La alianza entre Pemex y la constructora española Sacyr Vallehermoso para incrementar su participación accionaria de 5% a 9.49% y tener así el control de la petrolera española Repsol no sólo derivó en rotundo fracaso, sino en un escándalo internacional que seguramente develará los detalles de una operación ilegal, abiertamente apoyada por el gobierno de Felipe Calderón.
En la operación Pemex-Sacyr, las “manos azules” se mancharon de chapopote y quién sabe de cuántas cosas más. La forma como el gobierno mexicano festinó y publicitó el incremento de su presencia en Repsol —el 29 de agosto pasado— contrastó, desde el primer día, con las críticas y el pesimismo mostrado tanto en los círculos empresariales españoles como en la prensa y en los medios especializados de ese país.
En España e incluso en México se sabía que algo andaba mal, pero nadie imaginó que los directivos de Pemex se habían prestado a ser cómplices de una operación financiera irregular en la que además de haber un claro fraude a la ley se hizo uso indebido de información privilegiada para comprar las acciones de Repsol a precio que puso en desventaja a la empresa petrolera española
Juan Ignacio Peinado, abogado que lleva la defensa de Repsol, declaró en septiembre de este año que los directivos de Petróleos Mexicanos podrían haber incurrido en un delito penal, junto con Sacyr, al tratar de hacerse con el control de la petrolera española en forma ilegal por no haber transparentado o hecha pública su oferta como lo marca la Oferta Pública de Adquisición (OPA).
El abrupto final de la sociedad Pemex-Sacyr confirma que se trató, efectivamente, de una alianza más negra y más oscura que el color del petróleo y sobre la que debe rendir cuentas no sólo el director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, sino el mismo Presidente de la república, quien autorizó tomar de las reservas nacionales mil 150 millones de euros para adquirir 4.6% de las acciones de Repsol, pago que, por cierto, hizo en efectivo.
Suárez Coppel sólo pudo haber operado con el secreto que lo hizo y mintiendo como mintió por órdenes presidenciales. Los medios de comunicación —tanto los nacionales como los ibéricos— registraron en su momento cómo el director de Repsol, Antonio Brufau, viajó a México —pocos días antes de que Pemex y Sacyr hicieran pública la operación— para preguntar al director de Petróleos Mexicanos si era cierta la existencia de esa sociedad. Suárez Coppel, según versiones periodísticas, siempre lo negó.
El titular de la paraestatal incurrió en una serie de falsedades y verdades a medias que tendrá que aclarar. El 19 de octubre dijo al comparecer en la Cámara de Diputados que la operación con Sacyr, además de ser “absolutamente legal, era irreversible”. Hoy sabemos que ni era legal y sí era totalmente reversible.
Pero además trató de convencer a los legisladores de la necesidad de privatizar Pemex porque las leyes mexicanas impiden hacer una inversión de esa naturaleza en la petrolera nacional.
Este tipo de operaciones hechas a partir del ocultamiento y del fraude explica en gran medida el rechazo a privatizar una empresa manejada al arbitrio del gobierno y casi siempre para obtener beneficios particulares.
La cadena de mentiras que hay detrás de esta historia obliga a preguntar sobre los verdaderos objetivos que tuvo la sociedad entre Pemex y Sacyr.
¿Se trataba —como en diferentes ocasiones lo dijo Suárez Coppel— de aprovechar la tecnología de Repsol para llevar a cabo perforaciones a gran profundidad en el Golfo de México, o se trató de una operación con propósitos meramente rentables?
¿Para beneficiar a Pemex, o para beneficiar a quién?