Entrevista a Edgardo Buscaglia / Investigador de la Universidad de Columbia

Antonio Cerda Ardura

Para muchos, el supuesto complot terrorista desmantelado por Estados Unidos, que presuntamente pretendía atentar contra las embajadas de Arabia Saudita e Israel en Washington, así como asesinar al embajador árabe, Adel Al-Jubeir, es un cuento poco creíble (que las autoridades mexicanas se han tragado como borregos) que tiene como fondo construir un pretexto para el ataque e invasión norteamericana a Irán, a cuyo régimen la nación más poderosa del mundo le trae ganas desde hace varias décadas, ya que “apoya y solapa al terrorismo internacional”.

La trama de que un ciudadano iraní-estadounidense, Manssor Arbabsiar, intentaba contratar a los Zetas para llevar a cabo los atentados, se parece al recurso utilizado en la película de Nimród Antal, Predadores, estrenada en 2010, en la que extraterrestres reúnen en un planeta selvático remoto, para combatir con ellos, a un grupo de seres humanos que tienen como elemento común ser de la misma época y estar ligados a la guerra y el crimen.

Uno de esos humanos es un mercenario, ex militar estadounidense; otro es una mujer, francotiradora de las Fuerzas de Defensa de Israel; uno más es miembro de la Yakuza japonesa; otro es un comando ruso de las Spetsnaz; otro un miliciano del Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona y, el de rostro más duro y, al parecer, el más sanguinario, es un mexicano del cártel de los Zetas.

Ese perfil de que los Zetas son los criminales mexicanos más bragados, entrones y peligrosos, y que por ello en la actualidad son un recurso cotizado entre las mafias internacionales, también para los observadores es parte de la estrategia norteamericana para ampliar su intervención en los asuntos de seguridad de nuestro país.

En entrevista con Siempre!, Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México e investigador de la Universidad de Columbia (Nueva York), afirma que la eventual alianza de terroristas iraníes o de cualquier otra nación con los Zetas no debe resultar una sorpresa, ya que las mafias suelen asociarse o realizar trueques (en este caso, posiblemente de drogas mexicanas por armas del Medio Oriente).

Indica que el presidente Felipe Calderón debe dejar de ver a los muertos mexicanos de la lucha contra la delincuencia como un problema de carácter mediático que simplemente daña la imagen del país, y darse cuenta de que son parte de la realidad, en la que hay que llamar a las cosas por su nombre. En este sentido, indica que hay grupos de mafiosos que han cometido actos terroristas y, por lo tanto, deben ser denunciados ante la ONU para que los persiga la comunidad internacional bajo la clasificación de terroristas.

Acuerdo político

Al gobierno mexicano no se le reconocen, internamente, buenos resultados de la llamada guerra contra la delincuencia. ¿Cómo podría un país en esta situación aliarse con otro, en este caso con Colombia, para llevar esa misma tarea al terreno internacional, como lo recomiendan, entre otros, el subsecretario de Estado norteamericano, William R. Brownfield, a quien recordamos como embajador de Washington en aquel país?
El gran problema actual de México no es el desconocimiento de las medidas que debe aplicar contra el narcotráfico internacional. El presidente y sus asesores las conocen muy bien porque están contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, la Convención de Palermo. México tampoco padece problemas de recursos financieros que evite implementar acciones de prevención social, de ataque a la corrupción, de desmantelamiento patrimonial de los grupos criminales en el sector privado y empresarial, o de reforma judicial que son necesarias. Al contrario: México cuenta con recursos financieros, materiales y humanos más que suficientes como para avanzar en esas cuatro áreas.
De acuerdo con las mejores prácticas de la Convención de Palermo, Colombia ha implementado todas esas medidas, pero en un contexto político muy distinto al mexicano. Las raíces del conflicto en Colombia son también muy propias, además de que esa nación cuenta con una estructura política y constitucional diferente a la de México. Por lo tanto, el comentario del ex embajador estadounidense en Colombia es una obviedad, porque, sí, ya se sabe que Colombia ha implementado las cuatro medidas de la Convención de Palermo y lo hizo bastante bien entre el 2002 y el 2010. Es por eso que los 22 tipos de delitos que comete la delincuencia organizada se abatieron en un promedio de 32 por ciento. Algunos delitos, como el secuestro, se redujeron en más del 400 por ciento, pero, en general, la baja de los delitos de delincuencia organizada fue de 32 por ciento. No obstante, el verdadero gran logro de los colombianos fue alcanzar un consenso político, de todos los partidos, para implementar esas medidas. Es decir, el desafío político no fue técnico. Colombia contaba con menos recursos humanos, financieros y materiales que México, y lo logró. Pero lo hizo debido a que encontró un consenso, un acuerdo de todas las fuerzas que permitió aplicar esas medidas, dolorosísimas para la clase político-empresarial, la cual, muchos años antes del 2002, formaba parte de la pachanga y la corrupción, e invitaba a Pablo Escobar a sus clubes más exclusivos, como se hace actualmente en México con otros narcotraficantes. Después del 2002, cuando esa clase se dio cuenta de que el monstruo que había creado la estaba devorando a ella, fue cuando se comenzaron a aplicar las medidas dolorosas.

