Guerra electoral
La guerra deja ardua herencia de guerras.
Guglielmo Ferrero
José Fonseca
Hace siete meses, en este espacio de la revista Siempre califiqué la guerra contra las bandas del crimen organizado como “la herencia envenenada que dejará el gobierno calderonista para el próximo sexenio”.
Decíamos entonces que, sin importar lo acertado del diagnóstico a partir del cual el presidente Calderón declaró la guerra, esa circunstancia ya carece de importancia, cuando las bandas criminales constituyen parte del escenario nacional.
Dije también aquí que difícilmente podría cambiar esa realidad el presidente Calderón en el tiempo que le queda, que quien quiera que le suceda en la Presidencia deberá continuarla, aunque cambie tácticas y estrategia no podrá abandonar guerra, al menos no en los primeros dos años.
Ha llegado a la misma conclusión el presidente Felipe Calderón y en una reacción acorde con su carácter ha decidido utilizar la guerra contra las bandas del crimen organizado como uno de los ejes de la estrategia de su partido para las elecciones presidenciales.
Se entendería si, como es humanamente explicable, el presidente manejara una política de comunicación con el único objetivo de justificar la guerra cuyo costo en vidas ya alcanzó el pasado octubre la cifra de 45 mil muertos.
En ninguna democracia el gobierno en turno deja pasar la ocasión de justificar sus acciones y decisiones.
Es incomprensible e irresponsable, sin embargo, que, al convertir la batalla contra la inseguridad en eje de la estrategia electorera, involucre las instituciones de seguridad como actores en la contienda política, lo cual necesariamente las debilita y distrae de su labor principal.
Es una decisión arriesgada del presidente, pues el deterioro que sufran las instituciones de procuración y administración de justicia sólo puede ser de su personal responsabilidad.
Es una paradoja que mientras en otros ámbitos de la administración pública se aduce que este gobierno intenta construir o fortalecer instituciones, en el social y políticamente estratégico eje de la seguridad pública y la seguridad nacional, se emprenda conscientemente una demolición de las instituciones en que se sustentan.
Más irresponsable aún que intente convertir la autoridad financiera, siempre ajena a los avatares políticos, en instrumento de la misma estrategia electorera.
El daño institucional podría tardar mucho tiempo en ser reparado.
Esa, nos tememos, será otra herencia envenenada del gobierno del presidente Calderón.