En el Índice de Estado de Derecho del 2026 elaborado por el World Justice Project, México ocupa el puesto 125 de 143 países a nivel mundial. El respeto al Marco jurídico, desde la Constitución Política y las leyes secundarias, es imprescindible en todo Estado de Derecho. Cuando se transgrede lo ordenado por la Constitución se pierde la seguridad jurídica y con ello el desconocimiento del propio Estado de Derecho.
La corrupción en México sigue siendo un problema estructural y crítico, en 2026 se clasificó como el país más corrupto de las 38 economías de la OCDE y ocupa el lugar 141 de 182 países evaluados situándose al nivel de países como Irak y Nigeria, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional.
Es cierto y nadie niega que ha habido una enorme corrupción desde siempre; en la Federación, en los estados y en los municipios de la República que han abusado del erario público, que carecen de un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y que existe una gran opacidad en el ejercicio del gasto público; que debe denunciarse y juzgarse. Los gobiernos de los tres ámbitos y del partido gobernante, tienen una gran cola que les pisen y no hay cual se salve.
Existen diversas formas de corrupción, muchas de ellas imperceptibles; en la cultura de los mexicanos la mentira, la corrupción y la simulación como prácticas nacionales difíciles de erradicar, actos como aceptar un cargo para el cual no se está capacitado ni se tiene experiencia, en las oficinas gubernamentales, la corrupción reviste distintos actos como el abuso de poder, tráfico de influencias, compadrazgo, amiguismo, soborno, cohecho, mal uso de los conocimientos, fraude, aceptación de obsequios a cambio de favores, entre otros que forman parte de lo que denomina “prácticas administrativas”, muy difíciles de reglamentar o sancionar.
La corrupción en México tiene más de quinientos años, en distintas modalidades, formas y grados. Las prácticas corruptas tienen un profundo arraigo que se llega a “institucionalizar”, lo que las vuelve muy difíciles de contener porque en las redes de corrupción se movilizan recursos, intereses financieros, familiares, político- partidista y de grupos.
Con Morena en el gobierno, ha surgido una nueva camada de nuevos ricos, quienes antes de 2018 casi no tenían recursos personales y en muchas ocasiones ni siquiera un empleo formal, ahora se pasean en vehículos de lujo y ostentan sin pudor joyas y propiedades en México y en el extranjero sin poder comprobar el origen lícito de sus recursos.
Los recursos que obtuvieron y siguen obteniendo del contrabando de combustible (huachicol) que entra por la frontera norte y por los puertos tanto del Pacífico como del Golfo de México es el atentado contra las arcas de la Nación más grande que ha habido en toda la historia de nuestro país desde la independencia, además de toda la corrupción que se generó durante el desarrollo de las obras insigne del presidente López, en donde sus propios hijos administraron los recursos y realizaron la supervisión.
Por otro lado, la impunidad en México alcanza niveles críticos ya que existe una cifra negra de alrededor del 94% de los delitos no se denuncian y la probabilidad de que un delito sea efectivamente investigado y resuelto es menor al 1%.
Las víctimas de delitos no denuncian, solo el 6% de los delitos cometidos se denuncian ante las autoridades y de cada 100 delitos que se llegan a denunciar, solo una fracción pequeña llega a una sentencia o resolución favorable, lo que arroja tasas de impunidad del 99%.
Organizaciones como México Evalúa documentan en sus análisis del sistema penal acusatorio la incapacidad estructural del Estado para investigar, procesar y sancionar los delitos de manera efectiva. La falta de castigo propicia el crecimiento de las estructuras delictivas y desincentiva la denuncia ciudadana, lo que favorece que los crímenes se repitan ante la casi nula consecuencia sancionatoria. La impunidad debilita el Estado de Derecho y provoca en algunos casos hacerse justicia por propia mano, transgrediendo lo ordenado por el artículo 17 constitucional que establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma.
Ante esta situación que hacen el gobierno federal y de los estados? Las estructuras del gobierno son cómplices y encubridoras de los delincuentes que se encuentran incrustados en los gobiernos, protegen a presuntos delincuentes como el ex gobernador Rocha Moya o la Sra Guadalupe Taddei y la larga lista de políticos señalados como responsables de corrupción. Cuando en México se investigue con seriedad y se lleve a juicio a todos los políticos corruptos empezaremos a subir en la escala del respeto al Estado de Derecho a nivel mundial.