Para entender la política mexicana hay que mirar más allá de las siglas. Los estatutos explican cómo debería funcionar un partido; sus decisiones revelan quién manda, a quién se protege y para qué se busca el poder. Esa diferencia ayuda a comprender por qué pueden coincidir en una elección y resultar incompatibles al seleccionar candidatos o gobernar.
Propongo distinguir cuatro formas de organización: el movimiento construido alrededor de un líder, el partido disputado por grupos internos, la estructura controlada por una cúpula y la organización formada en la disciplina jerárquica. Son modelos que se mezclan, no compartimentos cerrados. Lo relevante es identificar dónde reside la autoridad y qué limita sus decisiones.
Morena tiene registro de partido, pero nació como un movimiento articulado alrededor de López Obrador, cuya figura adquirió para sus seguidores una dimensión casi mesiánica. Bajo su liderazgo se reunieron grupos con trayectorias, operadores y ambiciones propias. Adán Augusto López, los Monreal, Marcelo Ebrard, Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum representan diferentes tribus que pueden coincidir en conservar el poder y enfrentarse al decidir quién lo ejerce. La obediencia hacia arriba no elimina la rivalidad entre ellas.
A esa estructura se incorporó buena parte de la clase política que el movimiento decía combatir. Adán Augusto y Ricardo Monreal pasaron por el PRI y el PRD; Cruz Pérez Cuéllar fue dirigente del PAN. Cuando una mudanza se explica mejor por las oportunidades de obtener cargos que por una evolución de ideas, las convicciones quedan subordinadas al interés. El cambio de siglas permite reciclar trayectorias mientras se proclama una renovación moral.
Se menciona en particular el caso de Chihuahua, donde se adelantaron los nombramientos y donde se muestran claramente esas tensiones. Pérez Cuéllar recibió la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, mientras Andrea Chávez obtuvo la coordinación municipal de Ciudad Juárez, posiciones que los perfilan hacia la gubernatura y la alcaldía respectivamente. Ahí claramente se cruzan el polo de Adán Augusto y el obradorismo cercano a AMLO con el de Monreal, alineado con la presidencia de Sheinbaum. Cada una de estas tribus trabaja por separado y de forma contraria, atacando bajones motivo de que fue Andrea Chávez quien lideraba las preferencias. Esta disputa debilitará ambas aspiraciones, pero con costos distintos: la fortaleza de Morena en Juárez permite a Chávez conservar amplias posibilidades de triunfo; Pérez Cuéllar necesita una cohesión y una expansión territorial que no tiene aseguradas.
El PAN opera mediante una combinación de tres planos: afinidades ideológicas, lealtades nacionales y redes regionales o familiares. Esas capas generalmente forman dos grandes bloques o clanes en una contienda y suelen reorganizarse después. No son dos clanes permanentes, ni corrientes formalmente reconocidas. Sus nombres suelen surgir de la prensa y de la propia disputa interna.
Conviven la tradición doctrinaria, el neopanismo de origen empresarial y redes conservadoras vinculadas históricamente al Yunque y al DHIAC. Sobre ellas se forman lealtades a dirigentes: maderistas y calderonistas, por ejemplo, disputaron la conducción nacional. En Chihuahua, los Dhiacos y la Familia Feliz, asociada al exgobernador Francisco Barrio, ilustran las redes locales. Las reuniones de Jorge Soto, Carlos Olson y Carla Rivas con otros panistas para discutir el método de selección de la candidatura a la alcaldía capitalina muestran que la disputa también gira alrededor de quién puede decidir.
La pluralidad puede enriquecer a un partido, pero se deforma cuando cada grupo intenta acomodar a los suyos, proteger sus posiciones y cerrarles el paso a otros. Una candidatura empieza entonces a medirse por los espacios que conserva para sus promotores, antes que por la capacidad de resolver problemas públicos.
Un tercer modelo se aproxima a la franquicia política: organizaciones con decisiones concentradas en liderazgos reducidos y operadores territoriales. Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el Partido del Trabajo tienen diferencias, pero comparten antecedentes de esa concentración. Dante Delgado ha sido determinante en MC, aunque Jorge Álvarez Máynez ocupa la coordinación nacional. En el Verde destaca la influencia histórica de la familia González; en el PT, Alberto Anaya. En Chihuahua, Alfredo “El Caballo” Lozoya encabeza MC y la familia Aguilar conserva una presencia relevante en el PT. Hablo de control político, otorgado a manera de franquicia, no de propiedad legal.
El PRI se formó en la disciplina alrededor del presidente de la República. La frase atribuida a Fidel Velázquez, “el que se mueve no sale en la foto”, resumía la obligación de esperar la señal superior. Los conflictos existían, pero el presidente arbitraba y distribuía oportunidades. Esa disciplina facilitaba la operación política y restringía la democracia interna.
