Por Eduardo de Jesús Castellanos Hernández
A la memoria del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, héroe civil de la transición mexicana a la democracia
Antecedentes
La complejidad técnica del sistema electoral que permita asegurar una representación política auténtica en México, hace difícil por su propia complicación que el ciudadano promedio conozca y entienda la magnitud de la manipulación y el engaño de que puede ser objeto con su voto. Paradójicamente, en dichas acciones concertadas intervienen actores políticos y gubernamentales que supuestamente gozan, o deberían gozar, de la mayor credibilidad y legitimidad. Es necesario observar la realidad con detenimiento para identificar sus etapas y alcances, a lo cual nos proponemos contribuir con este artículo.
La actual sobrerrepresentación indebida, excesiva, artificial, inequitativa, desproporcionada, inconstitucional e inconvencional en la integración de la Cámara de Diputados —contraria a criterios jurisprudenciales previos y violatoria de derechos humanos—, es resultado no del voto popular sino, de una parte, de un convenio de coalición y, de otra, del acuerdo de asignación de diputados de representación proporcional emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se trata de una sobrerrepresentación que de ninguna manera deberá repetirse en la siguiente integración de la Cámara de Diputados, después del proceso electoral en curso —cuya jornada electoral será el primer domingo de junio de 2027—. Para evitar que se repita, resulta indispensable entrar al análisis de lo que sucedió —y denunciar en sede académica con el mayor énfasis posible— el fraude a la Constitución en que incurrieron las autoridades electorales mencionadas, en evidente complicidad con el gobierno y la coalición partidista oficialista.
Más aún, antes de que el INE diera a conocer los resultados oficiales de la elección en 2024, en una clara usurpación de funciones para presionar las deliberaciones de las autoridades electorales y confundir a la opinión pública, sin tener facultad institucional alguna para intervenir, la entonces secretaria de Gobernación presentó en una “mañanera” —la conferencia de propaganda política cotidiana de la presidencia de la República—, la integración “oficial” de la Cámara de Diputados conforme a la interpretación que analizaremos más adelante.
Por cierto, el periodo constitucional para el desempeño de los cargos de los tres magistrados electorales que se convirtieron en el bloque oficialista del TEPJF — Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes—, fue ampliado mediante sucesivas reformas constitucionales a modo, debidas a la mayoría legislativa del gobierno —la más reciente de 2 de junio de 2026, para asegurar y premiar su sumisión—; por fortuna hubo una magistrada, Janine Otálora Malassis, que se negó a aceptar y continuar ese juego perverso, lo que mucho le honra —además de sus certeros votos particulares—. Pero dicha mayoría legislativa no tuvo tiempo para completar la integración de la Sala Superior durante ese proceso electoral, a la que le faltaron dos magistrados nunca nombrados por el Senado, para asegurar la eficacia de los tres votos seguros.
La trayectoria de la manipulación y el engaño que nos ocupa es reseñada cuidadosamente en el libro La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Primera edición, enero 2026; primera reimpresión, junio 2026); libro coordinado por tres muy destacados académicos —María Marván Laborde, J. Jesús Orozco Henríquez y Diego Valadés—, en el que participan con sus contribuciones investigadores igualmente destacados, dedicados todos y todas al estudio y la práctica de los sistemas electorales —tanto desde una perspectiva constitucional, como de derecho electoral y procesal electoral, al igual que de derechos humanos—.
La sobrerrepresentación y sus consecuencias
En virtud de las resoluciones de las autoridades electorales, la coalición partidista oficialista —Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México— con el 54.7 de la votación obtuvo el 72.8% de las 500 curules en la Cámara de Diputados —lo menos que se puede decir al respecto es que suena extraño, irregular, desproporcionado, pues hay una sobrerrepresentación de 18.1%; como veremos en seguida la sobrerrepresentación permitida es apenas del 8%—.
De tal forma que, para efectos prácticos, los partidos de la coalición oficialista obtuvieron un diputado con cien mil votos, en tanto que los partidos opositores —de la coalición Fuerza y Corazón por México, con el PAN, el PRI y el PRD, pero sobre todo el partido Movimiento Ciudadano que compitió solo—, requirieron hasta de 270 mil votos para obtener una diputación, como fue el caso del MC.
El hecho es que unos partidos —los del gobierno— quedaron sobrerrepresentados y otros —los opositores— quedaron subrepresentados. Los principios de igualdad de voto y de elecciones auténticas —al igual que otros más, constitucionales y convencionales—, simplemente fueron ignorados por el INE y por el TEPJF al resolver sobre la asignación correspondiente de diputados electos por el principio de representación proporcional.
