Tarea de los tres niveles de gobierno
Por Carlos E. Urdiales Villaseñor
En medio de caravanas y foros sobre la lucha por la seguridad pública que sirven de combustible para la hoguera en donde se queman a funcionarios públicos, del presidente Felipe Calderón para abajo, hay un dato que vale la pena observar: los salarios de los policías estatales y municipales en México.
Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de que un policía de Tamaulipas gana 4 mil pesos mensuales. Un policía federal inicia su escalafón en 12 mil pesos. Un policía municipal de Chihuahua percibe un mínimo de 15 mil pesos mensuales. La media nacional nos dice que los policías estatales ganan 9 mil pesos.
Con los datos anteriores se puede seguir preguntando: ¿cuándo volverán militares y marinos a sus cuarteles? No sólo son los salarios, están también la carrera policial, las prestaciones, la capacitación, la movilidad escolar. Lograr que ser policía represente una opción de vida y no sólo un refugio ante los malos tiempos o, peor aún, un trampolín desde donde hacer las relaciones necesarias para acabar como jefe de sicarios, mercenario o escolta de algún criminal de esos que abundan.
Independientemente de lo que critique la estrategia federal en el combate a la delincuencia organizada o no, lo de contar con cuerpos policiacos mínimamente eficientes es una condición obligada, ni siquiera la discusión de mandos únicos o no.
Policías a los que una lady de Polanco no someta a mentadas de madre y gritos, policías que no salgan corriendo o miren al lado cuando sienten la presencia de hamponetes que intimidan con sus Hummers y Pick Ups, policías que sientan el respaldo de la institución a la que sirven, que respeten a sus mandos porque lo merecen y, sobre todo, que sientan respeto por ellos mismos.
Es una tarea de los tres niveles de gobierno y es una exigencia de la sociedad que ya está harta de escuchar condenas, disculpas y traslados de responsabilidades.
El tema de los salarios está obligado por los compromisos del Acuerdo Nacional por la Legalidad, Seguridad y Justicia. Es un compromiso institucional, no de gobernadores en turno sino de los gobiernos estatales al margen de sus calendarios y grillas políticas. Homologar sueldos, compartir bases de datos, criterios de selección, controles de confianza y planes de desarrollo es un proceso continuo y cuyos resultados tardarán en ser palpables.
La mejor manera de golpear en serio la preminencia de un secretario de Estado cualquiera o de los militares en funciones para las cuales no fueron capacitados, pasa por apurarse a cumplir en lo estatal y en lo municipal. Dinero no ha faltado ni faltará, ha sido y será la partida presupuestal privilegiada de la actual administración federal. Falta compromiso y sobre todo rendición de cuentas.
¿Por qué Tamaulipas es el estado que menos paga a sus policías? ¿Cómo se relaciona ese nivel salarial con la violencia e inseguridad? El reciente asesinato de la periodista Elizabeth Macías Castro, en Nuevo Laredo, y la certeza generalizada de que en aquella entidad la policia y el gobierno sirven para lo mismo: para poco y nada, ¿es consecuencia o causa? Mientras no comencemos por mejorar a la policía más próxima, el resto del debate es demagogia pura.
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