Al perder la Presidencia en 2000, el PRI perdió también a su principal árbitro. Gobernadores, dirigentes y grupos regionales adquirieron mayor peso. La elección de 2002, en la que Roberto Madrazo derrotó a Beatriz Paredes por la dirigencia nacional, mostró esa reorganización. Su institucionalidad nunca significó ausencia de disputas; su particularidad estuvo en cómo procesarlas y en la costumbre de esperar una definición antes de actuar.
Estas diferencias complican las alianzas: Si un liderazgo panista impulsa a un priista, otros grupos pueden atacarlo por considerarlo externo o porque amenaza sus posiciones. Mientras el aspirante espera una resolución oficial, sus posibles aliados panistas lo desgastan. Compartir adversario no resuelve quién selecciona, quién respalda y quién gobierna. Sin reglas comunes, las disputas internas terminan trasladándose a las dependencias públicas.
Morena, Verde y PT han encontrado otra fórmula: negociar sus diferencias para conservar espacios y fortalecer el bloque gobernante. Mi crítica es que esa solidaridad funciona como defensa del gremio político cuando debería responder al interés nacional. La prohibición del nepotismo electoral quedó aplazada hasta 2030. En 2026, el PT y una parte del Verde frenaron la reforma electoral presidencial, que afectaba financiamiento y representación. Invocaron la defensa de las minorías; también estaban en juego sus recursos y posiciones. El contraste revela cuánto pesan los intereses de las dirigencias en los acuerdos y las rupturas.
Eso obliga a evaluar cada decisión por sus efectos sobre la ciudadanía. El interés nacional exige instituciones que puedan vigilar al gobierno, justicia independiente y funcionarios competentes. Una reforma no se vuelve conveniente porque la vote un bloque disciplinado. Tampoco merece apoyo una oposición que solo busque sustituir a los beneficiarios del reparto.
La concentración de poder legislativo ilustra el problema. En 2024, Morena y sus aliados obtuvieron alrededor del 55 por ciento del voto total para diputados y recibieron el 72.8 por ciento de las curules en la asignación electoral. El INE aplicó el límite de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación por partido, no por coalición; el hoy cuestionado Tribunal Electoral confirmó ese criterio, que había tenido una resolución distinta en el pasado. Es legítimo cuestionar que una alianza que gobierna como bloque pueda acumular una representación tan superior a su respaldo electoral. La validación jurídica no cancela la discusión democrática.
En el Senado, donde no opera esa regla del ocho por ciento, la asignación inicial dio al oficialismo 83 de 128 escaños. La mayoría necesaria para aprobar la reforma judicial se completó con adhesiones y apoyos procedentes de la oposición. Miguel Ángel Yunes Márquez, elegido por el PAN, aportó el voto número 86. El magistrado Juan José Olvera informó después que la orden de aprehensión contra el senador había sido cancelada, a petición de la Fiscalía de Veracruz, un día antes de comenzar la discusión. Los Yunes y el gobierno negaron una negociación; la secuencia muestra otra cosa para la cual no hay explicaciones.
Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, denunció que permaneció casi doce horas incomunicado en instalaciones judiciales de Campeche, donde estaban su padre y el diputado Paul Arce, bajo la amenaza de que procesarían a su padre si se retiraba. No asistió a la votación. Su coordinador denunció la retención durante la sesión. Si las fiscalías se utilizan para obtener votos o impedir la presencia de opositores, la libertad parlamentaria queda vulnerada. Esas denuncias requieren investigación y responsabilidades.
Las buenas prácticas de gobierno ofrecen un criterio para juzgar a todos: selección por mérito, transparencia en las decisiones, prevención del nepotismo, fiscalización independiente y consecuencias por el abuso. La preparación técnica, que el PRI privilegió en su etapa tecnocrática, es necesaria, pero exige integridad y vocación de servicio. Ganar una encuesta acredita popularidad, no capacidad para administrar.
Una alianza responsable debe presentar un programa público, reglas claras para seleccionar candidatos y equipos con experiencia verificable. Las autoridades locales deben poder defender las necesidades de su comunidad incluso frente a sus dirigencias nacionales. Y la ciudadanía debe exigir resultados, no aceptar que la lealtad partidista sustituya a la rendición de cuentas.
La pregunta decisiva es a quién sirve cada estructura. Cuando los partidos solo se entienden para proteger sus espacios, el país paga el acuerdo. La nación no puede quedar subordinada al gremio de quienes viven de la política. El poder público les ha sido confiado para servir; no les pertenece.
