A partir del siglo XVII con el desarrollo del constitucionalismo moderno los gobiernos dejaron de ser absolutistas, ya no más el gobierno de una sola persona, crearon la división de poderes para compartir el poder, dividir las cargas gubernativas y establecer un equilibrio logrado a través de la función de cada uno de los tres poderes que evita el abuso del poder por parte de cualquiera de los otros, eliminando con esto las decisiones unipersonales y la toma de decisiones arbitrarias y sin control.

Además de la división de poderes en la mayoría de las democracias modernas han sido instituidos en la Ley Suprema, los Organismos Constitucionales Autónomos, (OCA’s) como se les conoce,  nacieron debido a que la división de poderes dejó de ser suficiente para evitar actos nocivos a los ciudadanos, como lo son la corrupción y el tráfico de influencias, además, en un intento por crear sectores especializados que brinden mejor atención, sean transparentes y controlen los presupuestos.

Estos órganos pretenden limitar las arbitrariedades y las malas prácticas de los poderes tradicionales, que con sus malas maneras y actos generaron desconfianza en la sociedad y en las instituciones de gobierno, por lo que a fin de eliminar esas malas prácticas y de brindar servicios especializados, estos órganos aún continúan existiendo en la mayoría de los países democráticos.

El INE desde su creación como IFE en 1990 fue instituido como órgano constitucional y en 1996  fue dotado de autonomía, pero lamentablemente de facto dejo de ser autónomo a partir de abril del 2023 cuando el presidente López Obrador operó para nombrar como titular a una persona de su confianza con el fin  de cooptar a dicho organismo autónomo y expresó su deseo de gobernar de manera absolutista sin contrapesos de los otros dos poderes y menos aún de los Organismos Constitucionales Autónomos; fue así que desapareció la mayoría de estos organismos que tenían la función de servir de contrapesos para alcanzar el equilibro en el ejercicio del poder.

A la titular del INE a cambio de su lealtad y sumisión se le permitió manejar a discreción el presupuesto y las plazas  omitiendo contar con la aprobación del consejo.

La presidente consejera del INE renunció a su cargo el pasado 26 de octubre a través de un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; su renuncia fue motivada por las acusaciones y señalamientos por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a proveedores, conflicto de intereses, nepotismo, simulación de competencia y triangulación de recursos.

Conforme al artículo 41 de la Constitución, los consejeros del INE deberán designar una persona para ocupar de manera provisional la presidencia, quien ocupara el cargo  mientras la Cámara de Diputados deberá emitir una convocatoria para elegir a la persona que ocupará  el cargo de forma definitiva hasta el año 2032.

La ola de rumores que se han desatado en torno a la renuncia de Consejera presidente del INE señalan que el principal proveedor del instituto José Alfredo Hernández Casillas se presentó ante las autoridades de Estados Unidos para ofrecer testimonio a cambio de protección, a pesar de que en la Fiscalía General de la República  aún no existe una investigación formal en contra de la ex consejera presidente ni del proveedor.

Los diputados de los partidos de oposición deberán operar activamente para que la designación de la o del nuevo Consejero Presidente del INE garantice plena independencia y autonomía de la institución, y que no sea nuevamente una persona incondicional a modo del partido en el gobierno.

¡Defendamos al INE!   En México tenemos la urgente necesidad de despertar a ese gigante que es la Sociedad Civil, no como una moda, sino porque  una auténtica democracia va más allá del ejercicio electoral; supone una participación real de los ciudadanos en las grandes decisiones. Sólo mediante un verdadero ejercicio democrático, se consigue una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en la vida política, con objeto de promover la justicia social, luchar contra la corrupción y atacar de raíz las causas de la marginación. La participación de la sociedad civil en este momento es decisiva para que los diputados y senadores del Congreso de la Unión asuman el compromiso por el bien de todos y no solo con los integrantes del Partido en el gobierno Morena; movilizar a la sociedad para que llegue a la apropiación del país, a que sintamos que México nos pertenece, y que somos capaces de transformarlo en beneficio de todos y no solo de una facción.

Si queremos realmente un cambio para vivir en un verdadero Estado de Derecho con una Democracia Plena, debemos como sociedad dejar la apatía y el miedo, debemos tomar la iniciativa y organizarnos para poder ser más participativos y no dejar que otros decidan por nosotros.