La pesadilla continúa
Félix Fuentes
Malas cuentas entregará el presidente Felipe Calderón de las fuerzas armadas. Las recibió cohesionadas, disciplinadas y hoy registran el mayor número de deserciones en su historia y el peligro de ser agredidas por la delincuencia. A la vez, algunos generales y no pocos coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes y tenientes se encuentran bajo procesos penales.
El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Sedena señala que “el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos corresponde al presidente de la república, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional; para el efecto y durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Esa facultad con título de tan elevada investidura permite que un primer mandatario, quien sea, se sienta poderoso y disponga del Ejército, la Aviación y la Marina como crea conveniente, incluso a capricho.
Así constató la nación cómo, a los pocos días de asumir el poder, el presidente Felipe Calderón declaró la “guerra a la delincuencia organizada”. Lo hizo por decisión personal, sin prever los peligros a que serían expuestos los militares y sin conocer el número de delincuentes y de cuáles armamentos disponían en esos momentos.
Calderón advirtió, eso sí, que habría “dolorosa pérdida” de vidas, pero no imaginó cuántos militares caerían y que el número de muertos entre delincuentes y civiles sería de más de 50 mil al cabo de cinco años de guerra frustrada. Esta pesadilla durará los ocho meses faltantes al calderonismo, justo cuando se ha dejado de contar a los muertos.
Hasta el lunes pasado se supo de otros 50 cadáveres, localizados en fosas comunes, entre los últimos días de diciembre y los primeros de enero pasados, en el estado de Durango. Según cuentas oficiales ¾imposible saber si son ciertas¾ en esa entidad han sido sepultados más de 300 cadáveres en lugares clandestinos.
Nadie sabe, nadie informa, si un cártel o algún órgano policiaco ha matado a tanta gente. Es consecuencias de la guerra del régimen panista, de la cual se oculta la verdad de cuanto sucede.
En días recientes se supo, igualmente, que cinco generales diplomados del Estado Mayor del Ejército, dos de brigada y tres brigadieres están presos, acusados de homicidios en agravio de civiles, torturas, inhumaciones clandestinas y violaciones sexuales.
Uno de los casos más sonados en las filas del Ejército es el del general Manuel de Jesús Moreno Aviña, quien en Ojinaga, Chihuahua, ordenó ejecuciones, torturas y tuvo arreglos con narcotraficantes. Otros militares de alto grado se hallan en situaciones parecidas.
Todo es consecuencia del empleo de los soldados en el combate a la delincuencia. Si se les involucra con quienes se dedican a traficar drogas y además imponen cobros por derechos de piso a particulares y otros ilícitos, no se podía esperar otra cosa.
El general secretario, Guillermo Galván, cumple con obedecer al comandante supremo, de enviar a los soldados a donde le ordenan, pero los subalternos son humanos y si les ofrecen elevadas sumas que no perciben en el Ejército, o si son obligados a pactar con el hampa, bajo amenazas de muerte a sus familias, se llega a la situación de caos, desobediencia y corrupción actuales.
Miles de veces se ha dicho y escrito por analistas y expertos en asuntos criminales, de México y el extranjero, que los militares no han sido entrenados para desempeñar el papel de policías y detener a narcotraficantes.
Sin embargo, el comandante supremo se empeña en mantener a las fuerzas armadas en esa pelea perdida e incluso demanda a quien sea su sucesor o sucesora seguir por el mismo camino. Y Josefina Vázquez Mota ya dio el sí. O sea, la república seguiría por el despeñadero con la candidata panista.