Dispararon los federales, se insiste
Manuel Nava
Chilpancingo.- El conflicto entre los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el gobierno de Guerrero se ha concentrado cada vez más en objetivos políticos y se ha ido haciendo a un lado el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la muerte de dos manifestantes y las graves de lesiones por quemaduras a dos trabajadores de una gasolinería y tres estudiantes más heridos de bala, según la dirigencia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.
Los funcionarios perredistas se han ido deslindando del gobernador y sus acciones sólo han ido confrontándolo con la federación. Aun la misma dirigencia estatal del PRD ha planteado posturas en las cuales marca distancia con respecto a Aguirre Rivero y se inclina más a favor de la movilización normalista, mientras que los estudiantes se pronuncian por la dimisión del gobernador antes que por sus demandas originales y el reclamo inicial de justicia.
El mandatario guerrerense voluntariamente acudió a comparecer ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); según sus declaraciones, sólo expresó su voluntad de aclarar los hechos y evitar la impunidad en el caso.
La inocencia de los policias estatales
El ex procurador general de Justicia del Estado, Alberto López Rosas, al ser citado por la Procuraduría General de la República (PGR) se ostentó como perseguido por la instancia federal y calificó de injusta la falta de investigación a los policías federales “porque en los videos claramente se muestra cómo accionan sus armas; sin embargo hay 12 policías estatales y ministeriales arraigados y al no encontrarse ningún federal bajo custodia o arraigado me parece que es una justicia proclive a la injusticia”, reiteró que fueron los policías federales quienes dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa, en el zafarrancho del pasado 12 de diciembre, agregando que la Policía Federal Preventiva solicitó apoyo de policías estatales y ministeriales, pero a quien se le salió de control el acto de protesta estudiantil fue “a la Policía Federal por ser los primeros en llegar”.
A su vez, las esposas de los 12 policías estatales y ministeriales arraigados por la PGR ¾seis estatales y seis ministeriales¾ exigieron trato igualitario entre las fuerzas policiacas y demandaron que se investigue a los 40 elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en el desalojo de los estudiantes el pasado 12 de diciembre, donde perdieron la vida dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los doce policías se encuentran en la casa de arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los uniformados, que por temor a represalias omitieron su identidad, dieron a conocer que en los próximos días realizarán acciones de protesta en esta capital, para exigir al gobierno del estado y a la PGR investigaciones transparentes, claras y justas para los policías estatales y ministeriales que se encuentran bajo arraigo desde el pasado domingo 18 de diciembre.
Antonio Nogueda Carbajal, ex procurador del estado en el gobierno de René Juárez tomó la defensa de los 12 policías ministeriales y estatales arraigados por la PGR por el homicidio de los estudiantes. Familiares de los inculpados señalaron que a la fecha no les han informado el porqué se encuentran arraigados y de qué son acusados.
Las investigaciones por delitos de homicidio contra estudiantes de Ayotzinapa así como las agresiones y el incendio en la gasolinera fueron devueltas por la PGR a la PGJE, informó el encargado de despacho de la dependencia estatal, César de los Santos Mendoza, porque son delitos del fuero común. La PGR sólo investigará el delito de ataque a las vías de comunicación, que es un delito federal. En tanto, el gobernador Angel Aguirre Rivero aseguró que su administración seguirá colaborando con la PGR para esclarecer dichas muertes lo más pronto posible y castigar a los responsables.
El presidente de la Comiión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Juan Alarcón, dijo que desconoce porqué la CNDH acusa al gobierno de Guerrero de no cumplir con las medidas cautelares que solicitó para los normalistas de Ayotzinapa, pues a él le consta que todas se han acatado. A su vez, informó que ayer el organismo solicitó medidas cautelares para los policías estatales y ministeriales que están arraigados por su participación en el desalojo violento en contra de estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Carlos Reyes Torres, presidente estatal de PRD dio el respaldo al ex procurador pues dijo: “despejó muchas dudas en la reunión del Comité Ejecutivo Estatal, y por eso se le apoya en su su versión de que fueron los policías federales los que dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa. Luego dijo que “no se trata de defender o linchar al gobernador, pero este tema lo están utilizando como bandera política u obtener beneficios personales”. Durante una reunión entre líderes de ese instituto político en San Jerónimo, los participantes exigieron que se investigue y se castigue “caiga quien caiga” a los responsables de la muerte de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la mañana del 12 de diciembre en Chilpancingo. En el acto, al que acudieron los dirigentes perredistas de los municipios de Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Atoyac, Tecpan, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla, Reyes Torres exhortó a los asistentes a defender la unidad del partido para evitar que los hechos ocurridos en la capital del estado sean usados por los miembros de otros partidos y del PRD mismo para obtener beneficios políticos.
