La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025 del INEGI, difundida el 21 de octubre, contabiliza 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en trabajo infantil, es decir, 12.6% de ese grupo de edad. Respecto a 2022, el año con el nivel más alto, la cifra baja de 3.7 millones y la tasa de 13.1%. Pero la comparación decisiva es la de una década: en 2015 eran 3.6 millones y la tasa era de 12.3%. Diez años después, el problema apenas se movió.

Una mejora que cambia de lugar

La tasa de ocupación no permitida, que incluye trabajar por debajo de la edad mínima o en actividades que la ley considera peligrosas, bajó de 7.5% a 6.6% entre 2015 y 2025. En ese mismo lapso, la de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, es decir, en horarios prolongados o con exposición a riesgos para la salud, subió de 5.7% a 6.8%. Por primera vez en la serie, el trabajo doméstico inadecuado supera a la ocupación no permitida. Hoy son 1.8 millones en ocupación no permitida, donde 71.1% son niños, y 1.9 millones en quehaceres domésticos inadecuados, repartidos casi por mitades entre niñas y niños.

La lectura optimista es que se reduce el trabajo fuera de casa. La lectura crítica es que parte del problema pasó a un espacio que la inspección laboral difícilmente alcanza. Esto último es una hipótesis, no un hallazgo de la encuesta, pero cabe preguntarse si las políticas diseñadas para fábricas, campos y calles sirven para cocinas y patios.

La desigualdad dentro del promedio

La encuesta identifica por primera vez a grupos específicos. En la población indígena, la tasa de trabajo infantil es de 24.9%, casi el doble del promedio nacional. En la ocupación no permitida, 14.2%, más del doble de la nacional de 6.6%, y entre los niños indígenas llega a 22.5%. En la población afrodescendiente es de 15.6%. En la población con discapacidad es de 10.9%, inferior al promedio, una cifra que conviene leer con cautela y sin concluir que ese grupo está más protegido.

La geografía añade otra tensión. Guerrero (22.6%), Oaxaca (20.9%) y Chiapas (20.3%) tienen las tasas más altas, frente a Sinaloa con 5.4%. Pero el mayor volumen está en el Estado de México (335 mil), Chiapas (326 mil) y Veracruz (292 mil). Y las 364 mil personas indígenas en trabajo infantil equivalen a cerca de una décima parte del total. Si la política se concentra solo en la intensidad, deja fuera a la masa de casos en estados menos pobres; si se guía solo por el volumen, subestima donde el fenómeno golpea a uno de cada cinco menores.

Intención y presupuesto

El discurso oficial suele colocar a la infancia como prioridad. Sin embargo, un análisis presupuestal reportó en 2025 que el gasto para erradicar el trabajo infantil se redujo 8.2% y solo se ejerció 58.6% del presupuesto. Es un dato de ese ejercicio y no del actual, pero ilustra una contradicción: se reconoce la gravedad del problema, mientras los recursos asignados se recortan o no se gastan.

Los defensores de la política vigente pueden señalar la baja frente a 2022 y la disminución sostenida de la ocupación no permitida desde su máximo. Los críticos replicarán que una caída de 0.2 millones en tres años, tras una década sin cambio de fondo, no equivale a una trayectoria hacia la erradicación. Ninguna de las dos posturas es incompatible con los datos, y esa ambigüedad es justo el problema: el indicador mejora lo suficiente para permitir la autocomplacencia y no lo suficiente para justificarla.

Lo que la cifra no dice

Las series de 2015 y 2017 provienen de un módulo previo, y las de 2019 en adelante de la ENTI, por lo que la comparación a largo plazo requiere prudencia. Además, la encuesta mide a quienes realizan trabajo, pero no por qué lo hacen. Detrás de cada niño o niña en esa estadística hay hogares con ingresos insuficientes, escuelas lejanas o redes de cuidado inexistentes, que ninguna prohibición puede resolver por sí sola.

¿Cómo se vigila el trabajo que ya no ocurre en un taller o en un campo, sino en la cocina de una casa donde ninguna inspección puede entrar?