Operativo descoordinado y anómalo
Manuel Nava
La tragedia que se vivió el lunes 12 de diciembre, con la muerte de dos estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se gestó el pasado 26 de septiembre cuando el gobernador Angel Aguirre Rivero entregó un autobús, un tractor y otros insumos que podrán ser utilizados para las actividades que realizan los normalistas y futuros docentes en las comunidades rurales de la entidad.
Pero no sólo eso, también les subieron la cuota de alimentación, las becas, el compromiso de remodelar baños y dormitorios, uniformes de gala, deportivos y del diario, e insumos para su banda de guerra, para su rondalla, y todo en un marco en el que los alumnos vivirían como privilegiados.
Esa visita, única de un gobernador por cierto, y tales concesiones se hicieron en medio de una gran movilización magisterial en Acapulco por problemas de inseguridad, la cual venía subiendo de tono y se esperaba que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y Ayotzinapa se sumara al conflicto. Con ello el gobernador estaba desarticulando posibles alianzas de ese sector magisterial.
Desde julio, los normalistas habían marchado en Chilpancingo y tomado estaciones de radio (29 de agosto) y la caseta de la Autopista del Sol en Palo Blanco (31 de agosto) con el rostro cubierto con pasamontañas y paliacates, exigiendo a los automovilistas el pago de cooperación a cambio de no pagar el peaje correspondiente.
Esa visita y las muestras de diálogo de los maestros y alumnos de la normal recodaron también aquella ocasión en mayo 1998 en que en el Salón de las Banderas, el entonces gobernador Angel Aguirre Rivero llegó a acuerdos con los normalistas y estrechó la mano del entonces diputado federal Armando Chavarría Barrera y dijo que de la reunión “todos salieron con acuerdos, ganando siempre la sociedad guerrerense que es la que no quiere ver más enfrentamientos entre estudiantes-gobierno”. Al igual que entonces se dijo, se le dio a los normalistas todo aquello que dijeron necesitar.
Pero el 10 de noviembre, maestros de dicha normal rural arribaron a las instalaciones de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, en Palacio de Gobierno de la capital del estado, en exigencia de los acuerdos firmados con el gobierno estatal, y del 12 al 14 se efectuaron bloqueos en la carretera Acapulco-Zihuatanejo y en la autopista por parte de los alumnos con las mismas exigencias y otras nuevas.
El 19 de noviembre, tras reunirse con el gobernador Angel Aguirre Rivero, estudiantes de la normal de Ayotzinapa se comprometieron a suspender sus manifestaciones ya que el mandatario ofreció incrementarles el subsidio alimentario y revisar las condiciones en que se encuentra la institución.
Desde el 1 de diciembre las movilizaciones se reactivaron, volvieron a bloquear carreteras, tomar estaciones de radio y agredieron a reporteros de Chilpancingo.
El 12 de diciembre un grupo de 300 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos pretendían tomar la caseta de Palo Blanco y bloquearon la Autopista del Sol en protesta porque el gobierno del estado no ha cumplido con el pliego petitorio.
Inicialmente bloquearon al acceso a Chilpancingo, luego, al ir marchando por el boulevard hacia la caseta de la autopista, le prendieron fuego a una bomba de gasolina a la salida de la ciudad; llegaron elementos antimotines de la Policía Federal, apoyados por policías estatales y hasta ministeriales, indicándoles que desalojaran el área; ahí se dio un primer dialogo con el general Ramón Miguel Arreola Ibarra, subsecretario de Control Policial del Gobierno del Estado pero la respuesta de los manifestantes fue negativa; la situación se tensó y derivó en una serie de disparos que causaron la muerte de los jóvenes Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera.
Las fotos y videos que han circulado por internet y que han ofrecido las autoridades estatales muestran un operativo descoordinado y anómalo.
En un principio, la Procuraduría de Justicia del Estado deslindó a los cuerpos policiacos locales y aseguró que la responsabilidad era de la Policía Federal Preventiva, luego las fotos mostraron a elementos vestidos de civil con rifles R15 disparando contra manifestantes y aceptó que eran policías ministeriales. Sin embargo, en las actas de defunción no se asienta el calibre de los disparos recibidos.
Al día siguiente, el gobernador anunció que el procurador Alberto López Rosas, el secretario de Seguridad estatal, Ramón Almonte, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arreola, fueron cesados de sus cargos.
La Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también inició una pesquisa; organizaciones sociales rompieron el diálogo con el gobierno estatal. En este contexto, el PRI nacional demandó indagar las responsabilidades políticas que pudiera tener el gobernador Aguirre.
Las autoridades estatales hablan ya de un operativo que salió de control y eso recuerda el caso Aguas Blancas, cuando integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur iban de Tepetixtla a Atoyac y se hizo un operativo policiaco que derivó en la muerto de campesinos y a la postre provocó la caída de Rubén Figueroa Alcocer, y fue Angel Aguirre Rivero el gobernador sustituto.
Ayotzinapa no es lo que era
La escuela normal rural de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, tiene una larga tradición de lucha social. Fue fundada el 30 de marzo de 1926 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Ahí estudió el guerrillero Lucio Cabañas, y Genaro Vázquez dio clases. También estudió Othón Salazar Ramírez, quien fue el primer alcalde de izquierda del país en el momento en que el gobernador del estado fue Rubén Figueroa Figueroa. Pero eso es sólo una parte de la historia; su realidad hoy es otra.
Un estudio realizado por la Dirección de la Normal Raúl Isidro Burgos, en 2008, denominado “Estudio de Procedencia de los Alumnos de Ayotzinapa”, en el que destaca que la mayoría de los actuales alumnos de Ayotzinapa no tienen un perfil campesino y que una minoría proviene de la montaña.
El 52 por ciento de los 532 alumnos que conforman la matrícula actual provienen de Acapulco, Atoyac, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Tecpan y Tixtla, mientras que del resto se encuentran estudiantes originarios de otros estados, como Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí, Campeche y del Distrito Federal.
Según la estadística, de la última generación que egresó previo al estudio —los que actualmente han estado pidiendo plazas—, sólo dos hablan una lengua indígena y ninguno ha logrado la acreditación oficial de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, para ser habilitados como maestros en zonas indígenas del estado.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación en Guerrero, la mayoría de los egresados de Ayotzinapa que han obtenido plazas en años anteriores, y que fueron asignados a escuelas de municipios de la montaña, promovieron sus cambios hacia zonas urbanas o más cercanas a grandes centros de población, luego de su primer año de servicio.
La normal de Ayotzinapa labora en régimen de internado y los 532 alumnos actuales reciben los servicios de dormitorio, tres comidas diarias, lavado de ropa, agua caliente para su aseo personal, ropa deportiva, uniformes, además de libros y material deportivo; cuentan con gimnasio, alberca olímpica, instrumentos musicales para una rondalla, además de insumos para cultivar parcelas, ganado y animales de corral para aprender las labores del campo y aplicarlas cuando laboren como maestros. Algunos líderes estudiantiles viven allí con esposa e hijos, y en el colmo del abuso, los fines de semana rentan la alberca de la escuela a particulares y no reportan el ingreso que obtienen.
Las demandas principales
Cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno estatal el 26 de septiembre de este año.
Asignación de plazas para docentes sin examen de oposición.
Que los directores de la institución puedan surgir de la base trabajadora.
El ingreso a los estudiantes de nuevo ingreso con un promedio mínimo de siete, así como un número mayor de lugares para alumnos de nuevo ingreso —de 140 extenderlo a 170—, en las áreas de educación primaria y física.
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