El 2 de octubre será día de luto nacional
Raúl Jiménez Vázquez
Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó una trascendental reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales a fin de declarar al 2 de octubre fecha solemne para la nación, disponiendo que en señal de duelo deberá izarse la bandera a media asta en todos los edificios públicos, incluyendo instalaciones militares, escuelas y templos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México.
Tal fecha, expresamente nombrada por los legisladores “Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la plaza de las Tres Culturas en 1968”, se suma a otras previstas en el articulado de la ley en cita en las que se conmemoran acontecimientos igualmente trágicos que han enlutado y entristecido a los mexicanos, como el sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec, el asesinato del presidente Francisco I. Madero y la ejecución del senador Belisario Domínguez.
Sin lugar a dudas constituye un homenaje de dimensiones históricas a quienes aquella aciaga tarde fueron cruelmente masacrados por el solo hecho de alzar su voz en defensa de la libertad y la dignidad humana. En el dictamen legislativo se afirma categóricamente que gracias a ellos y al movimiento estudiantil de 1968 se abrieron los cauces del sistema democrático.
Es también un significativo reconocimiento para una pléyade de ejemplares luchadores sociales —Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, Jesús Martín del Campo, Ana Ignacia Nacha Rodríguez, Mirtokleia González, Carolina Verduzo y Margarita Castillo, entre otros—; a pesar de haber sufrido prisión injusta, represión sistemática, persecución laboral y sensibles alteraciones al proyecto de vida, jamás se doblegaron; por el contrario, alejaron del ignominioso olvido a los caídos, preservaron su memoria y con gran valentía cívica mantuvieron siempre en alto el imperativo ético, jurídico y político del discernimiento de la verdad y el ejercicio de la justicia.
Empero, se trata de una medida incompleta. La mea culpa que esto conlleva debe ser complementada con el aterrizaje en el aquí y ahora del haz de consecuencias jurídicas que actos de esta índole acarrean en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a las cuales aludiremos en una subsecuente entrega. Asimismo cabe preguntarse ¿cómo fue posible que ocurriera semejante atrocidad?
Indiscutiblemente, un factor de peso específico fue la tremenda ceguera mental de la que hizo gala el equipo gobernante encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. Ninguno de sus miembros tuvo la madurez, la apertura, la claridad mental, la sensibilidad, la grandeza de alma para advertir lo que se asentó con todas sus letras en el dictamen justificativo de la reforma en comento: que el movimiento estudiantil portaba en su seno la semilla de la democratización de la vida nacional y era el preludio de la lucha de lo nuevo contra la vieja sociedad.
Junto con otros documentos, el boletín girado a todas las embajadas y consulados con el propósito de uniformar la versión oficial de los hechos, así como las explicaciones urdidas en aras de tranquilizar a los mercados financieros, revelan con extraordinaria nitidez esa pasmosa incapacidad para entender lo que estaba aconteciendo en las entrañas del México profundo.
Nada de ello habría ocurrido sin la venia de los otros Poderes de la Unión. Días después del 2 de octubre se expidieron sendos decretos legislativos avalando la pertinencia política y la constitucionalidad de la matanza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su parte, se abstuvo de ejercer la facultad de investigación de las violaciones graves a las garantías constitucionales contemplada en el artículo 97 de la Carta Magna vigente en la época de los hechos; de manera irreflexiva e incondicional los ministros del máximo tribunal se sumaron al abyecto, al cerrado, al atronador aplauso de más de quince minutos que se tributó a quien al rendir su quinto informe de gobierno se asumió como el responsable único de un baño de sangre que ahora prevalece en el obituario del imaginario colectivo.
La trama genocida fue coronada con un fenomenal desvío de poder. Las víctimas fueron criminalizadas y sujetas a un inverosímil proceso penal en el que, según el libro autobiográfico del ministerio público que tuvo a su cargo el caso, la sentencia y las demás resoluciones judiciales de carácter relevante fueron confeccionadas en las oficinas de la PGR. A la luz de la determinación adoptada en el recinto de San Lázaro, la reivindicación jurídica y el reconocimiento de la inocencia de quienes fueron injustamente enjuiciados y sentenciados es más que nunca imprescindible. ¿La actual Corte será capaz de realizar un acto justiciero de tal calibre político?
La verdad fue vergonzosamente callada y hasta falsificada por la mayoría de los medios de comunicación.
Una honrosa excepción fue la revista Siempre!, en cuyas páginas Heberto Castillo continuó publicando los artículos que escribía desde las mazmorras del penal de Lecumberri. Las iglesias —salvo un grupo de jesuitas—, los partidos políticos, el grueso de las organizaciones empresariales, sociales y profesionales, incluyendo a las barras de abogados, no dijeron una sola palabra al respecto; se erigieron en los cómplices silenciosos de un abominable crimen de Estado, análogos a los personajes descritos por la filósofa alemana Hannah Arendt en su obra cumbre Eichmann en Jerusalén.
Honrar y hacer justicia real a quienes sufrieron la más espantosa de las represiones es absolutamente necesario, también lo es la capitalización de los aprendizajes significativos que es menester deducir de este trágico descarrilamiento del Estado. La lección es a todas luces demoledora e incontestable: la democracia y la libertad son esencialmente incompatibles con un ejercicio del poder político basado en la violación de los derechos humanos, el desbordamiento de los límites constitucionales, el autoritarismo, los entercamientos patológicos, la desconfianza sistemática de todos y de todo, los monólogos autistas, la negativa a hacer contacto con la realidad, el dar rienda suelta a las pulsiones primarias, las visiones maniqueas que reducen el mundo a una lucha entre buenos y malos, la retórica virulenta y la creación artificiosa de climas propicios para el linchamiento social.