En las colaboraciones anteriores de esta serie hemos delimitado, planteado y reflexionado sobre algunos conceptos claves sobre el terrorismo como fenómeno social. A manera de contexto y recapitulación podemos sintetizarlos de la siguiente forma:
- el terrorismo es un fenómeno nocivo para la sociedad en donde una entidad presiona a las autoridades o la sociedad para obtener sus intereses por medio de infundir amenazas, miedo, terror, violencia de manera física o potencial;
- no existe justificación viable para el terrorismo, ni tolerancia que sea razonable por parte de las autoridades o la sociedad;
- el distraer, minimizar, negar o ridiculizar reflexiones sobre el fenómeno terrorista en una sociedad solo lo incentiva y promueve, al crear un entorno favorable para su proliferación;
- la única forma de atender, neutralizar y prevenir el terrorismo es por medio de la aplicación, ejercicio y observancia del Estado de Derecho;
- la respuesta, neutralización y prevención del terrorismo es una labor de Estado, donde deben participar de manera conjunta el gobierno y sus instituciones junto con la sociedad de manera informada y responsable.
Sin duda podemos ampliar la reflexión a las incontables aristas del fenómeno y sus derivados sociales, pero bastan estos para identificar lo que en México no estamos haciendo. Como hemos apuntado, no basta con tener un puñado de artículos con problemas conceptuales y redacción en nuestro Código Penal, o algunas menciones en documentos doctrinarios nacionales de Defensa y Seguridad Pública, ni mucho menos las menciones completamente descontextualizadas en la Ley de Seguridad Nacional. Lo que el Estado mexicano requiere es —después de reconocer el problema— generar una Doctrina Nacional Contra el Terrorismo y una Estrategia Nacional Anti y Contra-Terrorista. Para ello debemos entender el fenómeno y la realidad que azota a nuestra sociedad, y debemos generar el marco de responsabilidad que requiere nuestro país. Requerimos de una sociedad crítica, informada y responsable, que obligue a las autoridades electas a dar respuesta a esta crisis pública de violencia injustificable. Requerimos dejar de normalizar la violencia y el terror, y recuperar los espacios públicos; y la paz social es el espacio público más importante.
Evidentemente este espacio semanal no es el contexto para delinear a detalle una Doctrina y Estrategia Nacional, y mucho menos propuestas operacionales de Políticas Públicas; eso corresponde a otros espacios. Pero si podemos plantear una aproximación estratégica nacional para la atención de este fenómeno. Con los parámetros y premisas ya planteadas podemos establecer criterios generales lógicos, apegados a la normatividad vigente, y con una orientación a corto, mediano y largo plazo para responder al terrorismo que vivimos en México de manera eficiente. Lo aquí planteado es una opinión personal informada, abierta a debate y discusión; y esa es precisamente la intención: que podamos discutir del tema de manera informada y razonable, y reflexionar en conjunto sobre este grave proceso que vive nuestro país.
El primer paso de esta aproximación es generar dos estructuras paralelas pero coordinadas y homologadas entre medidas Antiterroristas de mediano y largo plazo de carácter preventivo, y Contraterroristas de corto plazo de naturaleza disuasiva y reactiva. De manera inmediata se requiere que todas las instituciones del Estado establezcan protocolos de atención, prevención y reacción ante amenazas o actos de violencia contra la ciudadanía. Saber cómo reaccionar y cómo proteger a los ciudadanos es un paso esencial para brindar certidumbre y confianza a la población. El saber que existe al menos una noción en todas las instituciones de gobierno, de Administración y Gestión Pública para protegerlos ante actos de intimidación, presión y violencia es un paso crucial para debilitar el arraigo de los grupos delincuenciales sobre la población.
Dichos protocolos deben ir acompañados de acciones, medios y recursos de Seguridad Pública e Interior para reaccionar ante amenazas y atentados individuales o colectivos. Eso implica comprometer a los instrumentos municipales, estatales y federales a actuar ante estos hechos de manera clara, inmediata y transparente. Cierto es que muchos de estos mecanismos ya existen; el problema es que no se ejercen. Ya sea por elección o por falta de recursos, la realidad es que la reacción de las autoridades para la mitigación, neutralización y reacción ante actos potencialmente terroristas es virtualmente nula. Se asume que estas labores les corresponden exclusivamente a las autoridades federales, y casi exclusivamente a la Armada, Ejército o Guardia Nacional; pero esto no es así: la primera reacción es local, y para eso deben establecerse protocolos de actuación como Primeros Respondientes.
