Cada dos meses, millones de tarjetas en México reciben su depósito a tiempo. El calendario se cumple, la dispersión bancaria funciona y el dinero llega a las manos de la gente que más lo necesita. Es un mecanismo que funciona bien y que ha demostrado que puede mover mucho dinero. Pero el problema empieza cuando ese depósito se confunde con el cumplimiento total de un derecho constitucional.
La misma persona que va al cajero automático a retirar su apoyo sin ningún intermediario, horas después se encuentra con la cruda realidad de un Estado que ha dejado de cumplir sus responsabilidades básicas. La transferencia directa funciona bien; el servicio público, por otro lado, está colapsado. En esa gran brecha entre lo que se deposita en la cuenta y lo que realmente se soluciona en la vida cotidiana, se ha instalado el elefante del que hemos hablado. Ese elefante ya no está solo en la calle, en el aula o en la casilla electoral; ahora está dentro de la tarjeta del programa social.
El gobierno actual ha construido su historia de legitimidad sobre una ecuación que es engañosa y peligrosa: asume que la transferencia de efectivo equivale a una política social terminada. Entrega recursos, cuenta beneficiarios, muestra padrones enormes en las conferencias de la mañana y, con eso, dice que ya está resuelto el acceso a los derechos sociales. Pero un programa del gobierno, por más grande que sea su presupuesto, no combate la raíz de la desigualdad si no va acompañado de servicios universales de calidad. Sólo administra la pobreza, la hace un poco más llevadera y la convierte en un trámite cada dos meses. Y ese trámite cada dos meses, en un país con nuestras profundas carencias, se vuelve un rostro y un dueño político.
Para hablar de este tema hay que reconocer una realidad clara: la pensión para adultos mayores es una cuestión de justicia y de gran importancia para el país. En México la mayoría de la gente ha trabajado siempre en la economía informal. El taxista, la trabajadora del hogar, el comerciante del tianguis, el albañil y el campesino han trabajado de sol a sol sin un contrato formal, sin cotizar en el Seguro Social o en el ISSSTE, sin poder abrir una cuenta en una AFORE para su retiro. Para esos millones de mexicanos que construyeron el país desde la informalidad, llegar a la vejez significaba vivir en la miseria y depender de la familia. Para ellos la pensión universal no es un regalo, es su único ingreso seguro. El Estado mexicano tiene la obligación de mantener, proteger y garantizar esa pensión.
Sin embargo, la realidad golpea fuerte. Sirve de poco que el gobierno entregue la pensión si al mismo tiempo desmantela el sistema de salud pública para los que no son derechohabientes. ¿Qué pasa en la calle? Un adulto mayor recibe su pensión, pero al ir a la clínica pública le dicen que no hay paracetamol, que la insulina está agotada o que la cita con el especialista tardará medio año. Entonces el adulto mayor usa el mismo dinero de la pensión para ir a una farmacia privada, pagar la consulta y comprar el medicamento de su propio bolsillo. El sector salud deficiente absorbe el apoyo del gobierno. El Estado entrega la pensión con una mano y la quita con la otra en la farmacia. Así, la pensión, que debería ser un piso solidario para una vejez digna, queda insuficiente. El gasto de bolsillo en salud de las familias más pobres se dispara, y el adulto mayor vuelve a quedar en la vulnerabilidad que la pensión quería evitar.
Por otro lado, si miramos al futuro, el desarrollo de México no puede depender siempre de las transferencias gubernamentales. Los apoyos son una red que ayuda a la gente que está marginada, pero los apoyos no hacen que la gente suba de nivel de forma permanente. Entregar becas a los jóvenes ayuda, pero ¿qué pasa con los jóvenes cuando se gradúan y no encuentran trabajo? No podemos aceptar un modelo de país donde la mayor meta de un joven sea quedarse en una lista de beneficiarios. La política social que libera al ciudadano necesita crear certidumbre jurídica, necesita atraer inversión privada y necesita impulsar el crecimiento económico para que se generen millones de empleos formales y bien pagados. El objetivo de una nación próspera no es que la mayor cantidad posible de personas dependa del presupuesto público para vivir, sino que la gente pueda valerse por sí misma. El trabajo digno es la única herramienta que permite a las familias crear su propio patrimonio, sin estar atadas a la voluntad sexenal ni al chantaje de un partido político.
La falla de origen en el diseño actual es que solo refuerza lo visible – el dinero que se reparte, el evento masivo, el agradecimiento – y descuida lo invisible: el mantenimiento de los hospitales, la cadena de suministro de medicamentos, la calidad educativa y la infraestructura que genera empleo. Un gobierno que celebra que aumentan sus beneficiarios mientras su economía se estanca y sus clínicas colapsan no está creando ciudadanos con derechos universales; está reforzando un clientelismo de Estado.
Frente a este escenario, la oposición comete un error si cree que su único papel es criticar los programas. Las próximas elecciones no se ganarán con una lista de quejas. Se ganarán defendiendo la continuidad de la pensión para los adultos mayores y para los discapacitados, pero exigiendo al mismo tiempo que la transferencia no reemplace al servicio. Ningún apoyo es exitoso si la clínica no tiene medicinas o si no hay empleos en la región. El apoyo económico se entrega puntual, pero el derecho a la salud y el derecho al desarrollo deben cumplirse.
El elefante no se queda quieto. La próxima semana el elefante se muda a otra oficina. Voy a contarles cómo se rompen los contrapesos y cómo se debilitan los organismos autónomos en este país. Por cierto, la caída de Guadalupe Taddei no presupone que MORENA regrese la independencia al INE. Si creen que la salud y la educación están mal, esperen a ver cómo se pierde la confianza en los árbitros. Nos leemos la próxima semana.