El diagnóstico

México Evalúa presentó “10 puntos de las finanzas públicas del Paquete Económico 2027”. Su cifra central es contundente. De 9.16 billones de pesos de ingresos previstos, 8.83 billones ya tienen destino (pensiones, participaciones, nómina, deuda y subsidios). Quedan 325.4 mil millones de pesos, el 0.83 % del PIB. Esto equivale a 2,403 pesos por habitante, frente a 11,756 en 2018. El margen se ha reducido 78 % en términos reales.

La lectura de que el estudio pide “revisar el gasto” es incompleta. Su propuesta es más específica: volver exigibles reglas que ya existen y publicar la información que permita verificarlas.

Metas que no cuadran

El déficit propuesto, 3.9 % del PIB, supera el 3.0 % que estabilizaría la deuda. Hacienda había estimado originalmente 3.5 % para 2027. Por primera vez desde al menos 2009, el Paquete proyecta una deuda creciente en todos los años del horizonte, de 54.0 % a 56.4 % del PIB en 2030. Las simulaciones del estudio sitúan en 48.4 % la probabilidad de superar el 60 %. Se trata de estimaciones propias, no de cifras oficiales.

En ingresos, la meta tributaria sería la más alta registrada, 15.9 % del PIB, sin impuestos nuevos. Pero entre enero y junio de 2026 la recaudación creció 0.4 % real y el ISR cayó 6.2 %. A la vez, el Resico, cuyo rendimiento por contribuyente bajó 18.8 %, ampliaría su tope de ingresos. Esa medida puede restar rendimiento al piso de deducciones del ISR.

Con Pemex ocurre algo similar. El apoyo bajaría de 272 mil a 81 mil millones de pesos, pero de 2013 a 2025 lo transferido superó cada año lo aprobado.

La defensa oficial

El secretario Édgar Amador sostiene que la baja del déficit es “moderada y calibrada” para no frenar la actividad económica ni recortar programas sociales. Esa postura tiene respaldo analítico parcial. El CIEP reconoce que el marco macroeconómico es más realista y que hay un esfuerzo por reducir el déficit, aunque deja pendiente la consolidación fiscal.

Hay además un debate de fondo que el estudio no zanja. Las pensiones no contributivas suman 640.3 mil millones de pesos y las becas se triplican frente a 2013. México Evalúa observa que las becas desplazan a los servicios educativos. Sus defensores responderían que son transferencias directas con efecto redistributivo inmediato. La discusión sobre qué gasto “desarrolla” y cuál no tiene más de política que de aritmética.

La contradicción incómoda

El Reglamento de la Ley de Presupuesto ya exige metas de déficit compatibles con un saldo de deuda constante o decreciente. El Paquete 2027 las incumple por 0.9 puntos del PIB. Entre 2008 y 2025, el déficit observado superó la meta en 12 de 18 años. La regla existe, pero carece de consecuencias.

Por eso la recomendación estrella es crear un Instituto de la Hacienda Pública, un órgano técnico independiente que valide los supuestos del Paquete. La propuesta llega cuando el debate nacional cuestiona justamente la utilidad de los organismos autónomos. Quienes los defienden verán en ella una confirmación. Quienes los critican preguntarán quién vigilará al vigilante.

Lo que está en juego

El riesgo es concreto. Moody’s bajó la nota a Baa3, Fitch mantiene BBB-, S&P tiene perspectiva negativa y HR Ratings recortó su calificación el 15 de octubre. Cada escalón perdido encarece los 1.66 billones de pesos que ya se destinan a intereses, y ese costo compite con hospitales, escuelas y carreteras. Además, el gasto en pensiones e intereses (10.3 % del PIB) superaría al de capital humano e infraestructura (9.4 %).

Si el presupuesto se ajusta mal, el recorte caerá donde no hay protección legal: inversión y operación de servicios. Si se ajusta bien, será porque alguien aceptó el costo político de decidir.

¿Quién explicará a los ciudadanos que, con 96 de cada 100 pesos comprometidos, la discusión presupuestal ya está casi decidida antes de empezar?