Innegable es que uno de los fenómenos más nocivos y perturbadores que puede experimentar cualquier sociedad es el terrorismo. Su incidencia nos habla de una degeneración social de sorprendentes proporciones. Por un lado, nos muestra el nivel de deterioro y desapego de un individuo o grupo de los estándares éticos, morales y razonables en sus actos e intenciones para obtener sus intereses. Desde otra arista, nos muestra el agotamiento de los medios relacionales legal y socialmente aceptables entre miembros de una sociedad. También nos habla de la injustificable tolerancia de una administración pública o gobierno ante estos detestables actos e instrumentos. Finalmente, nos muestra lo vulnerable que es una sociedad receptora ante actos de violencia como instrumento de intimidación, manipulación, presión o represión.

No hay forma de justificar o razonar positivamente el terrorismo. Cierto, es una práctica ancestral de la humanidad. Pero la violencia irrestricta orientada a generar terror en una sociedad o segmento de ella no puede ser justificada por ninguna vía; y si lo hacemos debemos reflexionar profundamente sobre nuestra humanidad y moralidad. Es por ello que cuando vemos actos de violencia intimidatoria o de presión política y social en nuestro país -generalmente a manos de organizaciones delincuenciales- y con la finalidad de influir en un segmento social para obtener sus intereses, no solo es imposible justificarla y tratar de “dimensionarla positivamente” sino también es inmoral dejar de llamarla por lo que es: terrorismo. Y si tiene este calificativo, debe ser atendido inmediatamente y sin reservas dentro de los márgenes de la ley para proteger a la sociedad de estas atrocidades.

Hay muchas formas de atender el terrorismo en su dimensión organizacional y operacional. Desde una perspectiva normativa, estructural, funcional y/o instrumental el Estado mexicano cuenta con diversas aproximaciones e instrumentos para tal fin. No sólo debe ser atendido contundentemente por las autoridades para preservar el Estado de Derecho del país y el respeto a las instituciones nacionales, sino también por la prioritaria necesidad de proteger a la ciudadanía y generar un entorno favorable y permisivo para la sana interacción social de manera productiva. Eso es generar un ambiente propicio al Desarrollo; eso es consolidar la Seguridad Nacional. Esas son prácticamente las únicas misiones del Estado.

La primera definición que debemos establecer para atender el problema es de alcance perspectiva. El terrorismo debe ser atendido imperativamente por el Estado y sus instituciones de manera inmediata; de eso no puede haber excusa, duda, ni tolerancia. Es por ello que muchos Estados adoptan instrumentos y medidas de Contraterrorismo, es decir, acciones reactivas que buscan neutralizar y suprimir el fenómeno. Desde unidades militares y policiacas especializadas en enfrentar a grupos generadores de terror y violencia hasta medidas fiscales, judiciales y normativas punitivas que buscan castigar y disuadir la incidencia de actos de terror, algunos países consideran que es una aproximación adecuada al fenómeno. Ciertamente es una respuesta necesaria al terrorismo, pero sigue siendo una medida reactiva y solo marginalmente preventiva. El costo es relativamente acotado en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo es acumulativo, y puede generar patrones de comportamiento institucional e interinstitucional anquilosados, lentos y poco eficientes. Es una medida que tiende a la burocratización, a la doctrina rectora, a la jerarquización y patrones narrativos oficiales poco realistas.

Otra aproximación para atender este conjunto de fenómenos antisociales es el Antiterrorismo. Esta concepción parte del diseño de políticas y programas estratégicos, integrales y transversales de mediano y largo plazo que eviten y desestimulen la violencia como instrumento de presión política y social. Implica el fortalecimiento del tejido social, el robustecimiento de las instituciones y el apego al Estado de Derecho como doctrina tácita nacional. En el largo plazo es más eficiente pues se invierte en condiciones que fomentan el desarrollo y la estabilidad social; busca mitigar vulnerabilidades externas e internas y otorga prioridad a la construcción de una resiliencia nacional. La complejidad de esta aproximación es que no blinda al Estado de las acciones violentas en el corto plazo, y limita severamente la capacidad emergente y reactiva de sus instituciones. También depende de un intricado proceso de planeación nacional, y de una homologación conceptual y doctrinaria en todos los niveles de la sociedad, lo cual es materialmente imposible.

