Entrevista a Pablo Gómez/Caso Pemex-Sacyr
Por Irma Ortiz
Mientras el secretario de Energía, José Antonio Meade, asegura que la operación en la que participó Pemex y la española Repsol es transparente y no se revertirá, el senador perredista Pablo Gómez señala tajante que si no hubiera complacencia de parte del PRI, la operación podría revertirse mediante un decreto que desconociera el empréstito, ya que ésta es una facultad del Congreso de la Unión.
Es una operación de empréstitos, apunta, que viola la Constitución, donde los detalles permanecen en la opacidad, no se consulta a los consejeros de la paraestatal —porque se asegura que no es necesario— y sólo hay frases sueltas del titular de Pemex, Juan José Suárez Coppel, que habla de sinergias. Cuando se trata de organismos públicos, esas sinergias “se trata de pura corrupción”, destaca el legislador, miembro de la Comisión de Energía del Senado.
¿Su opinión sobre la operación Sacyr-Pemex para la compra de acciones de Repsol?
Hay que dividir el tema en dos partes para evitar confusiones. Uno, por primera vez se realiza una operación de compra de acciones bursátiles con crédito. Crédito que el Estado mexicano asume, es una obligación del Estado para ser pagada. Se realiza una compra de valores de renta variable, el crédito seguirá ahí con los intereses con los que haya sido contratada o que vengan dentro de la emisión de bonos si hubo alguna emisión, no lo sabemos.
Tampoco conocemos quién es el prestamista y eso continuará como deuda y el valor de las acciones compradas puede variar, evidentemente puede incrementarse pero también disminuir. Si las situaciones de mercado llegaran a tener una baja, las acciones de Repsol bajarán y habrá una diferencia de pérdida entre el valor del empréstito, que seguiría constante y el valor de las acciones adquiridas.
Violación constitucional
Aquí hay varios puntos, la Constitución mexicana señala que los empréstitos se deben llevar a cabo con el único propósito de realizar obras que generen directamente ingresos, es decir, las condiciones de su propio pago. La pregunta es, con ese dinero que se pidió prestado mil ciento y pico de millones de dólares, ¿qué obras se van a realizar?
Esperaremos la respuesta del secretario de Hacienda, fue una pregunta que formulé en el Senado y que se despachó a la Secretaría de Hacienda para que en un plazo de cinco días hábiles nos responda.
Sin embargo, si no hay obra—como no la hay—, el empréstito no es constitucional, ha violado la Constitución y se contrata un crédito para un objeto que no está permitido: acciones bursátiles de una compañía cualquiera que hubiera sido.
Hay otro asunto, el Congreso autorizó al Ejecutivo federal para llevar a cabo un endeudamiento neto externo no mayor de 5 mil millones de dólares durante 2011. No sabemos si estos mil y pico millones de dólares son contabilizados dentro de esta autorización, si están excediendo o van a exceder en lo que resta del año y el endeudamiento neto externo resultará mayor de lo autorizado. Lo tendrá que responder el secretario de Hacienda.
¿Cuál es el objetivo?
Está parcialmente respondida la pregunta: para llevar a cabo un convenio ya firmado de sindicación con una empresa española que se dedica a la construcción. ¿Qué quiere decir eso de sindicar? Esta empresa española que tiene el 20% y Pemex que tiene ahora el más 9% y antes cerca del 5% por más de 30 años, se comprometen a actuar de común acuerdo en la asamblea de accionistas y en el Consejo de Administración de Repsol.
Dentro de este convenio, ninguna de las dos partes, ni Repsol ni Pemex pueden vender o deshacerse de sus acciones antes de 3 años. Si México, en un momento determinado necesitara vender esas acciones por situación de mercado o lo que fuera, no podría hacerlo.
El convenio tiene una duración de 10 años —se puede renovar— y se plantean cambios en la conducción de Repsol, impulsarlos conjuntamente y dividir el puesto de director en dos, el director del Consejo de Administración y el director ejecutivo de la empresa, cosa que en Repsol no existe por situaciones que desconocemos.