Vale la pena insistir que muchos de estos mecanismos ya existen, pero no se ejercen. Es por ello que la gran mayoría de los actos de violencia como instrumento de presión quedan impunes y hasta son esperados. Recientemente vimos esto en el estado de Morelos, y podemos armar una reflexión profunda sobre este lamentable incidente donde las autoridades quedaron cortas y rebasadas; pero lo mismo podríamos hacer con infinidad de casos en todo el país. Esto nos habla de un patrón, una recurrente secuencia que nos describe e ilustra un problema estructural y funcional significativo. Mientras que existen los instrumentos normativos, hay una profunda desconexión entre ellos y los recursos operacionales del Estado para dar pronta y oportuna respuesta a estos casos. El no hacerlo promueve un entorno de mayor desconfianza e incertidumbre —y por tanto vulnerabilidad— entre la sociedad, que es exactamente lo que esta pasando en la región central del país.
Los instrumentos reactivos Contraterroristas pueden reforzarse y robustecerse de manera lógica, razonable y sensible. Esto, aunado a operaciones contundentes y eficientes, apegadas al Estado de Derecho y respetando los límites legales de nuestro marco ético, legal, normativo y socia promoverán un entorno de contención y disuasión a actos de violencia y de presión social. Es una conclusión inevitable, y esta a la mano de las autoridades de los tres niveles de gobierno el hacerlo realidad. El no hacerlo es su elección. Por motivos personales, políticos o de otra naturaleza, la decisión en una u otra dirección nos habla profundamente de la entereza, la integridad y la relevancia de estas autoridades y de sus instituciones.
Por otro lado, México requiere una Estrategia Nacional Antiterrorista. Ésta debe atender las causas y entornos permisivos que fomentan y generan la violencia como instrumentos de intimidación y presión social. La intención es neutralizar las variables que fomentan este tipo de conductas y fenómenos en el corto, mediano y largo plazo. Para ello es trascendental recuperar los espacios públicos, fomentar conductas sociales que promuevan la cohesión y la unidad, así como la desestimación de la violencia. Requerimos como Estado dejar de glorificar, justificar y promover la cultura del terror y la violencia. Necesitamos dejar de colocar estas acciones como parte de la normalidad nacional, y eso implica dejar de promoverla de manera activa y pasiva. Desde las apologías del delito disfrazadas de documentales y testimoniales, hasta un giro en los discursos y posturas públicas, y consolidando con firmes y sólidas posturas político—sociales de denuncia, rechazo y repudio al terrorismo, la violencia y cualquier otro fenómeno derivado de los mismos, la posición como gobierno y sociedad es crítica para crear una cultura de cero—tolerancia a la intimidación.
Es hacer frente al problema de manera conjunta y coordinada. Esta postura generará, entre otras cosas, los siguientes efectos:
- Sentará las bases para la creación, difusión y homologación trascendente de una Doctrina Nacional Antiterrorista, la cual potencialmente podrá permear en la cultura social nacional y generar un entorno disuasivo y preventivo del fenómeno.
- Establecerá una base reflexiva legal y legítima sólida para el diseño, promulgación y ejercicio responsable de normas nacionales que desincentiven la violencia y la intimidación por vía del miedo social.
- Generará un entorno de responsabilidades claras y contundentes de las autoridades y de la sociedad frente al terrorismo, lo cual permitirá fortalecer las medidas Contraterroristas a nivel municipal, estatal y federal de manera eficiente.
- Establecerá el marco para poder atender fenómenos aislados de manera eficiente y específica, impidiendo los mismos se extienda, y fomentando la recuperación de espacios sociales.
- Permitirá identificar a los actores políticos y sociales que promueven el terrorismo de manera directa o indirecta, en razón que todo aquel que se desvíe de los criterios legítimos nacionales en la materia manifestará de manera tácita sus afiliaciones e intenciones.
La sintética aproximación antes descrita es tan sólo el primer tramo para atender el problema preventivo y reactivo del terrorismo en México. Indudablemente requiere de mucha mayor profundidad y sustento, los cuales proporcionaremos y reflexionaremos en subsecuentes colaboraciones. No es una propuesta inflexible ni definitiva, pero tampoco es poco razonable o fuera de nuestro alcance. Claro, requiere de mucho esfuerzo y dedicación, pero como todo aquello que vale la pena, es una inversión pequeña para un gran beneficio nacional presente y futuro.
El simple acto de reflexionar sobre este tema y discutirlo es un avance sustancial. Debemos romper el silencio forzado al que hemos estado expuestos en este y tantos temas más, debemos dejar de cuidar la comodidad del Poder y evidenciar cómo y dónde podemos mejorar como nación. Este, como tantos temas, no tiene que ver con filias o fobias partidistas, alineaciones ideológicas ni por intereses personales o grupales. Es un tema crítico para la Seguridad Nacional. Es por ello que debemos enfrentarlo con responsabilidad y seriedad. Este es solo el primer tramo de un largo andar, en donde como mexicanos podamos recuperar a nuestro México. No sólo es nuestro derecho, es nuestra obligación.
El autor es Antropólogo Social e Internacionalista. Especialista en Inteligencia Estratégica, Estudios Prospectivos, e Innovación Aplicada.