Cada vez que puede, Felipe Calderón se autodefine como un demócrata, y lo hace comparando las supuestas libertades y respeto a la legalidad en su gobierno con el autoritarismo del pasado.
Los hechos, sin embargo, demuestran otra cosa. La anulación de las elecciones en Morelia, Michoacán, dejan constancia de que en Los Pinos ha comenzado a consolidarse una dictadura de derecha.
La decisión de anular los comicios en la capital michoacana constituyó, más que un garrotazo al PRI, un golpe de Estado contra la voluntad de la ciudadanía moreliana.
Como bien lo sustenta el jurista Marco Antonio Aguilar Cortés en las páginas de Siempre!: se violentó la soberanía popular sin que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación probara la responsabilidad del candidato ganador Wilfrido Lázaro Medina, o de su partido el PRI, en dos faltas absolutamente baladíes.
La naturaleza de las razones para invalidar la elección ¾un calzón y un close up¾ no corresponden en peso e importancia a la trascendencia de la decisión que se tomó. Los magistrados que recibieron la consigna de anular los comicios, evidentemente, desde la Presidencia de la República fueron autores de una violación constitucional mucho más grave que la supuesta infracción cometida por los actores. Los jueces resultaron ser más trasgresores que el aparente trasgresor.
Como en cualquier dictadura, los órganos electorales mexicanos han comenzado a ser manejados, presionados y amenazados por el Poder Ejecutivo federal para impedir la libre expresión democrática del electorado.
Más aún, se ha iniciado un proceso de control y represión contra los órganos autónomos encargados de transparentar la información y de vigilar el comportamiento administrativo de los servidores públicos para evitar actos de corrupción.
Así lo demuestran, cuando menos, dos ejemplos recientes. Primero, la decisión del gobierno federal de negarse a proporcionar cifras sobre el número de ejecutados en 2011 relacionados con el crimen organizado, por considerar que se trata de información confidencial que puede poner en riesgo la seguridad nacional.
Y en segundo lugar, una iniciativa enviada al Senado, que reforma la Ley de Petróleos Mexicanos para que los titulares de los órganos de control de Pemex sean nombrados por el Consejo de Administración de la empresa. Es decir, para que la empresa se vigile o audite a sí misma.
Esta iniciativa de reforma se lleva a cabo, casualmente, cuando falta menos de un año para que concluya un sexenio caracterizado por hacer negocios privados con el petróleo y cuando ha comenzado a mostrar la cabeza el escándalo Pemex-Sacyr. Oscura operación que, con toda seguridad, llevará a la paraestatal mexicana ante los tribunales españoles.
Los mismos panistas son víctimas del autoritarismo presidencial. Si alguien lo duda, que se lo pregunten a Santiago Creel o a Josefina Vázquez Mota, dos perseguidos políticos dentro de su mismo partido, acosados y trampeados por Calderón para impedirles ser candidatos a la Presidencia de la República.
¿Eso es democracia? No. A eso se le llama dictadura. Palabra o expresión que por cierto será borrada ¾por disposición del Congreso de Chile¾ de los libros de historia cuando se refieran al régimen militar encabezado por Augusto Pinochet, para no herir la susceptibilidad de los militares.
Augusto Pinochet, ¿alguien lo recuerda? Ese presidente de facto que prohibió los partidos políticos y los procesos electorales. Ese general que aseguró siempre encabezar un gobierno democrático, que negó la existencia de muertos, desaparecidos y torturados en su régimen y que confesó, en alguna ocasión, tener que utilizar lentes oscuros para evitar que se descubrieran en su mirada las mentiras que continuamente se sentía obligado a decir.