Entrevista a Irma Eréndira Sandoval/Investigadora del IIS de la UNAM
Irma Ortiz
En el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 nadie salió limpio. Se reprobó la operación del Seguro Popular en 20 entidades; exorbitante dispendio de recursos en los festejos del Bicentenario, ni qué decir sobre la Estela de Luz.
Crecimiento en la deuda de los estados de más del 40 por ciento con respecto a 2008; también aumentó en casi 500 por ciento el gasto del gobierno federal en materia de mensajes, y la Secretaría de la Función Pública, que se supone es el órgano anticorrupción del gobierno federal, resultó reprobada.
Para la especialista en transparencia y rendición de cuentas, Irma Eréndira Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los resultados del informe revelan la creciente forma en que se utiliza, de manera opaca y corrupta, los fondos y fideicomisos con daños al erario por 265 mil millones de pesos.
Los resultados de la cuenta pública de 2010 —dice— son escalofriantes, quizá los más ilustrativos de lo que ha sido un sexenio que da continuidad a estrategias de fiscalización, de control y combate a la corrupción completamente ineficaces y con resultados que dejan ver ineficacia, desperdicio y abierta corrupción.
Uno de los poderes que paradójicamente tendría que ser el ejemplo a seguir en términos de control, de fiscalización y transparencia, es el Poder Legislativo. En la propia revisión de la cuenta pública de 2010 hay resultados muy desalentadores en cuanto a la discrecionalidad con las que se manejan los recursos por parte de las fracciones parlamentarias. Se han dado cifras muy claras como 2 mil millones de pesos, en algunos diarios se habla de mil 800, mil 900, en fin, son cifras que están alrededor de los 2 mil millones de pesos en los cuales hay una opacidad total del Congreso.
Es muy importante porque son los partidos los que impulsan las reformas supuestamente a favor de la transparencia y del artículo sexto constitucional, por el robustecimiento del derecho al acceso a la información, y son los que en la práctica ejercen de modo discrecional los recursos públicos. Hay daños al erario muy graves por parte de las fracciones y eso demuestra esa clara colusión de intereses políticos cuando en la reforma al artículo sexto decidieron no hacer a los partidos sujetos obligados de las leyes de transparencia.
Sin embargo, esos 2 mil millones de pesos que oculta el Congreso, se quedan cortos respecto a 4 mil millones de pesos, insertos en el Fondo para cubrir Compensaciones Económicas de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.
A esta información no se le ha hecho ruido, obviamente hay que señalar con el dedo flamígero al Poder Legislativo, pero cuando se trata del Poder Ejecutivo, que es donde se concentra una gran parte del desperdicio, de la corrupción, de gran ineficacia, casi no se abona en este sentido y no es cosa menor.
Fondos y fideicomisos, corrupción en pleno
Hay claros indicios —sigue la investigadora social— de que se manejan de manera muy opaca y corrupta los fondos, los fideicomisos, y es terrible porque desde hace muchos años se ha señalado la necesidad de acabar con esta figura del derecho privado, que son los fideicomisos, y hoy vemos cómo se importa cada vez más y se hace uso común estos temas en donde se utiliza el secreto fiduciario y estratagemas para evadir la rendición de cuentas.
Una vez más, otro de los resultados alarmantes de la cuenta pública es la creciente forma en que se utiliza la figura del fideicomiso y después el daño concreto al erario que se hace. Los resultados que dan son de 265 mil millones de pesos, la aceptación directa al presupuesto de Hacienda y eso por cierto, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien no cumple con las disposiciones normativas que se tienen que seguir cuando se utilizan estas figuras jurídicas.
Los 2 mil millones de pesos que las fracciones parlamentarias utilizan en cuestiones no reportadas son peccata minuta cuando nos enteramos que la cifra de afectación al presupuesto a través de fideicomisos es de 265 mil millones de pesos.
En el caso del fondo que me interesó analizar, que es para cubrir compensaciones económicas de los servidores públicos, hay casos gravísimos de personas que no tienen ningún papel que respalde su credencial de profesionistas o de académicos y que reciben esos recursos. Eso se vincula con otros exámenes que hace la Auditoría Superior de la Federación, una auditoría de desempeño, que le hizo directamente a nuestro órgano anticorrupción a nivel federal, que es la Secretaría de la Función Pública, a quien le señaló que durante la gestión del anterior secretario, Salvador Vega Casillas, 16 de 30 unidades administrativas del gobierno federal tenían plazas de alto mando, plazas operativas de mandos superiores de 2, 3 y hasta 5 mandos superiores con salarios que la administración pública federal da a sus mandos superiores. Eso se vincula con este Fondo para cubrir Compensaciones Económicas a Servidores Públicos, en la revisión se revela este desperdicio en todos los sentidos.