Como resultado de este ataque a la corrupción, que es uno de los cuatro elementos que le mencioné al principio, los colombianos procesaron a 32 por ciento de sus legisladores, de todos los partidos políticos. Sólo de esa manera lograron controlarla al más alto nivel.
Parece que a veces se olvida en México que, si no se ataca la corrupción, difícilmente habrá avances en las áreas que impacta la delincuencia.
La corrupción es el pilar principal de la delincuencia organizada. Pero decir simplemente que México tiene que seguir la misma receta que Colombia es muy ingenuo, porque el gran problema mexicano es político. Cada gobernador se considera un señor feudal o una señora feudal y el gobierno federal no controla ni la vida política del país, ni los patrimonios de los políticos, ni el accionar de los políticos de su propio partido. El presidente Calderón no tiene ese control. Por lo tanto, el acuerdo político no se ha producido, porque aun cuando la situación es grave para la sociedad entera, la elite político-empresarial todavía siente que esa gravedad no la ha tocado a ella y que mientras no le suceda así, como colectivo, como individuos, no se van a ver forzados a implementar medidas que les van a resultar muy dolorosas.
El secretario Brownfield es contrario a la clasificación de narcotraficantes como narcoterroristas. ¿Tiene que dar México ese salto y perseguir a algunos grupos del narcotráfico como terroristas?
Ahora hay más que narcos. Se dedican al contrabando, la piratería, el tráfico de seres humanos, el fraude electrónico, los secuestros, las extorsiones… Hay mafias que deben ser catalogadas en las listas de grupos terroristas de la ONU porque varias de ellas cometieron actos de terrorismo. Es decir: atacaron directamente a la población civil para hacer presión sobre la autoridad, de manera que ésta haga o deje de hacer algo que ellas querían. A esto se le denomina acto de terrorismo en todo libro de texto, en todo acuerdo y en toda convención que México ha ratificado. Así se les debería llamar. Cuando la delincuencia ha atacado a la población civil, el presidente Calderón ha calificado a las mafias como terroristas el primer día, pero luego se asusta, o lo asustan sus asesores ya que “eso le podría traer mala imagen a México”. Por eso, lamentablemente las muertes de mexicanos se han transformado en un problema de imagen para el presidente y no en un problema real. ¡Es un problema real, no un problema mediático! Se asustan y no quieren llamar a las cosas por su nombre.
El incendio del Casino Royale de Monterrey, del 25 de agosto, en el que murieron 52 personas, claramente fue un acto terrorista. ¿Los Zetas deberían ser catalogados como narcoterroristas?
Ese ataque debería ser considerado como terrorista. El granadazo de Morelia ciertamente fue un acto de terrorismo y está clasificado como tal. A esos grupos hubo que clasificarlos como terroristas desde que se observó que tenían propensión a cometer actos que la ONU cuenta bajo ese esquema.

