Elena Vega De la Mora
En las las últimas semanas Veracruz ha ocupado el centro de la noticia por la ola de criminalidad y violencia que parece crecer en la entidad. Desde el granadazo al interior del Acuario en el Puerto de Veracruz, el pasado 14 de agosto, al desmantelamiento de una poderosa infraestructura de comunicación de los Zetas a principios de septiembre hasta los 35 cadáveres arrojados recientemente al borde de una carretera. Por si fuera poco, la aprobación de la llamada Ley Duarte, que pretende criminalizar el mal uso de Internet y que deja un amplio margen de discresión al gobierno de Javier Duarte, emiten señales de que algo anda mal en Veracruz .
Para precisar los motivos y alcances políticos de La Ley Duarte, debemos preguntarnos ¿qué pasó realmente el pasado 25 de agosto?, cuando dos internautas fueron detenidos por el delito de terrorismo, vía redes sociales, en Veracruz.
Los Twitts “terroristas”
“…confirmo en la Esc. “Jorge Arroyo” de la Col. Carranza se llevaron 5 niños, grupo armado. Psicosis total en la zona”. @gilius_25, un “Jarocho Auténtico, Soñador, y trovador de veras”, que le gusta hacer amig@s de todo el mundo, tal como reza en su perfil, recibió comentarios de la comunidad twittera corrigiendo el nombre de la escuela: “Alfonso”, no “Jorge”; otros más le reclamaban escribir “pendejadas y mentiras”; otros más confirmaban que el ataque había sido cierto. Ése fue el último día que Gilberto envió mensajes a través de su cuenta, que fueron recibidos por sus 314 seguidores; seguía entonces a 144 y había enviado 634 twits.
Tres días más tarde Maruchi Bravo Pagola, @MARUCHIBRAVO, envió un twitt de advertencia: “YHOY EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA EN LA HORA DE RECREO UN HELICÓPTERO DISPARÓ SOBRE EL PATIO LLENO DE NIÑOS”. La periodista comenzó a enviar este tipo de mensajes a partir del 22 de julio, siguió enviando mensajes esporádicos en los que advertía de ciertos riesgos y, desde su experiencia periodística, pedía se le confirmara la información. “NO SÉ SI SOY PORQUE PIENSO, PORQUE EXISTO O PORQUE PIENSO QUE EXISTO”, reza la descripción de su perfil. Maruchi Bravo tenía 1,207 seguidores; seguía entonces a 1,704 y había enviado 482 twits.
El pasado 25 de agosto, Maruchi Bravo, periodista según Amnistía Internacional, y Gilberto Martínez, profesor, fueron acusados por el gobierno de Veracruz del delito de “terrorismo” por haber difundido en la red social rumores no confirmados que “perturbaron el orden social” entre la comunidad de Boca del Río.
Los rumores
Una primera cuestión por aclarar es por qué en Boca del Río circulaban “rumores” de que los criminales atacarían centros educativos. Relata Robles Maloof, miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, “que una semana antes de aquel jueves 25 de agosto, aparecieron mantas en varios puntos de la ciudad, como en Plaza Mocambo, con mensajes de grupos criminales donde advertían de un eventual ataque a las escuelas. Los medios convencionales no informaron sobre este hecho y las autoridades callaron generando con ello las condiciones para que el rumor se difundiera ampliamente en Veracruz.”
En la mañana del 25 de agosto después de las 9 horas, un automóvil fue incendiado en las cercanías de una escuela del sector Antón Lizardo. Al tener noticia de este hecho, las autoridades enviaron dos helicópteros Bell de la policía estatal a sobrevolar el puerto. Alrededor de las 9:30 horas se inicia el rumor de que el ataque anunciado está curso. Los inspectores de zona escolar alertaron a los directivos para que desalojaran inmediatamente a los alumnos aunque las escuelas se encontraban en completa normalidad. Cientos de llamadas se hicieron desde los planteles para que madres y padres de familia recogieran a sus hijos.
Aquella mañana, reportó el periódico The Houston Chronicle, la ciudad de Veracruz tuvo 26 accidentes de tránsito, provocados por gente que abandonaba sus automóviles en medio de la calle para correr a recoger a sus hijos de la escuela. La vida de la comunidad se transtorna por unas horas y la autoridad brilla por su ausencia.
“Para cuando Maruchi Bravo y Gilberto Martínez difunden en Twitter las versiones que escuchan en la calle sobre los supuestos ataques, han pasado dos horas”, Estos hechos evidencian que las condiciones para que un rumor prospere están dadas en Veracruz”, dice Robles Maloof.
La reacción del gobierno de Javier Duarte
En la tarde de aquel jueves, el procurador Reynaldo Escobar Pérez anunció que existía un “grupo de terroristas” que usaban las redes sociales y que de forma coordinada planearon este ataque. “Hasta con la Interpol vamos a buscarlos”, dijo.
