El obradorismo actúa como si fuera dueño del país. Por eso sus dirigentes no rinden cuentas ante la sociedad ni se sienten obligados a respetar la ley y han prohijado la corrupción al amparo de la impunidad. En esa lógica manejan a discreción los recursos públicos, provocan irresponsablemente el endeudamiento del país, eliminan los controles y contrapesos al poder público y han acabado con el equilibrio de poderes, con lo que generan desconfianza para la inversión privada y acaban por impedir el crecimiento económico del país.
Ahora ha tocado al INE sumarse a la lista de los escándalos por corrupción, una de las instituciones que fueron clave para asegurar la transición a la democracia desde hace 30 años cuando logró su autonomía e independencia del gobierno y que hasta hace no mucho gozaba de muy buena reputación. Hasta que llegó López Obrador al poder y acabó con la imparcialidad de los órganos electorales al someterlos plenamente, a tal grado que dicho organismo, de la mano del Tribunal Electoral le otorgaron a Morena y sus aliados (Verde y PT) una inconstitucional sobrerrepresentación en las Cámaras de Diputados y Senadores para asegurar reformar la Constitución y las leyes a su antojo.
Ya con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, hicieron la reforma que requerían para hacerse del poder judicial e impulsaron las modificaciones legales necesarias para concentrar todas las decisiones del INE en Taddei, como presidenta del organismo, con lo que se eliminó el carácter colegiado del Consejo General para dirigir al Instituto.
La concentración excesiva del poder, la nula transparencia y la no rendición de cuentas, propias de López Obrador y de Sheinbaum, es la madre de la corrupción, como ahora lo estamos viendo en el INE. Por eso la renuncia de Taddei debe ir acompañada del deslinde y fincamiento de responsabilidades administrativas, políticas y penales de ella y de todos los funcionarios involucrados en esa enorme red de corrupción, así como de los acuerdos y reformas legales necesarias para regresar al órgano electoral la credibilidad y confianza ciudadana de cara al proceso electoral más importante de nuestra historia contemporánea: los comicios del 2027.
La persona que sea nombrada para presidir al INE debe ser producto del más amplio acuerdo y consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el legislativo y debe contar con la opinión favorable de la sociedad civil. El INE no es propiedad de Morena, de López Obrador ni de Sheinbaum, sino de la sociedad mexicana que desea y necesita que el próximo año tengamos elecciones libres, democráticas y auténticas, alejadas de la ominosa participación del crimen organizado y de la indebida tentación del gobierno para controlar al INE y al proceso electoral.
Este reprobable escándalo de corrupción de la Taddei, provocado por el obradorismo, nos ha colocado al borde de una crisis política que pone en riesgo la estabilidad política, económica y social del país. Estamos ante el momento más peligroso y oscuro de nuestra vida republicana, bajo la mirada acuciosa del mundo entero y el riesgo de una participación más amplia y retadora del crimen organizado para beneficiar a los candidatos de Morena, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum los sigue protegiendo. Así que si no contamos con un árbitro electoral imparcial se estaría avizorando el escenario de una narcoelección organizada por un órgano producto de la corrupción.
La sociedad en su conjunto debemos exigir al gobierno de la señora Sheinbaum que actúe con responsabilidad ante la patria. No debemos permitirnos caer en el abismo del autoritarismo que nos llevaría a una larga y oscura noche totalitaria.