Esto trajo como consecuencia que la mayoría legislativa de la coalición triunfadora alcanzara 364 curules de 500, es decir, una cantidad suficiente para que dicha fuerza política pueda por sí misma reformar la Constitución a su antojo —tan solo en el primer año de la LXVI Legislatura en funciones se aprobaron 19 reformas constitucionales, sin discusión y sin tiempo siquiera para leer iniciativa y dictamen—, designar consejeros electorales del INE hasta por tómbola —los que ganen siempre serán sus aliados—, amenazar con juicio político a los gobernadores de los estados que sean opositores incómodos o enviar a la cárcel a opositores sin fuero constitucional hasta por traición a la patria.
El mecanismo para obtener la consecuente sobrerrepresentación en la Cámara de Senadores para aprobar la reforma judicial, por ejemplo, es otro episodio de degradación política y regresión democrática al que el libro en cita no deja de dedicarle un capítulo por demás ilustrativo; sin dejar de referirlo en varios más.
Más aún, la mayoría legislativa obtenida en la Cámara de Diputados impide que los partidos políticos de oposición puedan hacer valer medios de defensa de la Constitución cuando la mayoría oficialista apruebe leyes a su juicio contrarias a la Constitución; toda vez que para ejercer la acción de inconstitucionalidad se requiere por lo menos un 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados y todos los partidos de oposición juntos apenas alcanzan el 27% del total de la Cámara.
Por lo tanto, no es exagerado decir que dichas resoluciones de las autoridades electorales, administrativa y judicial, allanaron el camino para un cambio de régimen político en México, es decir, para transitar de un sistema de partidos de pluralismo limitado a un sistema de partido hegemónico —una regresión democrática auténtica— . Toda vez que, gracias a dicha nueva mayoría aplastante —obtenida artificialmente, como confirmaremos más adelante— se anuló la presencia opositora —se supone que en una democracia la oposición gobierna oponiéndose, siempre que su oposición sea tomada en cuenta por alguien— y las elecciones se han vuelto —una vez más, en México— meramente testimoniales o “de a mentiritas”.
Elección y asignación de diputados
La fórmula constitucional de elección y asignación de diputados se encuentra regulada desde luego en la propia Constitución Política, así como en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos. Dichos ordenamientos son omisos todos en regular lo que alguna vez estuvo expresamente regulado: tratar a las coaliciones como partidos políticos en el momento de asignarles diputados de representación proporcional. Se trata de un sistema mixto con dominante mayoritario al ser electos 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Desde luego que no se trata de dos formas o principios de elección que funcionen por separado, sino que se combinan y retroalimentan para aportar resultados electorales globales o conjuntos. Al efecto, los requisitos y la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional están previstos en las seis fracciones del artículo 54 constitucional —pero sujetas a interpretación para su aplicación—.
Los requisitos y efectos son los siguientes: para obtener la asignación de diputados de representación proporcional un partido político debe postular candidatos en por lo menos 200 distritos uninominales o de mayoría relativa (fracción I); además de obtener por lo menos el 3% de la votación válida emitida —todos los votos depositados en las urnas menos votos nulos y de candidatos no registrados— (fracción II y Legipe, art. 15.1). Si cumple con los dos requisitos anteriores, le serán asignados diputados de RP a partir de sus listas regionales y de acuerdo a su votación nacional emitida (fracción III). La votación nacional emitida resulta de restar a la votación total emitida —la depositada en las urnas— los votos nulos, los votos a favor de candidatos independientes y los votos de los partidos que no alcanzaron el 3% de dicha votación (Legipe, art. 15.2).
Se dispone, además, que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados electos por ambos principios —mayoría relativa y RP— (fracción IV), ni obtener un número de diputados electos por ambos principios superior al 8% de su porcentaje de votación nacional emitida (fracción V). Después de haber asignado diputados de RP al partido más votado, se adjudicarán diputados de RP a los demás partidos políticos con derecho a ello, en proporción directa con sus respectivas votaciones nacionales efectivas (fracción VI). La votación nacional efectiva resulta de restar a la votación nacional emitida los votos del o de los partidos más votados, es decir del o de los que se les apliquen las fracciones IV y V (Legipe, art. 18.1.a).I).
