Entrevista a Juan Velásquez/El recurso legal fracasará
Moisés Castillo
Dicen que en el arte dramático la sobreactuación es tan nefasta como en la gestión política. Y el gobierno de Felipe Calderón no cuenta con buenos actores que hagan creer una mentira como la verdad. Tiene como consejera a la histeria. La sobreactuación encubrió la carencia de información precisa y soltó un desplegado visceral contra las imputaciones que un grupo 23 mil personas presentó ante la Corte Penal Internacional (la Corte Penal) por crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Calderón calificó de “improcedentes” e “infundadas” las acusaciones.
“Constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan —dijo— no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
El comportamiento irracional de la Presidencia de la República obligó a que la vocera, Alejandra Sota, precisara la postura oficial unas cuantas horas después de sacar un comunicado. Aclaró que el gobierno federal no demandará a nadie y que en todo caso serían los funcionaros señalados quienes podrían hacerlo.
“Debe quedar muy claro —dijo— [que] el gobierno federal no procederá en contra de personas que critican las políticas públicas y las decisiones del Ejecutivo federal, pero sí tiene el derecho de defenderse en todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, de las acciones, precisamente que haya emprendido el gobierno federal, insisto, para defender a los ciudadanos de los criminales”.
Los hechos
El pasado 25 de noviembre, el jurista mexicano Netzaí Sandoval entregó al fiscal de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo, un expediente en el que acusa los crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos durante el último sexenio, con la intención de que abra una línea de investigación contra el presidente Felipe Calderón, varios integrantes de su gabinete y el Chapo Guzmán.
“No queremos que se pronuncie —dijo el abogado— sobre la política de Calderón, sino que juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el ex presidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad”.
Calderón reaccionó con la tozudez que lo ha distinguido. Ante la crítica se muestra intolerante y aferrado a una estrategia antinarco que lleva 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados. Asimismo, Human Rights Watch ha criticado severamente la estrategia del gobierno federal y la conducta de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado. La violencia en el país nadie la para: hace dos semanas presuntamente los Zetas tiraron 26 cuerpos sin vida en uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara; recientemente asesinaron al activista Nepomuceno Moreno, quien participó en los diálogos por la paz en el Castillo de Chapultepec, donde denunció la detención ilegal y desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario.
Si la demanda penal es procedente o no, los miles de ciudadanos que firmaron un documento enviado a La Haya tienen el derecho de acudir a cualquier instancia legal nacional o internacional para que se atiendan sus demandas. El presidente Calderón se enojó y le echó leña al fuego. ¿A quién beneficia tanta histeria?
Para el abogado penalista Juan Velásquez, los mexicanos nunca verán al presidente Calderón en el banquillo de los acusados. Velásquez, quien defendió a Luis Echeverría por los casos de la matanza de Tlatelolco en 1968 y el llamado Halconazo en 1971, pronosticó que el recurso interpuesto en la Corte Penal Internacional contra el panista fracasará.
“No, jamás por crímenes de guerra… El genocidio —dijo— es el exterminio de un grupo nacional. Por ejemplo, exterminar a una etnia en particular. ¿El cártel de Sinaloa es un grupo nacional? ¿Es un grupo específico, con una lengua propia, usos y costumbres y religión? ¿Es un grupo nacional o es una banda criminal? Por su puesto que el Estado debe imponer su autoridad contra los narcos para preservar el orden y el bien común”.
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Abusos de autoridad en lucha antinarco
¿Procederá esta denuncia ciudadana ante la Corte Penal?
No, absolutamente. Ni duda tengo. Ese tema de la Corte Penal lo tengo muy estudiado. La Corte Penal obedece al Estatuto de Roma. En esa ciudad europea se reunieron los líderes de la región para acordar ese estatuto y crear la corte para juzgar a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad como el genocidio. México se adhirió al Estatuto de Roma en tiempos de Ernesto Zedillo. ¿Qué tiene que ver un crimen de guerra con una lucha a la delincuencia organizada? Por más que esta lucha haya sumado miles de muertos, no existe una declaratoria de guerra. No veo que se esté violando, por ejemplo, la Convención de Ginebra, que obliga a los Estados tener ciertas consideraciones con los prisioneros o combatientes. ¿Los narcos son un grupo nacional? No se pude calificar como una etnia a los capos. Estamos viendo simplemente el ejercicio del Estado para combatir la delincuencia y preservar las leyes. Los delincuentes a lo mejor mueren pero en enfrentamiento entre ellos o en manos de la autoridad, no como una guerra.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado entre 2010 y 2011 la muerte de 150 víctimas inocentes fallecidas en acciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno…
Entonces, eso sería un abuso de la autoridad que, tras combatir a los delincuentes, lesionan o matan civiles. Pero insisto, no como un crimen de una guerra, sino un plan antinarco.
