Tráfico de personas
Verónica Valenzuela
(Segunda y última parte)
España tipificó en 2008 el delito de tráfico de mujeres y ha puesto en marcha el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual que incluye medidas de apoyo a las víctimas. En 2007, mil 870 personas fueron acusadas de delitos de tráfico humano y otras mil 204 fueron detenidas.
La ONU identificó 127 países como lugares de origen, 98 como territorios de tránsito, y 137 estados como destino del tráfico de mujeres.
En Colombia, por ejemplo, las cifras son alarmantes: la trata supone la salida de entre 45 mil y 50 mil mujeres del país cada año. Los cuerpos de seguridad colombianos descubrieron que los destinos en los que más mujeres colombianas se demandan son China, Tailandia, Singapur y Filipinas.
La agencia de las Naciones Unidas para luchar contra las Drogas y el Crimen Organizado también ha detectado que en los últimos años parte del mercado del sexo procedente de Asia, y que hasta ahora terminaba en Europa, ha sido desviado a países de Oriente Medio y África, donde ha aumentado la demanda de prostitutas extranjeras.
Nigeria también se ha visto muy afectado por el tráfico de mujeres, y allí la policía ya ha identificado las rutas por las que las conducen, a través de Libia, a países como Arabia Saudita e Italia. En este último, entre 60 y 80 por ciento de las extranjeras que ejercen la prostitución proceden de Nigeria.
Es tal el grado de vulnerabilidad que, de acuerdo con una nota del 17 de noviembre difundida por AmecoPress e IPS, dice: “las mujeres de Túnez salieron masivamente a votar en las primeras elecciones democráticas desde la caída del régimen de Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011). Pero su esperanza devino en temor ante el integrismo religioso.
La arrolladora victoria del partido islámico moderado Ennahda en los comicios del 23 de octubre generó preocupación. Las mujeres temen que el terreno ganado para obtener una mayor liberación se vea amenazado por el crecimiento de esa fuerza política religiosa”.
Los recelos fueron avivados por los últimos ataques de grupos salafistas (integristas musulmanes) a salas de cine y estaciones de televisión cuando se proyectaban filmes de cineastas mujeres, y se agravaron cuando se produjeron agresiones a profesoras y estudiantes de diversas universidades del país.
Ennahda se distanció de las acciones de los extremistas, al asegurar que su partido sigue una línea moderada, pero los elementos más conservadores de la agrupación, así como los radicales salafistas que se negaron a votar en las elecciones, están molestos por lo que consideran un ablandamiento de la fuerza política, y exigen una postura religiosa de línea dura.
Latinoamericanas vulnerables
“A pesar de que la trata de personas sea una cuestión poco difundida dentro de la sociedad latinoamericana, éste es un grave problema que azota sobre todo a las zonas más pobres de la región y que afecta entre 600 mil y 800 mil personas”, dice un texto de María Eva García Simone, difundido por la Agencia Periodística del Mercosur (APM).
Según un informe realizado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, más de cinco millones de mujeres y niñas son víctimas de trata de personas en América Latina y el Caribe, dio a conocer Teresa Ulloa Ziaurriz, directora de la organización, al agregar, en el marco del foro Experiencias exitosas de atención a víctimas, que más de 500 mil de esos casos tienen lugar en México.
Las protagonistas de estos secuestros son utilizadas con fines de explotación sexual y laboral, pornografía y tráfico de órganos humanos.
“A pesar de que en muchos casos el tráfico de órganos sea considerado una fantasía que se halla en el imaginario de la sociedad, existen hechos comprobables de desapariciones repentinas de hombres y mujeres que luego son convertidos en donantes de órganos ilegales”, dijo en el foro organizado por el Instituto Coahuilense de las Mujeres.
“Este entramado mafioso que conjuga prostitución, drogas, venta de órganos y demás tiene como común denominador al poder político y policial”, enfatizó.
Colombia, según fuentes oficiales, es considerada como el país latinoamericano más utilizado como puerto de tránsito de mujeres secuestradas con fines sexuales de los países vecinos como Ecuador, Perú y Bolivia.
Si bien las cifras de las que se habla llaman la atención, se debería entender a la cuestión de la antes denominada “trata de blancas” y del tráfico de inmigrantes no sólo desde el punto de vista monetario sino, por sobre todo, desde la arista de los derechos humanos, los cuales son violados a ultranza en cada uno de los casos que se dan a diario en Latinoamérica. Basta con escuchar alguno de los crudos testimonios de las personas que son recuperadas luego de años de cautiverio obligado.
La mayoría de estos delitos transnacionales son considerados como crímenes de lesa humanidad por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de niñas, niños y mujeres.
Asimismo, según especialistas de la End Child Prostitution (Terminar con la prostitución de niños), y la Child Pornography and
Trafficking of Children for Sexual Purposes (Pornografía infantil y el tráfico de niños para propósitos sexuales) (ECPAT) más de 21 mil centroamericanas, en su gran parte menores de edad, son obligadas a prostituirse en mil 552 bares y burdeles de la ciudad fronteriza de Tapachula, Chiapas, al sur de México.