Las diferentes interpretaciones
Para empezar, salvo MC ningún otro partido registró listas con 200 candidatos de RP en 2024, pues ambas coaliciones lo hicieron a través de sus respectivos convenios de coalición —donde el partido Morena tuvo la “generosidad” de ceder triunfos a sus aliados, para no exceder el 8% señalado; siempre que adoptaran y ratificaran “la plataforma electoral y plan de gobierno de Morena” (cláusula novena del convenio de coalición)—. Por cierto, gracias a estas amables donaciones México se convierte en un país donde los diputados pueden ganar su curul sin necesidad de recibir votos. Así es que una primera interpretación en sede administrativa y judicial, consistió en considerar válidos dichos registros de candidatos de RP — equiparando partidos políticos y coaliciones partidistas; pero una golondrina no hace verano—.
Puesto que tanto el INE como el TEPJF interpretaron de manera literal una fracción de dicho artículo 54, y de manera sistemática y funcional otras fracciones del mismo artículo; en un caso considerando a las coaliciones como partidos y en otros nada más no. Esta forma de interpretación benefició desde luego a la coalición oficialista, pues le permitió obtener la sobrerrepresentación que ya se exhibió.
La complejidad técnica jurídica de la aplicación e interpretación del artículo 54 constitucional es evidente, pues incluso en el libro citado sus propios coautores exponen tres formas diferentes de interpretar su contenido y efectos distributivos de curules o diputaciones de RP. A las que desde luego hay que agregar una cuarta, la interpretación dual —a ratos literal, y a ratos funcional y sistemática— ya mencionada, que le atribuyeron las autoridades electorales —una especie de columpio interpretativo donde se sube y se baja, a veces se gana y a veces se pierde—. En cualquier caso, se supone que deben prevalecer los principios de mayor protección y progresividad adoptados en el artículo 1o constitucional.
Una primera interpretación —sistemática (originaria e histórica) y funcional— propuesta por los investigadores académicos, supone aplicar el 54 constitucional a toda fuerza política, sea partido o coalición. En una segunda alternativa de interpretación —gramatical integral de la fracción V—, se consideran los ocho puntos de sobrerrepresentación permitidos a cada partido, pero con relación a su propia votación nacional emitida y no a la votación nacional emitida en todo el país. Una tercera, propone que para la asignación de diputados de RP solo se cuenten los votos del partido que efectivamente los llevaron al triunfo, y no la asignación concertada en el convenio de coalición correspondiente —lo cual, desde la reforma de 2007/2008 es posible contabilizar—; pues ahora las boletas electorales muestran los emblemas de los partidos integrantes de cada coalición y el elector puede votar por el partido de su preferencia; antes solo se votaba con el emblema de la coalición— .
Toda vez que el comportamiento de las coaliciones y las anteriores asignaciones de diputados de RP —en 2012, 2015, 2018 y 2021— se inscriben en el contexto de reformas constitucionales y legales posteriores a la reforma constitucional electoral de 1996 —cuando expresamente la ley secundaria o interpretación auténtica equiparaba coaliciones y partidos para efecto de asignación de diputados de RP—; por razones de espacio se invita al lector interesado a acudir al libro citado para encontrar nuevas sorpresas.
Conclusión
Las sentencias dictadas por la Sala Superior fueron impugnadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —incluida la de los 8,460 juicios para la protección de los derechos político electorales de otros tantos ciudadanos, que la Sala Superior reencauzó como recursos de reconsideración para poder desecharlos—, cuyo informe de fondo podría fincar responsabilidad internacional al Estado Mexicano por violar derechos humanos. Sentencias del TEPJF que eventualmente podrían llegar a ser conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —cuyas sentencias son vinculantes en México—; lo que de todas formas no modificaría lo que ya ocurre: la sobrerrepresentación excesiva que se denuncia. Pero podría impulsar la reparación integral de las víctimas y formular garantías de no repetición.
Para evitar que este fraude a la Constitución vuelva a ocurrir —y hacer posible que las elecciones en México vuelvan a ser auténticas—, no solo es conveniente conocer en su momento lo que resuelvan las instancias internacionales —y también que se suspendan las mañaneras durante el proceso electoral—, sino sobre todo resulta indispensable definir con toda claridad la interpretación, en sedes administrativa (INE) y judicial (TEPJF), para la asignación de diputados de RP —esperar una nueva iniciativa presidencial de reforma constitucional al respecto, sería esperar demasiado—.
Todo esto, nada más para que aquellos que acudan a votar o a ser votados el 6 de junio de 2027, tengan la certeza y seguridad jurídica de que habrá resultados correctos, auténticos, respecto de la emisión y recepción del voto. ¿Es mucho pedir?
El autor es Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París (Francia) y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado (México). Profesor e investigador; autor de libros de Derecho Constitucional, Electoral y Procesal Electoral, así como de Técnica Legislativa, Ciencia Política y Administración Pública.
