Reforma es una de esas palabras que llegan con buena prensa. Nadie se opone a reformar, porque hacerlo suena a defender privilegios. Por eso las democracias rara vez caen con un portazo: caen con una sucesión de reformas razonables, cada una con argumentando austeridad, ninguna suficientemente grave para indignar, todas juntas suficientes para dejar al ciudadano sin árbitro.

El elefante del que hemos hablado en estas semanas —la extorsión que no se nombra, el aula que se abandona— encontró esta vez un nuevo domicilio. No entró a la casilla por la fuerza. Entró por la vía legislativa, con mayoría calificada y con aplausos en la conferencia mañanera.

Conviene decirlo con precisión: durante tres décadas, el debate democrático mexicano giró en torno a una pregunta sensata: cómo impedir que el presidente se sentara sobre el árbitro electoral. Esa pregunta costó años de negociación y sangre, y produjo una institución que, con todas sus fallas, llegó a ser referencia internacional. Hoy la pregunta cambió y buena parte de la clase política no lo advierte. Ya no se trata de impedir que el Ejecutivo controle al árbitro. Se trata de impedir que el árbitro desaparezca sin que nadie lo note. Y la vía elegida no fue la clausura, sino la asfixia.

La iniciativa de reforma electoral que impulsó la mayoría oficialista no se presentaba como un golpe, sino como un ahorro. Proponía reducir el número de consejeros, bajar el financiamiento público a los partidos, eliminar las diputaciones de representación proporcional y prometía un sistema más barato. Nada de eso parece intolerable en un país con gran desigualdad y desconfianza hacia los privilegios de los partidos. El problema no estaba en lo que la propuesta decía, sino en las consecuencias que dejaba fuera. Un instituto más pequeño y con menos recursos es más fácil de capturar. Un financiamiento recortado afecta a todos, pero castiga con mayor dureza a los partidos que no tienen acceso diario al micrófono presidencial, a los programas sociales ni a las estructuras que llegan a las colonias con despensa y credencial en mano.

El golpe más profundo no está en la ley electoral, está en la reforma judicial y en la elección de jueces por voto popular. En el papel parece más democracia; en la práctica, una campaña permanente donde los candidatos a impartir justicia compiten con las mismas herramientas que los políticos: spots, padrinos, estructuras, dinero. En un país donde el crimen organizado financia campañas y coacciona electores, eso no es un detalle técnico, es una puerta abierta de par en par. La jornada de junio de 2025 lo mostró con crudeza: boletas de longitud imposible, ciudadanía confundida, participación raquítica y resultados que muy pocos pudieron explicar. La democracia no se mide por la cantidad de cargos sometidos a votación, sino por la cantidad de contrapesos que sobreviven.

Hay un tercer movimiento que cierra el cuadro: la desaparición de los organismos autónomos. El Instituto de Transparencia, la Comisión de Competencia, el regulador de telecomunicaciones. No importa que fueran perfectos. Importa que eran contrapesos, instancias que podían decir no al poder cuando el poder se equivocaba. Sin ellos, la transparencia, la competencia y las comunicaciones quedan bajo la vigilancia de este poder que antes vigilaban. El elefante no necesita cerrar puertas ni encadenarlas. Le basta con quedarse con las llaves y con la facultad de nombrar a quien las guarda.

Frente a un panorama así, la respuesta no puede ser el lamento ni la denuncia en redes. Tampoco la nostalgia de un sistema que no volverá tal como era. La respuesta es una reforma democrática de signo contrario, construida desde la ciudadanía y no desde el rencor, con tres piezas que no admiten simulación.

La primera es blindar al organismo electoral por la vía presupuestal y constitucional. Hay que garantizar al INE recursos suficientes, autonomía real en la designación de su personal técnico y candados que impidan que una mayoría circunstancial lo encoja por decreto. Un árbitro pobre es un árbitro vulnerable, y un árbitro sin dientes es un adorno decorativo.

La segunda es erradicar el uso electoral de los programas sociales. No se trata de eliminar apoyos legítimos, sino de prohibir que se entreguen con logo, con nombre propio y con amenaza velada. La ley ya lo establece; falta cumplimiento y sanción real, no multas simbólicas que se pagan con el mismo presupuesto público. La compra del voto migró del efectivo a la tarjeta, y hoy el Estado es el principal distribuidor de esa tarjeta. Reconocerlo es el punto de partida de cualquier reforma seria.

Aquí conviene detenerse en un punto que la oposición suele pasar por alto. Las elecciones intermedias de 2027 no se ganarán con el inventario de agravios ni con la nostalgia de instituciones que ya no existen. Se ganarán con una causa que cualquier ciudadano pueda repetir sin sentirse engañado: que su voto valga lo mismo que el del vecino que recibe despensa, que nadie fotografíe su credencial, que el árbitro no le deba el puesto a quien gobierna. Esa causa pertenece a todos los que alguna vez creyeron que votar servía de algo. Y para defenderla hay que hacer lo que la oposición no ha sabido hacer: ponerse de acuerdo sin repartirse cuotas, hablar con la sociedad y no contra los adversarios, y proponer antes de insultar.

Lo que está en juego no es un cargo ni una sigla. Es la posibilidad de que una elección vuelva a ser una pregunta abierta y no un trámite anunciado. Una elección sin árbitro creíble es una elección que ya ocurrió antes de que usted llegue a la casilla. El elefante aprendió a votar y, lo más preocupante, aprendió a contar sus propios votos. Si no lo sacamos de la casilla, ninguna reforma posterior tendrá autoridad moral para aplicarse, porque no habrá institución legítima que la sostenga. Nombrarlo es el primer acto de defensa. Desalojarlo es la tarea que esta generación no puede heredar a la siguiente.