueza sin lo esencial. El reportaje, firmado por Rodrigo Gutiérrez, revisó las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los diputados federales y encontró en todas las mismas omisiones: precio de adquisición, fecha de compra, forma de pago, extensión de los inmuebles, modelo de los autos y nombre de las empresas.

Una transparencia que se conoce a medias

Quien consulta estos documentos sabe cuántas propiedades declara un diputado, pero no cuánto valen, cuándo las adquirió ni si las pagó de contado o a crédito. Sin el nombre de las empresas tampoco puede detectarse un conflicto de interés. El caso más llamativo es el de Jorge Alejandro Aguilar López, del PT, con 54 inmuebles, un automóvil y participación en tres empresas, repartidos en 15 páginas de declaración.

La Cámara de Diputados, consultada por FrojiMX, respondió por medio de su director de Situación y Evolución Patrimonial que las versiones públicas se elaboraron “conforme a los formatos aprobados”. Añadió que ello no implica pronunciamiento alguno sobre la cuestión planteada. La respuesta confirma la legalidad formal sin justificar la pérdida de información. Queda sin responder quién aprobó el cambio y con qué fundamento.

La lista de los 62 y su lectura política

FrojiMX definió como grupo de opulencia a los diputados con al menos cinco inmuebles o automóviles, y encontró 62, equivalentes a uno de cada ocho legisladores. Su composición: Morena, 22; Partido Verde, 15; PAN, 9; PRI, 7; PT, 7; Movimiento Ciudadano, 2.

Conviene precisar un punto que el planteamiento inicial del tema simplifica. Morena, por sí sola, no reúne a la mayoría de esos 62. Tiene 22, cerca de 35%. La mayoría aparece solo al sumar a sus aliados, Verde y PT, que juntos con Morena dan 44 casos, casi 70%. La coalición gobernante controla la Cámara, de modo que es esperable que concentre la mayor parte de cualquier lista. Para saber si hay sobrerrepresentación haría falta comparar cada cifra con el tamaño de su bancada, un cálculo que el reportaje no presenta. Es el primer punto débil de una lectura que insinúa más de lo que demuestra.

Lo que la investigación aporta y lo que deja abierto

La fortaleza es evidente: el patrón es transversal. Los seis partidos tienen un representante entre los seis primeros lugares, y la opacidad abarca a todos. Esto desmonta la tentación de convertir el hallazgo en un asunto de un solo color. Pero también obliga a matizar el título de la sección dedicada a “la 4T”. El señalamiento de que Morena, “el partido de la austeridad republicana”, tiene a 22 legisladores en la lista es políticamente certero, aunque el hallazgo es más amplio: un sistema que normaliza el secreto patrimonial.

Hay otros flancos que un lector exigente debe advertir. Contar autos e inmuebles juntos mide cantidad, no riqueza. Una persona con trece vehículos y una con trece casas no ocupan la misma posición, y sin valores, que son justamente lo omitido, el criterio no permite hablar de “fortunas” con rigor. Además, el reportaje se contradice a sí mismo: el encabezado habla de uno de cada diez legisladores y el cuerpo, de uno de cada ocho, que es lo que corresponde a 62 entre 500. El lenguaje, con términos como “ricachones” o “casotas”, añade una carga editorial que debilita la pretensión de neutralidad. Tampoco el contraste entre las 54 propiedades de Aguilar López y sus 39 iniciativas dice nada sobre su origen o su legalidad, y comparar bienes con iniciativas es más ingenioso que útil.

La discusión pendiente

Poseer muchos bienes no es ilegal ni, en sí, sospechoso. El problema es que la ciudadanía no puede distinguir entre un patrimonio heredado, uno construido con trabajo y uno formado con recursos públicos. Cuando se oculta el precio, la fecha y las empresas, se elimina la herramienta que permitiría hacer esa distinción.

El debate de fondo no es cuántas casas tiene cada diputado, sino quién decidió que su historial patrimonial se mostrara incompleto. Mientras el Poder Legislativo se ampare en formatos que él mismo aprueba, la rendición de cuentas depende de periodistas que revisan expediente por expediente. La transparencia que se concede a medias deja de ser una garantía y se convierte en una concesión.