Por Carmen Galindo
La Suprema Corte de la Nación consideró” improcedente” –con siete votos contra cuatro- el amparo interpuesto por un grupo de intelectuales para comprar spots en radio y televisión con el objeto de incidir en el voto ciudadano, facultad que se ratificó es exclusiva del Instituto Federal Electoral (IFE).
Uno de los ministros argumentó: “De concederse el amparo solicitado, la protección constitucional sería para que a los quejosos no se les aplicara el régimen constitucional vigente, esto quiere decir que para ellos regiría el artículo 41 anterior a la reforma, y al resto de los habitantes del país que no acudieron al juicio de amparo, les aplicaría el artículo 41 vigente”. Es decir, únicamente podrían contratar espacios en radio y televisión con fines electorales los quejosos, y no quienes no hubieran solicitado la protección de la justicia federal. (La Jornada, 3 de marzo de 2011).
Los intelectuales habían considerado que estaba “amenazada” su libertad de expresión e incluso arguyeron que “quedamos automáticamente excluidos del derecho a la libre expresión de las ideas a través de la contratación de tiempo de transmisión en los medios masivos de comunicación”. Y rematan con al advertir que la reforma a la ley electoral: “conculca su libertad de expresión y de asociación –porque nadie puede obligarlos a pertenecer a un partido a fin de defender sus ideas”.
Los abajo firmantes de tal manifiesto son, entre otros, Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín, Leo Zuckerman, Jorge Castañeda y Sergio Sarmiento, entre otros. Como a todos nos consta, estos intelectuales tienen espacios en radio y televisión para expresar sus ideas, lo que se les impide ahora con la reforma a la ley electoral, no es que expresen sus ideas sólo que no contraten espacios publicitarios para hacerlo. Sobra decir que de lo que se duelen es de no convertirse en propagandistas abiertos de sus ideas políticas para incidir en el voto. Ellos podrán seguir expresándose a través de sus libros, sus artículos en publicaciones periódicas (diarios y revistas), así como en sus programas de radio y de televisión. Por otro lado, y vistos los nombres de los que solicitaron el amparo, qué extraño que quieran pagar por un espacio que detentan gratuitamente. Lo que están solicitando es pasar de intelectuales a publicistas. Pasar de cobrar por sus colaboraciones a pagar, qué le parece a usted, de miles e incluso cien miles de pesos a millón y medio de pesos por tres minutos.
Recuérdese que la propaganda de que el tabasqueño era un peligro para México fue pagado igualmente por un particular, el empresario Servitje. Significativa es la lista de nombres (conste que evité la palabra nómina), pues como asegura Gerardo Esquivel: “Casi todos ellos fueron, son, y muy probablemente seguirán siendo, críticos durísimos e implacables (incluso irracionales) de AMLO y del PRD. Así es que no parece haberlos unido el amor, sino el espanto”.
Ya sabemos que las televisoras, en las pasadas elecciones presidenciales, tenían distintas tarifas publicitarias según los candidatos. Ya sabemos que el tiempo dedicado en los medios electrónicos e impresos es diferenciado e incluso que en el análisis de contenido, el tiempo dedicado a un partido o candidato puede ser reiteradamente elogioso o peyorativo. En resumen, lo que los intelectuales solicitaban era que, de una vez por todas, se viera que (puesto que el gasto publicitario es decisivo) el dinero decide las elecciones. No es casual, que las cámaras empresariales pidieran también espacio electoral y luego las secundaran los intelectuales. Porque esos espacios publicitarios no pueden ser contratados por los ciudadanos comunes y silvestres, sino sólo por el gran capital e intelectuales que los acompañan.