De inmediato los espacios informativos radiofónicos se dieron a la tarea de entrevistar a Gerardo Buganza, secretario general del gobierno veracruzano, y Fidel Guillermo Ordóñez Solana, abogado defensor.
Para Buganza, los mensajes de Maruchi y Gilberto habían causado pánico entre la comunidad de Boca del Río, a tal grado que los padres de familia corrieron “aterrorizados” (sic) a buscar a sus hijos. Adicionalmente, Buganza anunció que el “terrorismo” estaba tipificado en la legislación estatal y que ambos habían incurrido en ese delito. Ordóñez Solana se inclinó por argumentar la falta de pruebas sobre los actos de “terrorismo” en que habían incurrido sus clientes y defendió la libertad de expresión como un derecho de todos los mexicanos. De hecho, Buganza y Ordóñez coinciden en afirmar que no hay elementos para comprobar que los twits fueran originales de Maruchi y Gilberto o bien, que fueran repetidos por ambos en sus respectivas cuentas.
Ese mismo jueves, reporta Robles Maloof, sin orden judicial detuvieron a Gilberto, catearon su domicilio, confiscaron algunos bienes, manteniéndolo incomunicado por tres días. El viernes 26 de agosto detuvieron a Maruchi Bravo, repitiendo la cadena de abusos. El 31 de agosto ambos fueron declarados terroristas por la Juez Beatriz Hernández, quien por presiones del gobernador y del magistrado Alberto Sosa Hernández, titular del poder judicial del estado, dictó auto de formal prisión.
Señales de alarma
Pese a que Gerardo Buganza y Fidel Ordóñez coinciden en que “difundir o retwittear información no necesariamente es producida por el titular de la cuenta”, el caso de los veracruzanos ha reactivado la discusión sobre la libertad de expresión y su correlativa responsabilidad; a final de cuentas, fueron acusados por difundir información no corroborada, un hecho que se ha presentado en otras ocasiones y que ha propiciado el cuestionamiento a la circulación de información no confirmada en las redes sociales.
Sin embargo, en el caso de Maruchi y Gilberto la señal de que algo anda mal en el las políticas de seguridad del gobierno estatal, es la aparente obsesión de Javier Duarte por penalizar la divulgación de rumores infundados en las redes sociales o en cualquier otro medio que perturben la paz y la tranquilidad públicas.
La Ley Duarte y el delito de Perturbación al Orden Público
El martes 20 de septiembre, en el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento, el Congreso de Veracruz aprobó por mayoría de votos la llamada Ley Duarte que adiciona el delito de Perturbación del Orden Público al Código Penal del estado. Este delito consiste en el hecho de afirmar falsamente, por cualquier medio, la existencia de aparatos explosivos, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud. A quien lo haga, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida. Así consta en el dictamen de la Ley Duarte.
En este contexto, advierte Ricardo García Mainou, que estamos “frente al primer caso judicial en nuestro país por el mal uso de las redes sociales que sienta un precedente muy peligroso de lo que significa para el Estado la autoría intelectual.” Por ello, resulta pertinente preguntar cuál es la idea que tiene el gobierno veracruzano de lo que tiene que suceder para que una estupidez enviada por Twitter o por Facebook llegue a un grupo de gente lo suficientemente amplio como para que algo grave suceda. También tendrían que aclarar los legisladores locales cómo consideran la posibilidad de probar quién comenzó la cadena y determinar claras responsabilidades legales.
Aunque ya se anunció la liberación de Maruchi Bravo y Gilberto Martínez para el próximo jueves 22 de septiembre -por el principio de la no retroactividad de ley-, este caso demuestra que en Veracruz están dadas las condiciones para que prospere un “rumor” donde la sociedad vive en zozobra por la violencia del crimen organizado. Ha trascendido que en la entidad vecina de Tabasco se está cocinando una iniciativa de ley que busca reglamentar la actividad en las redes sociales.
Mientras tanto el gobierno de Javier Duarte se empecina en presumir que “Veracruz es de los pocos estados que se encuentran en paz.”
En un punto y aparte…
Berns Lee, el Arquitecto de Internet, relata en sus memorias de 1999 “Weaving the Web” (Tejiendo la Red) que el lanzamiento al mercado de la World Wide Web en 1991 fue una decisión muy arriesgada. La idea de resolver con tecnología los límites materiales y mentales para el ejercicio de la libertad de expresión es por principio un proyecto ambiciosísimo que hasta el día de hoy, septiembre del 2011 la compañía de Berns Lee, World Wide Web Consortium (W3C), trabaja para mejorar el funcionamiento de la Red.