Un hecho, dos comisiones
En tanto Angel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, se manifestó dispuesto a acudir voluntariamente ante la CNDH para contribuir en el esclarecimiento del caso y convocó a la creación de una comisión investigadora ciudadana a la cual invitó, entre otros, a Javier Sicilia. El activista declinó argumentando que el Movimiento por la Paz no tiene las facultades de Estado ni económicas para coadyuvar en las investigaciones por el asesinato de los dos normalistas en Guerrero. “No es nuestro trabajo, nosotros no podemos sustituir el Estado, ni debemos sustituir el Estado, es un trabajo que debe hacer la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros no tenemos ni los recursos ni la capacidad de investigación para hacerlo”. En el mismo sentido, el poeta aprovechó para calificar de omisa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este tipo de hechos.
En cambio, diputados del PRI, PAN, PRD y PT, se pronunciaron por la creación de una comisión especial de seguimiento a las investigaciones sobre el asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la semana pasada. El presidente de la Comisión de Justicia, y diputado del PRI, Humberto Benítez Treviño, aseguró que una comisión especial tendría la facultad de dar seguimiento a la investigación de dicho crimen y exigir que las autoridades cumplan con su responsabilidad para esclarecer los hechos.
El diputado federal perredista, Ilich Lozano Herrera, también informó que ya está firmado el acuerdo parlamentario para definir en la próxima sesión quiénes habrán de representar la comisión. Por parte de ese instituto político sería la legisladora Florentina Rosario Morales, y cada grupo parlamentario de todos los partidos acreditados en la Cámara habrán de nombrar al representante en la Comisión para trasladarse a Guerrero a fin de realizar una investigación paralela a la de la PGR y de la PGJE.
La Permanente del Congreso de la Unión aprobó la integración de la comisión especial para darle seguimiento a las investigaciones de los hechos ocurridos en Chilpancingo donde murieron dos estudiantes, informó la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Guadalupe Acosta.
Nuevas movilizaciones
El 20 de diciembre, estudiantes de diversas normales rurales del país, entre ellos de la Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, realizaron diversas acciones de protesta en distintos puntos del estado, como el robo de autobuses, colocación de mantas y volanteo en contra del gobierno estatal, boteo, recolección de firmas e instalaron un centro de acopio de víveres para continuar su movimiento, entre ellos, uno en la avenida Costera, principal arteria vial de Acapulco. El robo de autobuses, colocación de mantas, volanteo, recolección de firmas, el uso de paliacates cubriéndose el rostro, entre otras acciones que ya son costumbre en estos estudiantes, fueron la característica principal.
A las 10:55 horas de ese día, elementos de la Policía del Estado detectaron una manta colocada sobre un puente peatonal del bulevar Vicente Guerrero, a la altura de la tienda comercial Bodega Aurrerá, con un texto dirigido al presidente de la república, donde piden su intervención en las investigaciones del asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa, durante el desalojo de la Autopista del Sol, así como ejercer todo el peso de la ley contra los responsables, firmada por “La Ciudadanía ACA”.
Trascendió que 16 autobuses fueron robados por estudiantes normalistas para trasladarse a Acapulco y llevar a cabo la protesta, acción por la cual fueron denunciados penalmente, ya que además en las unidades iban laspertenencias que algunos pasajeros no alcanzaron a bajar. Los normalistas ingresaron encapuchados a la central de Autobuses Estrella Blanca en Chilpancingo, para apoderarse de los vehículos.
