Ex gobernadores de Tamaulipas
Félix Fuentes
Bajo el permanente baño de sangre y la guerra sucia en su apogeo, el presidente Felipe Calderón respondió a un espontáneo que la violencia no fue generada por su gobierno y “no debe imperar la ley ni de el Chapo ni de los Zetas”. Pero le faltan menos de diez meses en el poder y en más de cinco años no dominó a esas mafias.
En cambio, ya de salida acelera Calderón persecuciones, como la iniciada contra tres ex gobernadores de Tamaulipas, en pleno proceso electoral y cuando todavía no definían los panistas quién sería su candidato presidencial.
Sólo el presidente de la república pudo ordenar a la Procuraduría General de la República que investigue a los ex mandatarios priistas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores. Para ellos, sus familias y algunos colaboradores —alrededor de 40— la PGR pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la vigilancia y salida del país de todos ellos.
La SCT transmitió esa orden a la Dirección de Aeronáutica Civil y ésta la dirigió a comandancias de aeropuertos. Pero el comandante de Tampico “se extralimitó en sus funciones” y solicitó apoyos para impedir la salida del país de dichos gobernadores, así como de sus familiares y colaboradores.
El martes pasado, de madrugada, la PGR informó que investiga a los ex mandatarios de Tamaulipas, pero no mencionó los delitos. Y la SCT dio a conocer la separación del comandante de Tampico. En estos enredos anda el gobierno de Calderón, en su afán de escandalizar e inventar acusaciones contra sus oponentes, como sucedió con el michoacanazo y la detención en su domicilio, sin orden judicial, de Jorge Hank Rhon. ¿No se espantan aún los panistas del gobierno autoritario de Díaz Ordaz?
Cavazos Lerma empezó a gobernar en 1993, hace 19 años, y si incurrió en algunos delitos, el PRI asegura que es de conducta intachable y por ello lo postuló para senador. Los panistas no le imputaron ningún ilícito en más de 11 años que ejercen el poder. Es inverosímil, ridícula, esa persecución cuando faltan seis meses para la elección presidencial y las de diputados y senadores.
Yarrington terminó su mandato hace siete años y hasta estos días, casualmente, se le pretenden fincar ilícitos no dados a conocer por la PGR. Como afirmó Cavazos Lerma, esto evidencia la guerra sucia del régimen calderonista.
Ni por Yarrington ni por Eugenio Hernández Flores, el priismo mete las manos al fuego, pero también se pregunta por qué se les investiga, incluso sobre sus viajes, dentro y fuera del país.
El senador panista José González Morfín rechazó que su gobierno practique la guerra sucia pero al afirmarlo también carecía de información sobre las supuestas culpas de dichos ex gobernadores. Es decir, habló por mandato y ni le dijeron qué pretende ahora la PGR.
En meses anteriores circularon versiones de que el régimen de Calderón se lanzaría “con todo” sobre los priistas, a fin de impedirles su retorno al poder. Pero casos absurdos, como los de Tamaulipas y el de Hank Rhon constituyen ataques arbitrarios por cuestiones políticas.
En este escenario continúan las matanzas en el país. Cuando se creía que la calma retornaba a Nuevo León, una banda de Zetas sacó de un centro nocturno a por lo menos 13 personas y a siete las acribilló en el corazón de Monterrey, a los ojos de mucha gente. Nadie fue detenido.
Casi al mismo tiempo fueron muertos más de veinte individuos en Jalisco. A tres patrulleros se les acribilló, dos murieron al instante, pero el tercero sobrevivió y cuando se le atendía en un hospital llegó un matón y lo remató a tiros frente a médicos y enfermeras. Así actúa el hampa en México.
En Guadalajara, el joven Tonatiuh Moreno preguntó a Calderón cuándo se va a acabar esta guerra y a dónde se irá a vivir cuando termine su gobierno. El Presidente culpó de todo a las organizaciones criminales que han tratado de apoderarse de la sociedad y aseguró: ¡aquí no debe imperar la ley ni de el Chapo ni de los Zetas. ¿Qué no?