Ninguna sorpresa

¿Qué nos plantea la asociación Zetas-terroristas iraníes, que supuestamente descubrió Estados Unidos?

Este caso hay que observarlo todavía más, pero todos esos grupos como los Zetas, La Línea, los Pelones, el cártel de Sinaloa, todos los que tienen fuerzas de choque quieren trabajar o buscar alianzas con mafias de otros países, ya sean los italianos de la ‘Ndrangheta, o ciertas organizaciones del Medio Oriente, siempre y cuando haya dinero de por medio. Muchas veces se intercambian armas por drogas. En el submundo de la mafia hay intercambios y trueques, de manera que no hay que caer en la caricatura de que todas las armas vienen de Estados Unidos. Muchas armas entran a México por intercambio por drogas, y por el contrabando y la corrupción en las aduanas. Nosotros hemos venido insistiendo en la revista Siempre!, desde hace muchos años, que las mafias se dedican a 22 tipos de delitos. Así que no me llama la atención que la delincuencia organizada busque también alianzas con grupos terroristas de Medio Oriente. La alianza de los Zetas con grupos terroristas internacionales por dinero o armas no sería una gran sorpresa. Yo creo que están intercambiando armas del Medio Oriente por drogas mexicanas.

¿Ante esto, cómo debe ser la respuesta del gobierno mexicano? ¿Se abre un nuevo panorama? ¿Se acerca ese panorama al que pintan los norteamericanos?

Los norteamericanos siempre quieren militarizar todo. A mí me parece que México debe tratar de aplicar las técnicas de contención a desastres de terrorismo que aplica Europa, principalmente, que es una mezcla de identificación de los patrimonios que alimentan a los actos de terrorismo. Siempre hay sospechosos usuales en el camino y eso tiene que trabajarse mucho mejor en México, ya que las Unidades de Investigación Patrimonial están paralizadas. Hay que ahondar en las actividades de prevención social. Hay que asegurarse de que las autoridades judiciales mexicanas trabajen mucho mejor con agencias de la Unión Europea, Asia y del Medio Oriente. No hay intercambio de información judicial y legal frecuente con países como Jordania y Líbano. México tiene que activar sus programas de cooperación técnica con otros países de manera mucho más efectiva y no solamente en reunioncitas en Viena o en Ginebra, donde todo queda en champagne. Tiene que haber mucho más alternativas. Y después, obviamente tiene que atacarse la corrupción política que alimenta esta situación. Muchos de los directorios, entre comillas, de los grupos criminales mexicanos, están atestados de nombres de políticos, como sucede en Italia, Rusia y en muchos otros lugares. A esos políticos también hay que identificarlos y procesarlos como se hace con cualquier otro delincuente. Con esas cuatro medidas, los actos de terrorismo en México van a empezar a disminuir.

Los Zetas, a la ONU

¿La prioridad la tendría el patrimonio criminal?

Primero que nada, si estos grupos han cometido en México actos terroristas y el gobierno está convencido de tal cosa, el presidente tiene que llevar el caso ante la ONU para poder neutralizarlos. Al día siguiente del atentado en Monterrey, el presidente lo calificó como un acto de terrorismo. El es abogado. Me imagino que sabía de qué hablaba. Y si son actos de terrorismo, hay que comenzar a llevarlos al Consejo de las Naciones Unidas, a la Asamblea General posteriormente, e incluirlos en esas listas. Ahí vamos a empezar a ver cómo caen, como cayeron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su momento, cuando fueron incluidas por Colombia en esa misma lista. En países como Dinamarca o Francia, donde las FARC tenían embajadas, después de la intervención de la ONU fueron perseguidas sin piedad, patrimonial, física, social y judicialmente. Esas son las medidas que México en este momento debería de estar implementando. No hay que militarizar todo, como normalmente argumenta el Pentágono. Hay que hacer un trabajo fino, de rayo láser, no a martillazos o con tanques y helicópteros. Hay que aplicar una mejor inteligencia patrimonial y un mejor trabajo judicial y social y de ataque a la corrupción política. Cuando eso suceda, México va a ver progreso en pocos meses.