Las calles de Francia arden nuevamente en este octubre. Lo que comenzó como una serie de asambleas estudiantiles en las principales universidades de París, Lyon y Marsella se ha transformado en un movimiento nacional de protestas masivas. Los estudiantes franceses han salido a manifestarse en respuesta a una asfixiante combinación de recortes presupuestarios en la educación superior, el aumento desmedido de las matrículas para paliar el déficit estatal y una reforma laboral juvenil que precariza sus futuros empleos bajo la premisa de la competitividad. Las demandas estudiantiles son claras, justas y urgentes: exigen una inversión digna en las universidades, el congelamiento de las tasas académicas, becas estudiantiles que se ajusten a la inflación actual y la garantía de que el acceso al conocimiento no se convierta en un privilegio de pocos.
Resulta profundamente paradójico e interesante observar cómo Francia, la cuna de los grandes filósofos de la Ilustración como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Montesquieu, ofrece hoy una recepción tan brutal a sus propios jóvenes. Son precisamente estos pensadores quienes teorizaron y defendieron la democracia, los derechos humanos y el concepto del contrato social, argumentando que el Estado existe para servir y proteger la voluntad y el bienestar del pueblo. Sin embargo el contrato social en Francia parece haberse roto por completo. En lugar de debate conceptual y escucha activa, el gobierno actual responde con escudos, gases lacrimógenos y tácticas policiales desproporcionadas contra ciudadanos comunes que apenas inician su vida adulta.
Hace pocos días, recibí una carta de un colega que reside en Francia, donde me relataba un caso estremecedor que personifica la tragedia de estas movilizaciones. Me habló de un joven estudiante de un prestigioso colegio musical en París, cuyo sueño de vida es convertirse en violinista profesional. Este joven, además, carga con la enorme responsabilidad de cuidar a su madre, quien padece una severa discapacidad. Según me contaba mi colega, el muchacho no era un activista político radical ni un estratega de las protestas; el día de la gran marcha acudió a la manifestación simplemente acompañado de sus amigos, motivado por la típica ligereza juvenil de querer impresionar a unas chicas y lucir interesante ante ellas. No buscaba una revolución, solo buscaba encajar en su entorno social.
El desenlace de esa tarde fue trágico. En medio de las cargas policiales indiscriminadas, el joven músico fue alcanzado por una bala de goma que impactó directamente en su antebrazo, causándole severos daños musculares y óseos. Hoy en día, la angustia que consume a este estudiante y a su madre no es de índole política, sino existencial: vive con el terror absoluto de perder la movilidad fina de sus dedos y verse privado de la posibilidad de ser músico para siempre. Esta dolorosa realidad es lo que hoy muchos denominan, con justificado cinismo, la “Democracia a la francesa”. Una democracia que se jacta de sus libertades en los foros internacionales, pero que mutila el futuro artístico y profesional de sus jóvenes en sus propias avenidas.
Ante este panorama, las exigencias de los manifestantes adquieren una validez incuestionable. Los estudiantes piden condiciones básicas para estudiar y vivir con dignidad. No obstante, el gobierno francés parece sumamente ocupado en cualquier otra tarea que no sea cuidar de sus propios ciudadanos, de sus estudiantes y, por extensión, de su propio futuro. Es una contradicción inaceptable que un Estado penalice la disidencia pacífica de quienes mañana sostendrán las industrias, las ciencias y las artes del país.
La pregunta obvia e inevitable que surge en el debate público europeo es: ¿dónde está gastando el dinero el gobierno de Emmanuel Macron? Mientras las universidades públicas sufren un deterioro de infraestructura evidente y los presupuestos de bienestar social se reducen de forma draconiana, las prioridades financieras del Elíseo parecen desviarse hacia el rescate de grandes corporaciones, proyectos de defensa militar de dudosa urgencia inmediata o subsidios a sectores que no benefician de forma directa a la población de a pie. La escasez de recursos que se argumenta para justificar los recortes estudiantiles no es real; es, en cambio, el resultado de una decisión política deliberada de dar la espalda a las necesidades de la clase trabajadora y de la juventud.

La crisis actual en Francia demuestra que el país ha dejado de ser el faro global de las libertades civiles que alguna vez pretendió encarnar. Aquella antigua vitrina de la democracia, que inspiró movimientos emancipatorios en todo el mundo, se ha desmoronado bajo el peso del autoritarismo y la represión violenta. En lugar de un modelo a seguir, la Francia de finales de 2026 se ha convertido en un triste y preocupante ejemplo de política temeraria e irresponsable. El manejo de las protestas actuales es un espejo en el que ninguna nación que se considere verdaderamente democrática debería mirarse, pues muestra cómo el desprecio por el diálogo y la brutalidad institucionalizada pueden destruir el tejido social de un país en nombre de la austeridad y el control del Estado.