Tras el informe preliminar de la CNDH
Manuel Nava
Acapulco.- El informe preliminar de la CNDH sobre las investigaciones que se realizaron sobre los incidentes del pasado 12 de diciembre en la autopista en el cual fueron asesinados dos estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y un trabajador de la gasolinera Eva II, se constituye en truenos que anticipan una dura tormenta.
Esta tormenta habrá de manifestarse en las calles de Acapulco, Chilpancingo y DF; en las instancias federales y en los medios de comunicación nacionales, apuntan hacia un solo objetivo, la solicitud de licencia por parte del gobernador de Guerrero.
El documento leído por Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, no sólo señala “graves violaciones” a las garantías individuales en el enfrentamiento que sostuvieron los estudiantes con cuerpos de seguridad federales y estatales y la descoordinación del operativo e ineficiencias de los funcionarios estatales y federales sino que evidencian al mandatario guerrerense como omiso o falto de autoridad sobre sus funcionarios.
Conclusiones
El ombudsman concluye que existieron:
—Violaciones graves al derecho a la vida, seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad.
—Uso indebido de armas de fuego y se registró un uso excesivo de la fuerza pública.
—El lugar de los hechos, la escena “fue alterada” ya que se dio una indebida recolección de casquillos y otros elementos que se requería fueran preservados.
—Tanto las autoridades estatales como federales fueron imprecisas al declarar sobre los hechos (mintieron). En un caso se dijo que acudieron desarmados y las imágenes demuestran que desde un principio portaban armas; había elementos vestidos de civil portando armas y sí se ejecutaron disparos tanto de los elementos federales como los estatales.
Ausencia de resultados por lo que hace a las investigaciones que efectuó la PGJE.
Todos ellos se constituirán en causa de las movilizaciones de los normalistas cuyos voceros o dirigentes han manifestado, en diferentes tonos, que la única solución que aceptaran es la dimisión del gobernador del estado y hay líderes dentro del PRD que comienzan a hacer eco de esta demanda.
Peor aún, los normalistas no solo han encontrado apoyo moral de ciertas organizaciones como son Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad-Guerrero e Instituto Guerrerense de Derechos Humanos y otras sino que además están confluyendo intereses y demandas que proyectaran la idea de un estado de ingobernabilidad.
Una parte magisterio acapulqueño estará demandando seguridad y ya ha iniciado paros laborales; los ecologistas pedirán el esclarecimiento del secuestro de los campesinos ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista; indígenas y ecologistas demandaran la salida de empresas mineras las cuales, aseguran, están depredando la riqueza de Guerrero; el Movimiento Armado Revolucionario Ricardo Flores Magón y el Ejército Armado del Pueblo (APS) se consideran con derecho a emprender acciones para vengar la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa, el primero puso como consignas en su comunicado el juicio político al gobernador y el asesinato del ex gobernador Zeferino Torreblanca.
Otras agrupaciones ligadas a estos grupos demandan ya el cese del operativo Guerrero seguro por considerarlo represivo y con un objetivo contrainsurgente y por si fuera poco, un grupo del crimen organizado reitera su acusación de que familiares del mandatario están metidos en el negocio de la droga y no son combatidos.
En el entorno se inicia una lucha electoral en el país para renovar la presidencia de la república y en el estado para elegir presidentes municipales y esta conflictiva se traduce un recurso político y en la posibilidad de que ciertos líderes, medren con la situación.
Proselitismo
En un acto de proselitismo, el senador Carlos Sotelo consideró que el gobierno de Guerrero tiene responsabilidad en los hechos del pasado 12 de diciembre en donde perdieron la vida tres personas, pues aseguró que hay una omisión grave o una limitación importante para cumplir una obligación, mientras que el informe de la CNDH debe ser retomada por la PGR para que se concluya a la brevedad.
Le secundó Martha Obeso, viuda del ex legislador Armando Chavarría, quien hoy aspira a ser candidata a senadora y expresó que “movimiento social no debe criminalizarse y los estudiantes normalistas o cualquier otro sector en lucha no pueden ser criminalizados, ni satanizados porque nada justifica lo que ha sucedido el 12 de diciembre”, aunque dijo no estar de acuerdo con los métodos y formar de lucha.
En relación al tema, el secretario general de PRD en el estado, Evodio Velázquez Aguirre, señaló que ya se empiezan a ver indicios de respuestas con el informe preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el planteamiento debe ser analizado por la PGR.
Por su parte Camilo Valenzuela, presidente del CEN del PRD, sostuvo que “urge que todas las fuerzas progresistas, de izquierda, populares que estamos, porque la vida de Guerrero salga de una prolongada violencia, militarización, guerra sucia, se pare y para pararlo necesitamos actuar”.
“Y las y los compañeras y compañeros que aspirar a ser legisladores y posteriormente los que van a aspirar a ser parte de los cabildos en esta elección de julio, deben accionar juntos para detener este enturbiamiento, esta intención de revolver la vida política de guerrero para hacer otra vez de la agresión y de la guerra sucia un componente predominante”.
En el transcurso de la semana en Chilpancingo, Tecpan y Acapulco se efectuaron marchas a favor del gobernador con pancartas que portaban leyendas como: “queremos la paz del estado”, “ya estamos cansados de Ayotzinapa”, y “Guerrero tiene Angel”, en alusión al gobernador Aguirre Rivero y un grupo de panistas también demandó el cierre de esa escuela normal.
Todo ello ha ido crispando la situación en Guerrero.
Puntos débiles del informe
El reporte de la CNDH tiene dos puntos débiles: si bien recomienda investigar y aplicar las sanciones legales a las dos personas que prendieron fuego a bomba de gasolina, soslaya, los antecedentes de esta situación.
En múltiples ocasiones los estudiantes de Ayotzinapa bloquearon la Autopista del Sol y otras vías de comunicación; Secuestraron autobuses y a sus conductores. Tomaron casetas de peaje y extorsionaron a automovilistas. Saquearon comercios, insultaron y agredieron a transeúntes, periodistas incluso.
Al eludir el tema, la CNDH parece negar la defensa de los derechos humanos de quienes se vieron afectados por estas formas de manifestación de inconformidad y manda el mensaje de que son válidas y permisibles aun cuando se esté tejiendo un paralelismo con lo ocurrido en Oaxaca en el 2006.
El otro es que en el informe no se precisan nombres ni responsabilidades, sólo tipifica violaciones graves de derechos humanos cometidas por servidores públicos.