No conoce ni entiende la diferencia

Calderón a juicio

Humberto Musacchio

Organismos defensores de los derechos humanos y ciudadanos mexicanos, con el respaldo de 23 mil firmas, acusaron ante la Corte Penal Internacional a Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad. La denuncia tiene como base la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” que ha costado al país 50 mil vidas —muchas de ellas de inocentes—, 10 mil desaparecidos y una cantidad indeterminada de personas afectadas que han perdido el empleo, su patrimonio o el lugar de residencia, pues han tenido que cambiar de domicilio.

La respuesta del ocupante de Los Pinos fue inmediata: seguirá la matanza y se estudia la manera de contrademandar por calumnias y difamación a quienes presentaron el recurso contra Calderón en la Corte Penal Internacional, pues, en palabras del político panista, ante la amenaza que representan los criminales, el deber constitucional, político, legal y ético de cualquier gobierno democrático es combatir la delincuencia.

Pues sí, pero… Todo gobierno procura mantener la criminalidad dentro de límites que resulten tolerables para la población y para lograrlo se recurre a una adecuada mezcla de política y violencia. Eso mismo hizo Giuliani cuando fue alcalde Nueva York, pues impuso su plan de “tolerancia cero” en Manhattan, pero la delincuencia se mantuvo igual e incluso aumentó en otros distritos neoyorkinos. Lo que importaba era ofrecer seguridad en el territorio donde existe la mayor densidad de población y la mayor concentración financiera y comercial del mundo.

Nueva York no es el único caso donde se emplea exitosamente la política para ganar seguridad. En París hay una muy aceptable seguridad, pero nadie se atrevería a recomendar a los turistas que se dedicaran a recorrer algún banlieue, uno de los barrios extramuros, pues ahí nadie garantiza la protección contra los asaltos, la agresión personal, la violación e incluso el homicidio.

A la delincuencia, como es obvio, se le combate con pistolas y macanas, pero, sobre todo, para restarle presencia, se echa mano de las políticas sociales, de los pactos tácitos y de otras medidas. La violencia pura y dura genera respuestas indeseables, pues en muchos casos —y en México vivimos uno de esos casos— lejos de aplacar la criminalidad se la exacerba y el presunto remedio resulta socialmente más perjudicial que la enfermedad.

Sí, es deber de todo gobierno aplicar la ley y hacer uso del monopolio legítimo de la violencia. El punto está en el cómo, no en el qué. Calderón no conoce ni entiende la diferencia.