¿Tiene argumentos legales la “comunicación” presentada por el abogado Netzaí Sandoval ante la Corte Penal?
Desconozco cuál sea la intención real del abogado. Igual su motivo en liderar una cierta causa en contra del Estado mexicano, una motivación política o humanitaria. Insisto: ¿qué tienen que ver crímenes de guerra y de lesa humanidad con una lucha de la autoridad contra la delincuencia para imponer la ley? ¿O qué tiene que ver el genocidio? A los narcos que se les detiene no se les extermina. Se les presenta ante el Ministerio Público para enjuiciarlos. No le veo ni pies ni cabeza a esta denuncia.
En los tensos días del levantamiento zapatista hubo una guerra corta. ¿En ese tiempo se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad?
Al Estado mexicano se le declaró la guerra. Ahí sí fue un grupo nacional, los indígenas zapatistas. El Estado enfrenta esa guerra con sus fuerzas armadas. Vamos a suponer que durante los pocos días de guerra el Estado mexicano enfrenta al enemigo sin respetar los Convenios de Ginebra y ahí podría haber habido crímenes de lesa humanidad porque hubo una guerra declarada. En esta lucha antinarco puede haber abusos de autoridad, de que un policía haya matado a un civil, y debe ser castigado por la vía penal, pero eso no es un crimen de guerra. A esos delincuentes cuando se les detiene no se les extermina, se les detiene y se presentan ante el Ministerio Público y luego a un juez. La Corte Penal no tiene ninguna competencia. Además, la Corte Penal tiene competencia cuando en los países esos crímenes de lesa humanidad quedan impunes. Quizás hay impunidad en crímenes del fuero común o federal pero no de lesa humanidad.
Autoritaria, la respuesta gubernamental
¿Qué opina del desplegado del gobierno federal que “explora todas las alternativas legales” para proceder legalmente en contra de los promotores de la denuncia?
Esos abogados están en su derecho de ir a las instancias que quieran. A mí también me parece que la actitud del gobierno es innecesariamente autoritaria. Los abogados creen y pretenden ejercer un derecho en la Corte Penal. Es un disparate que el Estado mexicano los “persiga legalmente”, parecería hasta un acto abusivo de autoridad. Además con qué necesidad. Me parece absurda la denuncia de los abogados e innecesaria la reacción del gobierno federal.
La vocera del gobierno federal detalló que cada uno de los funcionarios aludidos en la queja tenga la libertad de demandar a los responsables…
En lo personal, si yo fuera alguno de ellos, claro que me indignaría que me mostraran ante la Corte Penal como un criminal, por su puesto. Ellos en lo personal podrán interponer denuncias si quieren, pero el Estado mexicano o el gobierno federal, me parece excesivo e innecesario. Aun suponiendo que la Corte Penal admitiera esa denuncia y quisiera darle curso, hay un impedimento: es el artículo 21 de la Constitución. México, cuando se adhirió a ese Estatuto de Roma que es lo que le da fundamento a la Corte Penal, lo hizo con una reserva, con una excepción. Es el artículo 21 constitucional que dice: el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal. Es decir, para que la Corte Penal pudiera enjuiciar a algún mandatario o funcionario allá, tendría que existir la aprobación del Presidente y del Senado. El Ejecutivo federal podrá, no dice tendrá… En México hemos tenido desafortunadamente matanzas, como la de Aguas Blancas en Guerrero, a los campesinos los asesinaron. ¿Fue genocidio? No, porque no tuvo la intención el gobernador de exterminar a esa etnia o población. Fue un multihomicidio.
Pero la actual estrategia contra los narcotraficantes ha aumentado la violencia y no se ve cuándo habrá paz en muchos municipios y estados del país…
Una cosa es que una vez y de manera desafortunada el Presidente empleó la palabra guerra contra el narco, coloquialmente… Los narcos son el enemigo, pero no puedo violentar sus derechos humanos, torturarlos, desmembrarlos, darles un tiro de gracia. Recientemente en Camboya cuatro ancianos líderes del Khmer Rouge están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos hace 30 años. Los cuatro pertenecían al círculo de la dirigencia de la dictadura que tomó el poder a partir de 1975 hasta 1979. Bajo su régimen perdieron la vida cerca de 2 millones de personas. Aquí no hay una guerra, hay una lucha contra los narcos. Ha habido 50 mil muertos, pero de muchos cárteles entre sí. ¿Qué tiene que ver el Estado? No estamos hablando de un grupo nacional, son cárteles delincuenciales distintos. Es un absurdo, estoy ciento por ciento seguro que esa demanda está condenada a fracasar.
