Entrevista a Edgar Cortez/Integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

 

Moisés Castillo

Dicen que la libertad y la justicia marchan juntas o no marchan. Y eso es lo que creen 23 mil mexicanos que firmaron la petición para que la Corte Penal Internacional de La Haya (la Corte Penal) determine si el gobierno mexicano, así como los cárteles de la droga, han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del combate al crimen organizado.

El abogado Netzaí Sandoval, quien entregó el pasado 25 de noviembre la “comunicación de información” a la Corte Penal, lamentó que el presidente Felipe Calderón cuestione el derecho de la sociedad mexicana de acudir a instancias internacionales.

“Particularmente —aseguró— nos está amenazando con dos tipos de responsabilidades; nos está señalando que las expresiones que hemos planteado en diversos foros, pero también los señalamientos en instancias internacionales, van a ser perseguidos por el gobierno mexicano. Si Felipe Calderón es inocente, la Corte Penal Internacional le va a dar la razón”.

Tras el comunicado desafortunado de la Presidencia de la República, decenas de personas firmantes se “entregaron simbólicamente” ante la Procuraduría General de la República por si existen denuncias por calumnia o difamación.

Además, dieron a conocer un pronunciamiento, en el cual afirman que el gobierno violentaría entre otros los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos, así como los 6 y 17 de la Constitución.

“Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la Corte Penal o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos al emprender acciones legales en su contra”.

Asimismo, la Corte Penal Internacional continuará evaluando la petición, pese a la reacción del gobierno federal.

El fiscal general de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo, aseguró que estudiará las denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad recibidas por su oficina contra los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de México, Felipe Calderón.

Ocampo explicó que la recepción de las quejas supone “el principio de una tarea” que comienza con el análisis de los datos presentados para determinar si los crímenes entran dentro de la jurisdicción de la Corte Penal.

Según el reglamento de la Corte Penal, recogido en el Estatuto de Roma, la fiscalía tiene la obligación de analizar estas comunicaciones que le remiten individuos, Estados u organizaciones para confirmar si tiene capacidad de actuar. “Mi tarea es abrir investigaciones no solamente cuando haya casos de crímenes bajo mi jurisdicción, sino cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones”, recordó Ocampo.

Creada en 2002, la Corte Penal Internacional investiga en estos momentos presuntos crímenes en Uganda, Sudán, República Democrática del Congo, Libia, Costa de Marfil y Kenia. También ha abierto investigaciones preliminares en Afganistán, Georgia, Colombia, Guinea, Palestina, Honduras, Corea y Nigeria.

Para Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la estrategia antinarco fracasó y prueba de ello son los 50 mil muertos y miles de desaparecidos.

El ex director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó la muerte del activista de Sonora, Nepomuceno Moreno, quien buscaba a su hijo y formaba parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

“Esa muerte —dijo— viene a seguir alertando de que esto ya no da para más. No debemos seguir tolerando y guardando silencio. Estos son los hechos que finalmente estamos poniendo en el escritorio del fiscal de la Corte Penal. Lo que nosotros estamos haciendo es acercar la información que fundamenta nuestra petición para que puedan valorar e investigar los crímenes de guerra.”

Acto por libertad de expresión

¿Por qué manifestarse frente a la Procuraduría General de la República? ¿Cuál es el mensaje al gobierno federal?

Es lanzar una primera respuesta pública luego de que emitiera un comunicado cuestionando nuestra acción en la Corte Penal y planteando que está explorando la posibilidad de aplicar acciones legales en nuestra contra. Venimos a manifestar que nuestro carácter es ser ciudadanos, ejercemos nuestro derecho que es el de la libertad de expresión. Decimos lo que pensamos, lo que pasa en el país, pero también es nuestro derecho acudir a las instancias internacionales para que investiguen esta guerra. Venimos a señalar que no somos delincuentes, sino ciudadanos ejerciendo derechos.