No sabemos más allá de unas frases sueltas del director de Pemex cuál es el objeto de esta sindicación. Dijo que son sinergias ¿de qué sinergias hablamos?, REPSOL es una compañía que es contratista de Pemex, los contratos firmados entre ambas han sido otorgados mediante concursos. Pemex no es una empresa que pudiera tomar la decisión de preferir darle contratos a REPSOL para obtener determinadas ventajas como lo hacen dos compañías privadas que tienen el mismo dueño o parecidos accionistas. Todos los contratos de Pemex tienen que ser concursados por lo tanto no puedo ver que haya alguna sinergia.
Pura corrupción
Esas sinergias cuando se trata de organismos públicos, se trata de pura corrupción, no es lo mismo que cuando se trata de empresas privadas donde también puede haber corrupción pero un corporativo controlador de las empresa toma decisiones de qué hacer con sus empresas y para qué. En este caso no, porque se trata de un organismo público cuyos recursos son públicos y permanentemente botín de los funcionarios, eso no sólo en México sino en todo el mundo, lo que pasa es que en nuestro país esto parece ser más frecuente y se acostumbra mucho más.
No veo que pueda haber un interés de México de asociarse con una empresa constructora cuyos rendimientos han bajado..
Se asegura que está en franca caída…
A la mitad; la capitalización de sus valores ha caído a la mitad aproximadamente, según pude notar en la página de Internet de la empresa consultada. Por otra parte pienso que se requiere dar muchas explicaciones no sólo al Consejo de Administración —que no aprobó la operación— y algunos de sus integrantes han dicho que no saben nada y dos de ellos están pidiendo que en la próxima sesión del Consejo de Administración se inscriba este punto de día para que se dé un informe. El Senado también tendría que pedirlo porque el Congreso ejerce actividades de control político sobre Pemex, no hay que olvidarlo.
Nosotros no fuimos informados de lo que iban a hacer, en realidad lo desconocemos. Francisco Labastida se ha adelantado y ha dicho que es buena idea hacer este tipo de cosas pero me pregunto si realmente tiene información fidedigna, exacta, más allá de conceptos vagos y aislados que se manifiesten por parte de algunos funcionarios de Pemex. Lo menciono porque es el presidente de la Comisión de Energía en el Senado, de la que formo parte y no han informado nada.
¿Qué va a pasar?
No lo sé. De la constitucionalidad de la deuda se pueden derivar varias cosas, desde un juicio político al secretario de Hacienda que autorizó el empréstito, al director general de Pemex y tal vez, el presidente del Consejo de Administración de Pemex, que es el secretario de Energía.
Sé que en México no hay juicio político aunque existe en la Constitución y en las leyes, pero no se ha dado en la práctica. Hay la mala costumbre de no realizar juicios políticos aunque se cometan violaciones muy evidentes a la Constitución. Puede ocurrir que en este caso tampoco lo haya.
Improbable marcha atrás
El caso ha creado gran controversia en España y podría haber presión para que se investigue, ¿el Congreso podría echar atrás la operación?
Lo podría echar atrás mediante un decreto en el que se desconociera el empréstito porque ésa sí es una facultad del Congreso, reconocer la deuda nacional y puede emitir un decreto desconociéndola y podría nulificar o revertir la operación de crédito. Sin embargo, francamente no creo que haya mayoría en el Congreso para llevar a cabo esta acción. El PRI se muestra muy complaciente y el PAN apoyará al gobierno.
El PRI ha sido durante todos estos años muy complaciente frente al evidente desprecio que el gobierno tiene por la Constitución y por las leyes, con mucha frecuencia viola preceptos constitucionales, es hostil frente al Congreso.
El miércoles pasado, Calderón no se aguantó las ganas de decir que el Congreso emitía leyes muy refinadas y exquisitas que hacían imposible perseguir bien a los delincuentes —gracias por lo de refinada— pero la verdad es que ha habido en estos años intentos de Calderón para establecer un estado de policía, y hay una resistencia no siempre efectiva pero se intenta y en algunos casos ha funcionado para proteger los derechos humanos, para rechazar preceptos legales o leyes contrarias a esos derechos y a las garantías que debe tener toda persona.
