Sector preso de su normatividad
Carlos E. Urdiales Villaseñor
Hoy el sector de telecomunicaciones representa en México casi el 10 por ciento del Producto Interno Bruto. La suma de telefonía, televisión, radio e Internet significa el crecimiento más importante año con año. Los derivados de esta convergencia tecnológica se pueden medir en la alocada carrera por nuevos teléfonos inteligentes, navegadores, televisores o pantallas con acceso directo a Internet y muchos dispositivos más.
Los jugadores nacionales en ese sector se cuentan con los dedos de las manos. Telmex, Telcel, Dish, Televisa, SKY, Cablevisión, Televisión Azteca, Iusacell, Nextel, Telefónica y las regionales que en muchos casos ya están asociadas a estas grandes empresas que, si los compactamos en función de sus principales socios, se reducirán más aún. Estos tres o cuatro barones de los medios y las telecomunicaciones son quienes tienen las concesiones de espectro radioeléctrico del Estado para ofrecer sus cada vez más convergentes servicios.
Lo que representa la suma de estos consorcios es mucho por donde se le mire: facturación, servicios, empleos, inversiones y crecimiento económico aparejados a su desarrollo. De lo que ocurre en el sector depende mucho la modernización del país. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cofetel han batallado por encontrar y hacer valer el papel que el Estado, a través del gobierno, debe representar como rector y regulador del sector respectivamente; no ha sido sencillo y todavía existen muchos claroscuros en esas funciones.
A la Cofetel, que preside Mony de Swaan, se le reconoce su dinamismo y capacidad de trabajo. Se le cuestionó su cercanía con el ex secretario del ramo y antiguo jefe de años, Juan Molinar Horcasitas. De Swaan ha chocado con legisladores que le echan en cara su proclividad por los decretos, a lo que el comisionado ha respondido con el reclamo por su incapacidad para legislar. Unos dijeron que no conocía el sector, otros que sería un presidente a modo.
Pues Mony de Swaan ha demostrado en los hechos conocer el tema, ha sido un efectivo presidente que ha mostrado avances —contra agenda— muy notables y de su disposición a enfrentar el golpeteo que sus regulados son capaces de propinar. ¿Pero qué hace la Cofetel con una ley siempre impugnable?
Nextel ganó la licitación 21, primero asociado a Televisa; ésta se rajó y Grupo Salinas denunció que había una ganga inexplicable e inaceptable. Televisa se asocia con Grupo Salinas y compra la mitad de Iusacell, ahora el antiguo socio de Nextel está de parte de su demandante. Telmex reclama su derecho a modificar el título de concesión que le impide ofrecer televisión. La Cofetel condiciona a Grupo Carso a que primero baje sus tarifas de interconexión que son reclamadas por Telefónica, Axtel y otros.
Telmex se asocia con MVS para facturar los servicios de Dish, tele satelital de bajo costo. Acusan a la empresa de Carlos Slim de simular una asociación profunda con los Vargas. Telmex ofrece video en vivo por Internet y le llama UNO TV. Azteca lo demanda. Telmex hace caso omiso de la orden del juez 50 de lo administrativo y sigue ofertando algo que dicen no es tele, es gratuita, y sí, se llama UNO TV.
Lo anterior no es más que la muestra genérica de la cantidad de litigios que caben en la materia, la decisión de un juez es recursada, se van a instancias superiores, los demandantes se multiplican por cuanta empresa y razón social exista, así que a una demanda le sigue otra igual pero de distinta entidad. Y todo es legal. Todo es parte de lo que a derecho le corresponde a cada jugador. Ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni la Cofetel lo pueden impedir.
El sector que puede ser motor de desarrollo, crecimiento, acceso a la información, igualador social, detonador de movilidad social, está preso de su normatividad, de sus lagunas legales que son legítimamente usadas por los empresarios.
Lo único que puede modificar esto es una legislación más dinámica y moderna. Pero una reforma en la materia deberá tomar su lugar en la larga fila de reformas pendientes, atrás de la laboral, de la fiscal, de la del Estado y otras más. Si bien es cierto que no todo el atraso se resuelve por la vía de las reformas constitucionales, también es cierto, y queda demostrado, que el sector telecomunicaciones es un auténtico queso gruyere legal. No se siente ya lo duro, sino lo tupido.
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