Lo que comenzó como inconformidad por un aumento salarial se convirtió en un movimiento nacional que el gobierno no logra encuadrar. En un video difundido en X, la presidenta Claudia Sheinbaum responde que las protestas de los trabajadores del IMSS no se deben a lo que expresan en plantones y bloqueos, sino a “otros temas”. La realidad en las calles apunta en otra dirección.
Un conflicto que se extiende
Enfermeras, médicos, laboratoristas y personal administrativo protestan en al menos siete estados para exigir aumento salarial, mejor abasto de insumos médicos y la renuncia del líder sindical Rafael Olivos. El detonante es la revisión salarial 2026-2027: los inconformes rechazan el 2.9 % pactado por insuficiente y piden cubrir plazas vacantes, un congreso extraordinario y jubilaciones dignas. La movilización ya llegó a las 37 secciones sindicales, según los propios inconformes.
Hay una discrepancia de cifras que conviene señalar. La dirigencia habla de un incremento de 6.8 % y atribuye las protestas a “algunos trabajadores”. Las bases hablan de 2.9 % directo al tabulador. La disputa numérica es ya una disputa sobre quién representa a quién.
El sindicato frente a su propia base
La fricción más incómoda para el oficialismo es que Olivos es diputado federal suplente de Morena y enfrenta el rechazo de un sector de sindicalizados, jubilados y extrabajadores. Los manifestantes denuncian que un cambio reciente a los estatutos restringe las protestas en nombre de la “unidad gremial”, y hablan de amedrentamientos y rescisiones. Cuando el reclamo se dirige contra un aparato sindical aliado del partido en el poder, atribuirlo a “otros temas” equivale a esquivar la discusión de fondo: la relación entre gobierno, partido y sindicato.
Alianzas que cambian la escala
El conflicto dejó de ser gremial. Las bases anunciaron una marcha nacional pacífica para el miércoles 14 de octubre, con respaldo de integrantes de los sindicatos del Metro, Pemex, ISSSTE y de la CNTE. El dirigente del Metro, Homero Zavala, recordó que los trabajadores reciben las quejas de los usuarios sin administrar los recursos. Ese es el punto de encuentro: servidores públicos que cargan con el costo político de deficiencias que no deciden.
Desde el ISSSTE se lanzó además una advertencia: el Sistema Universal de Salud, anunciado por Sheinbaum, tendrá graves afectaciones sin un presupuesto claro de respaldo al personal. El reclamo laboral se vuelve cuestionamiento a la política sanitaria del sexenio.
Respuesta oficial y contradicciones
El gobierno combina diálogo y desmentido. Gobernación instaló una mesa y pidió no afectar vialidades. El IMSS sostiene que más de 400 000 trabajadores registraron asistencia y que los hospitales operaron con normalidad; también precisó que jubilaciones y Afores requieren cambios legislativos, no una decisión administrativa. La presidenta, por su parte, anunció una gira por los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar hasta diciembre, para conocer las condiciones del personal.
Los argumentos oficiales tienen peso: las demandas de pensiones pasan por el Congreso, la atención no se ha interrumpido y la presidenta acude a los hospitales. Pero hay tres fricciones. La gira recorre el IMSS-Bienestar, no el IMSS ordinario, donde se concentra el reclamo. El 22 de septiembre, la propia Sheinbaum reconoció que el sistema no operaba al 100 % en materia de abasto, lo que choca con la tesis de que la queja es ajena a las carencias. Y la negación previa de las protestas quedó desmentida: un reporte periodístico documentó movilizaciones en siete estados apenas dos días después de que la presidenta las negara.
Pacientes que también reclaman
El malestar no se limita a las batas blancas. Los trabajadores denuncian falta de medicamentos, personal, camas, camillas e insumos para hemodiálisis, y el conflicto coincide con la muerte de recién nacidos en hospitales del IMSS en Jalisco y Durango, que derivó en la destitución de la directora en Durango. A ello se suman las quejas de familias de niños con cáncer y de derechohabientes que documentan el desabasto en redes sociales. Cuando quienes atienden y quienes esperan coinciden en el diagnóstico, la explicación de los “otros temas” pierde sustento.
La disyuntiva es política. Si el gobierno reconoce una falla estructural, deberá aceptar errores y corregir rumbo. Si descalifica la protesta como maniobra ajena, le dará aliados. ¿Puede un gobierno que construye su narrativa sobre la atención a los más vulnerables permitir que sus propios trabajadores de la salud la desmientan en la calle?