Calderón intentó que se le autorizara en la Constitución a la policía a meterse a la casa de quien fuera y la Cámara de Diputados con el grupo del PRI, ya había aprobado esta barbaridad. Recibimos el proyecto y casi milagrosamente se rechazó su aprobación, porque le habían cambiado algo de lo que el PRI había negociado, éste se enojó y lo devolvió a la Cámara a efecto de que revisaran la redacción como estaba en el acuerdo original —que en esencia era lo mismo—: licencia para que la policía se metiera a la casa de quien fuera.
Regresó a la Cámara de Diputados y mientras ya se había generado un movimiento de opinión pública contrario; los diputados echaron marcha atrás, esa mayoría o una parte de la mayoría que había aprobado ese proyecto.
Podría poner muchos ejemplos de proyectos del Ejecutivo que han sido modificados o no han sido aceptados por el Congreso por la presión de la opinión pública y resistencia de muchos legisladores a agredir los derechos ciudadanos. El PRI de todas maneras sigue siendo muy obsequioso con el gobierno.
Intereses afectados
De cara a los procesos electorales el hecho de pedir cuentas al secretario de Hacienda, al “delfín” del presidente para que dé cuentas del asunto de Pemex-Sacyr, ¿no afectaría las posibilidades de Cordero?
El gobierno de Calderón es un gobierno cada vez más desprestigiado, pero la parte más fuerte del desprestigio se ubica en la crisis de violencia y en el incumplimiento de la promesa de promover el empleo porque México tiene un desempleo muy fuerte frente al que sólo lo defiende la economía informal.
En cambio estas continuas actitudes de violación de la Constitución, de evadir y eludir ciertas obligaciones no trascienden mucho a la opinión pública. Los intentos que han sido exitosos para el gobierno de restringir ciertas libertades o delimitar ciertas garantías en las leyes, algunas de las cuales el Congreso las ha aceptado, con el voto en contra de nosotros. Esto preocupa a sectores de intelectuales, políticos, de organismos de la sociedad civil que velan por la protección de los derechos de la gente. En cambio la opinión pública, el pueblo en términos generales no está muy bien informado de estas cosas.
El Ejecutivo debe ser la entidad más controlada tanto política como financieramente en sus cuentas, en sus operaciones económicas, en todas sus actividades. Una violación a la Constitución tan flagrante, tan grosera como es el pedir dinero para comprar acciones de una empresa, cualquiera que fuera, denota una falta de respeto a la Constitución y al Congreso.
Especialmente cuando estamos en el umbral de una recesión…
La caída en el ritmo de crecimiento del PIB se va a dar ante la pasividad del gobierno de Calderón, porque la administración ante estos fenómenos lo que recomienda es no hacer nada. Cualquier gobierno lo que hace es aumentar el
gasto en actividades productivas que defiendan el empleo y promuevan la producción; si se cae una parte del mercado norteamericano como las manufacturas, lo que hay que hacer es fortalecer el mercado interno y
hacer reformas, pero Calderón no lo ve así ni los tecnócratas de su gobierno. Consideran que no hay que hacer nada y esperar a que el ciclo dé la vuelta completa y las cosas vuelvan a su punto de partida.
Y cuando existe la percepción de que en el último año de gobierno los funcionarios hacen “negocio” y sacan provecho..
Uno de los fracasos mas grandes del PAN fue contemporizar lo que yo llamo el Estado corrupto. En todos los Estados del mundo hay cierto grado de corrupción y hay oleadas también, es una cosa que no se puede evitar al cien por ciento, pero México es otra cosa.
La manera como opera el Estado es dentro de un sistema donde la corrupción es un elemento de funcionamiento con esta crisis de violencia que hay en varios estados del país, hemos visto cómo el Estado corrupto es incapaz de dar respuesta a problemas que ocurren. Llegó un momento en que el Estado no podía responder a este tipo de cosas porque está sometido a un medio de corrupción, de ineficacia de gestión pública y en el ejercicio de las obligaciones y de los deberes de la autoridad.
No han sabido hacer las cosas.