Es por ello que la mejor y más eficiente aproximación a este nocivo fenómeno es generar una Política Nacional Anti y Contra el Terrorismo. Se trata del delicado y fino arte conceptual y operacional de generar los instrumentos normativos, estructurales y funcionales del Estado para instrumentar acciones que neutralicen cualquier atentado o intento de violencia como parte del terrorismo individual o de grupo; como un mecanismo de defensa, protección y salvaguarda social. Por otro lado, consiste en generar una estrategia nacional integral para disuadir al terrorismo como fenómeno, blindar y robustecer a la sociedad, generar un entorno resiliente y no permisivo del terrorismo, y una doctrina y prospectiva nacional que impida la gestión de este tipo de manifestaciones. El eje conector entre ambas aproximaciones simultáneas debe ser la absoluta intolerancia a cualquier acto o intento terrorista, sin excepciones ni justificaciones, con estricto apego y respeto a la ley y los intereses nacionales.

Lamentablemente, tan solo pueden existir estas dos aproximaciones como respuestas válidas al terrorismo. Las alternativas son la permisividad y la tolerancia. Es incurrir en la ceguera selectiva y la justificación permisiva. Es la evasión de la responsabilidad y la irresponsabilidad jurídica, operativa y pública. Es la complicidad por omisión, y la incompetencia por opción. Esta lamentable situación es exactamente donde se encuentra México, sus anteriores y actual gobierno. El simple hecho de negar que el fenómeno existe, actuar como si no ocurriera, disuadir -en ocasiones por vía violenta- la discusión del tema, o seguir insistiendo en la flagrante falacia de que esto no ocurre por que “todo va muy bien”, es ser parte de la creación de un entorno permisivo a esta abominación social; y por lo tanto es ser cómplice voluntario o involuntario del mismo.

En ya incontables ocasiones hemos hecho un llamado a la madurez, la responsabilidad y la seriedad de la actual Administración Pública en México. Nunca ha sido razonable echarle la culpa o justificar el presente con acciones y omisiones de “gobiernos anteriores”. Pasados, repetitivos e intrascendentes son los días de calificar las acciones del ayer, los planteamientos o posturas reflexivas sustentadas de alternativas positivas, de señalamientos o de oposición con motes ideológicos o de un léxico populista carentes de contenido y de sentido. Insuficientes son las excusas por las cuales negar que existe un problema grave en México, y de insistir auto laudatoriamente en logros inexistentes fuera de un discurso ilusorio y triunfalista. Irrelevante es tratar de arroparse bajo el término “Seguridad Nacional”, mientras en innumerables regiones de nuestro país la sociedad sigue a la merced de individuos y grupos delincuenciales que adoptan y ejercen el terrorismo como instrumento de intimidación, de presión, y represión. Vacío es un discurso de transformación nacional mientas el país esta bajo el poder de aquellos que usan la violencia y la amenaza de ella como recurso para preservar su poder, seguros de mantenerse en la impunidad ante autoridades que hacen poco o nada para neutralizarlos.

Hay alternativas dentro de la ley para hacer frente a esta nociva condición nacional. Hay acciones en el corto, mediano y largo plazo que podemos emprender como Estado -gobierno y sociedad en conjunto de manera corresponsable- para recuperar nuestros espacios y fortalecer nuestro país. Existen estrategias e instrumentos eficientes y razonables para crear una nación resiliente y no permisiva del terrorismo, orientada a la cohesión, al desarrollo y al respeto. El primer paso es no negar la realidad. El segundo es tomar madurez y responsabilidad. El tercero es tener claridad situacional. El cuarto es tomar decisiones. Ya hablaremos del quinto.

El autor es Antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.