Subejercicios
Hay casos muy dramáticos e insultantes —dice la maestra Sandoval— para la población como los subejercicios. Hay uno muy llamativo respecto por cierto a otro fondo —se utilizan muchos fondos en esta administración— que está vinculado al programa de apoyo alimentario.
En un país con los niveles de una alta concentración del ingreso y de una gran pobreza como el nuestro, en 2010 se reportan subejercicios de más de 5 mil millones de pesos; en 2008, fueron subejercicios de 4 mil; en 2009 de 5 mil 100 y en 2010, es de 5 mil 209 millones de pesos.
Se gasta lo mínimo y evidentemente lo que señala la Auditoría Superior de la Federación es que se está llevando a la quiebra técnica a instancias como Diconsa, a instituciones vinculadas a los programas sociales, y en cambio lo que no se permite que se toque bajo ningún concepto son los intereses de los poderes fácticos de nuestro país; los bancos, las telecomunicadotes. Hay una gran y lamentable utilización de los recursos públicos.
Estamos siendo testigos, con esta revisión, de un desperdicio total de nuestros recursos y una corrupción clara de nuestros órganos y nuestros poderes.
Falta de regulación
Todo esto se vincula con la falta de regulación que tenemos en nuestro país en todos los niveles, este fenómeno que algunos autores llaman la captura regulatoria es un hecho en nuestro país y sobre todo vemos la nula regulación a la que están sujetos en particular los concesionarios.
Una vez más, la Auditoría Superior señaló en su revisión de la cuenta pública cómo la SCT abdica de sus poderes reguladores, lo mismo que la Cofetel, al no iniciar procedimientos, revocación a permisionarios, al no cobrar los adeudos que se tienen, incluso el mismo órgano de control interno de la propia Secretaría no ejerce sus capacidades de control y fiscalización porque dice que no tiene completo el padrón del registro federal de telecomunicadores, no hay una actualización de sus direcciones y, ¡lástima!, no puede hacer cumplir las multas y la normativa a la cual deberían estar sujetos todos los concesionarios.
Insisto, por un lado, para concesionarios, banqueros, los que se benefician con la asignación por adjudicación directa de los grandes contratos en términos de salud, de educación, de los servicios básicos públicos, no hay problema. Por otro lado, para los ciudadanos más vulnerables ¾los de siempre¾, los que se benefician de programas de apoyo alimentario, social, educativos, de medicamentos públicos, a ellos los subejercicios crecientes que están llevando a la quiebra a las instituciones y a la profundización de la corrupción estructural que lamentablemente nos tiene con el agua en el cuello.
SFP, reprobadísima
Esa es una de las grandes tragedias de nuestra historia del análisis de la fiscalización en México, el errado manejo que se le da a la Función Pública, que se ha vuelto un trampolín político donde no hay técnicos de la fiscalización, de la transparencia, no hay gente con probidad y donde se ha dado uno de los casos más graves de desperdicio de los recursos.
Casi siempre los presupuestos que se le asignan a la Secretaría de la Función Pública duplican los que se le dan a la ASF y este órgano dependiente del Poder Legislativo, que mal que bien señala los problemas nacionales y federales y, por su parte, la SFP, que muy pocas veces ejerce las facultades que tiene.
Un caso muy llamativo de la SFP, al que no se le dio seguimiento, fue el concurso que Calderón anunció con bombo y platillo “del trámite más inútil”, una estrategia para invitar a los ciudadanos a denunciar y a concursar para dar a conocer el trámite más inútil. Se dieron los premios a los ciudadanos, pero no hubo ninguna evaluación verdadera, ni ningún seguimiento de los trámites que resultaron del proceso. Lo más paradójico es que fue inútil en sí mismo el concurso, no se aprovecharon las áreas de oportunidad de las evaluaciones ciudadanas y esto se refleja en que las quejas, las denuncias, la participación ciudadana ¾que es de la que se nutre una secretaría como la SFP¾, están descendiendo en su recepción de denuncias.
Frente a los grandes problemas de corrupción como la Estela de Luz y otros, incluso los vínculos o las investigaciones que se abrieron en contra de la esposa del ex titular de la SFP en un caso de corrupción, todo eso hace que se deslegitime la institución y la ciudadanía se aleja del combate a la corrupción.
Estamos viendo un claro óleo de la corrupción estructural que nos está dejando al borde del precipicio.
Calderón, solo favorece sector privado
Los datos hablan por sí solos, es muy lamentable que el presidente siempre esté presto a hipotecar el futuro de la nación simplemente para salvar su futuro político, y lo que está pasando en este ¾al parecer¾ inconstitucional acuerdo que signó con Estados Unidos para la exploración de las áreas profundas del petróleo en el Golfo de México, habla de que no tiene ninguna convicción con el combate a la corrupción sino con favorecer al sector privado en detrimento del sector público.