Samuel González Ruiz/Especialista en derecho penal internacional

 

Jorge Santa Cruz

El doctor Samuel González Ruiz, especialista en derecho penal internacional, analiza en Siempre! el relevo en la Procuraduría General de la República y la presión simultánea del ala más dura del Partido Republicano en Estados Unidos, en el sentido de que los grupos criminales que operan en México sean considerados por las leyes norteamericanas como organizaciones terroristas, tal y como sucede con Al-Qaeda, el Talibán y Hezbolá.

El especialista considera que, en caso de ser ratificada en el puesto, el nuevo procurador general de la República, Marisela Morales, enfrentaría fuertes problemas de coordinación con el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en tanto que de prosperar la iniciativa republicana nuestro país enfrentaría la amenaza más grave a su seguridad nacional en más de un siglo.

 

Retos

¿Qué tanta fuerza tendrá la maestra en derecho frente a un secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna que se dedica a destacar, a cambio de opacar a sus compañeros en el gabinete?

Evidentemente, por los estilos, esa ha sido la tónica a todo lo largo de este sexenio. Ha habido dificultades en la coordinación entre el ministerio público y las fuerzas policiales, sean militares, civiles, o de la policía federal.

Eso que nosotros hablamos al principio del sexenio se materializó en críticas serias por parte de la embajada norteamericana y los cables que fueron revelados por WikiLeakes, y de lo cual todos nos enteramos.

Será uno de los retos mayores, la coordinación con las distintas fuerzas de policía; esto ha sido como usted lo dice, el coco del sexenio, y no tenemos ninguna posibilidad de duda de que continuará siéndolo.

¿No sería conveniente que también García Luna, como Arturo Chávez Chávez, deje el cargo?

Sería una decisión que tendría que tomar su jefe, el que lo nombró, o sea el Presidente de la República. Pero nosotros, como analistas, lo que analizamos son datos. Un dato que es muy relevante es justamente que en Estados Unidos el 95 por ciento de las personas que detiene el FBI, es presentado y consignado ante la autoridad.

Y en México, por falta de coordinación entre el ministerio público y la policía, este dato es mucho más bajo. Si uno ve las cifras de detenciones de las que habla el gobierno federal y el número de consignados, pues hay una brecha bastante importante; probablemente sea del 20 o 25 por ciento menos. Y esto de lo que habla es de una diferencia de trabajo fundamental. Mientras que allá las investigaciones están concluidas cuando se detiene, aquí pues se levanta, se detiene y luego se determina si se actuó correctamente o no. Y esa es una gran diferencia y esto habla de coordinación.

Y utilizan el arraigo, que es una figura tramposa, o sea, te detienen, te arraigan y luego te comienzan a investigar.

El arraigo es una técnica, una metodología de investigación, que debe ser usada para casos excepcionales, y no para la normalidad. El año pasado hubo alrededor de mil 300 arraigos por parte de la federación y mil 200 consignaciones, o sea que no hay, en ese punto, un elemento importante, crítico o delicado, aunque ha sido sujeto a mucha crítica por parte de las instituciones internacionales.

Pero los elementos más graves son en las redadas, en las detenciones, en los retenes, donde se detiene y después, aunque se dijo que fue en flagrancia, pues no se confirma este asunto y entre las cifras que da el gobierno federal de personas detenidas, contra las personas consignadas, pues hay una brecha muy importante.

 

Seguridad nacional

Continúan las presiones en los Estados Unidos, en el sentido de que se equipare a los grupos de delincuencia organizada como si fueran grupos terroristas, al estilo de Al-Qaeda, del Talibán y de Hezbolá.

Es un gran riesgo que tiene México. Ciertamente es el nivel en el cual, por primera vez, se presenta un proyecto de ley para considerar a estas organizaciones criminales como terroristas; es algo único, porque se había hablado de eso a nivel meramente político, académico, y ahora ya tienes una reacción muy clara de un legislador en el Congreso; entiendo que ya ha habido reacciones de alguna parte del gobierno norteamericano, negando esta posibilidad, que ha asegurado que de ninguna manera va a ocurrir eso.

Sin embargo, ese es un problema que va a resurgir en los próximos meses y que, sobre todo, si somos incapaces de controlar nuestra frontera y generamos riesgos a la seguridad nacional de otros países, incluyendo a los norteamericanos, lo que usted dice sí podría pasar.

Así que, si usted me permite comentar, eso sería, en opinión mía, el mayor riesgo que tiene la seguridad nacional. En este momento la posibilidad de que efectivamente puedan ser utilizados estos grupos criminales por movimientos terroristas más consolidados, para realizar sus fines, realmente es un hecho grave.

¿Sí cabría la posibilidad de que los grupos criminales mexicanos se presten a maniobras terroristas de Al-Qaeda, por ejemplo?

La propia Janet Napolitano lo subrayó en alguna de sus comparecencias y, realmente, desde mi punto de vista, si eso sucediera, sería el riesgo de seguridad nacional más grave que México haya enfrentado en ciento y tantos años.

En sus proyecciones, rigurosamente académicas, ¿de qué magnitud es el riesgo? ¿De un 30, un 40 o un 50 por ciento?

No, no. Esperemos que nunca se actualice.

¡Que sea, entonces, del cero por ciento!

No. No nos conviene. Esperemos que no se actualice nunca, pero esto, desafortunadamente, no depende de lo que usted o yo pensamos, sino de lo que los otros hacen.

¿Cómo prevé usted que sea el cierre del sexenio en materia de seguridad pública, debido a la actividad de los grupos criminales?

Las proyecciones, desafortunadamente, son negativas. Vamos a entrar a un proceso electoral muy complicado, en donde la política va a ser ejercida sin reglas. Las últimas sentencias del Tribunal Federal Electoral eso demuestran. Hay un juego político en el que los partidos políticos están interviniendo sin reglas y, pues, si una campaña en el 2006, pudo haber costado entre 300 y 400 millones de dólares, parece que las próximas campañas podrían costar más de mil millones de dólares, a los partidos políticos que intervengan en ellas. Eso es un hecho muy grave, porque significa que los elementos de financiamiento ilegal estarán más que presentes. Así que tenemos que estar alertas, sobre todo concientizar a los partidos políticos, de que esta manera de hacer la política le está causando un gravísimo problema al país.