Transportistas y habitantes de este municipio de Chilpancingo coincidieron en que las manifestaciones de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa les ocasionan afectaciones económicas y vulneran la tranquilidad social, por lo cual piden al gobierno garantizar el respeto a la libertad de manifestación, pero también a los derechos de terceros, que son los únicos que resultan afectados. El dirigente de la Coalición de Organizaciones y Sitios de Transportistas del Estado de Guerrero, Inocente Mojica Peña, calificó de lamentable que, en el afán de hacer válido el derecho a la manifestación, las organizaciones estudiantiles afecten los derechos de terceros y, en el caso de los trabajadores del volante, les provoquen fuertes pérdidas económicas.
Alejo Zavala Castro, obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa hizo un llamado a la conciliación entre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y el gobierno de Guerrero para que al estado vuelva a la tranquilidad y se supere la etapa de zozobra.
El 21 de diciembre, un contingente de mil 500 alumnos de las normales de Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Morelos estuvieron en la ciudad de México para demandar el esclarecimiento de la muerte de dos normalistas. Estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, presentaron una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados contra el gobernador Angel Aguirre Rivero por la agresión de la que fueron objeto por parte de policías federales y estatales, y donde fallecieron dos alumnos. El grupo de normalistas rurales solicitaron además que sea la CNDH la que dé seguimiento a las investigaciones. Por su parte, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard acompañado de su gabinete de seguridad, se mantuvo al tanto de la movilización desde la sala de crisis de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
La Secretaría de Gobernación informó que ofreció un espacio de atención y diálogo respetuoso a los normalistas que se manifestaron este jueves en protesta por la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, el cual fue rechazado. Ante la reiterada disposición de esta Secretaría para establecer un puente de comunicación directo, los estudiantes no manifestaron reacción favorable a la propuesta de acercamiento formulada. Al respecto, la Secretaría de Gobernación refrenda su posición respecto de la importancia de recurrir al diálogo y a la concertación para construir alternativas de solución sólidas y duraderas en beneficio de todos los mexicanos, señaló el comunicado.
Una presión adicional
Dirigentes del PAN en Guerrero se pronunciaron a favor del cierre definitivo de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La conferencia fue citada en un restaurante de Chilpancingo y fue encabezada por el ex secretario general, Oscar Silva Abarca, cercano al ex presidente estatal, Carlos Millán Sánchez, actual delegado del Registro Agrario Nacional en la entidad.
La central de Organizaciones Campesinas y Populares anunció su solidaridad con el movimiento de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que demandan el total esclarecimiento del asesinato de dos de sus compañeros durante uno de sus ilegales bloqueos.
En un comunicado conjunto, la Cocyp, la Alianza de Tranviarios de México, el Comité Ejecutivo Nacional Demos, la Unión de Juristas de México, el Movimiento Migrante Mesoamericano, la Unión de Ferrocarrileros Jubilados, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Organización Nacional del Poder Popular y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación repudiaron el asesinato de los dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A su vez, la representación en el estado de la Cocyp, a cargo de Miguel Rojas Bernardino, dijo que apoyarán a los estudiantes en sus marchas y que realizarán acopio de víveres en las comunidades en las que tienen influencia para apoyar a los normalistas.
Lamiendo heridas
Los tres lesionados de bala en la represión en la Autopista del Sol se encuentran estables, recuperándose, dos en sus casas y el otro, Édgar David Espíritu Olmedo, aún continúa en la clínica del Issste. Los normalistas de Ayotzinapa integraron comisiones de guardia en la clínica pues, en opinión Eduardo Meza Gómez, uno de los dirigentes de la normal rural de Ayotzinapa es hostigado por los policías ministeriales para que declare.
Meza Gómez expuso motivos de seguridad para no revelar sus nombres, pero uno es de la comunidad de El Ciruelar, municipio de Atoyac, su herida fue en el muslo derecho, y estudia cuarto año de la normal rural. El segundo lesionado de bala es de Apango, y fue herido en el peroné, también del lado derecho; cursa tercer año. Aclaró que, en estos dos casos, las balas sí penetraron los cuerpos de los normalistas, pero no fueron de gravedad, por esa razón fueron dados de alta al día siguiente.
Gerardo Torres Pérez, el normalista acusado de portar un arma cuerno de chivo durante el desalojo del 12 de diciembre, se presentó en la oficina regional de la CNDH para declarar sobre los hechos.