Entrevista a José Jacques Medina/Dirigente del Movimiento Migrante Mesoamericano
Moisés Castillo
En julio del año pasado, el padre Alejandro Solalinde se notaba confiado en que por fin se le haría justicia a los migrantes centroamericanos. En Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República, el director de la capilla Albergue Hermanos en El Camino, de Ixtepec, Oaxaca, pidió a los senadores perfeccionar la nueva Ley de Migración.
Luego de concluir la Caravana Paso a Paso por la Paz, Solalinde fue claro: “Nuestra ley la tenemos que mejorar, hay aspectos que son necesarios, como separar la seguridad de la administración y que efectivamente esa visa simplemente se retire, y que en lugar de eso se haga un plan de desarrollo mesoamericano, para que nuestros hermanos no tengan que emigrar, son nuestros hermanos”.
Siete meses después, la Ley de Migración que aprobó el Congreso de la Unión podría quedar deforme si el gobierno federal publica el Reglamento carente del espíritu de la norma: “Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, la hospitalidad y solidaridad”.
El mes pasado, organizaciones civiles y académicos abandonaron la mesa de diálogo instalada por la Secretaría de Gobernación por estar en desacuerdo con el procedimiento de elaboración del anteproyecto y su redacción.
El Foro Migraciones, integrado por 20 organizaciones civiles, académicos y activistas, afirmó que no se contó con un mecanismo efectivo de diálogo.
“Lamentamos que la versión del reglamento circulada a las organizaciones en semanas pasadas siga sin cumplir los principios contenidos en la exposición de motivos de la Ley de Migración… Las garantías de debido proceso, acceso a la justicia, mejora de la institucionalidad y protección a la población migrante, entre otros temas, siguen sin ser abordados desde una perspectiva de derechos humanos y dejando un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación.”
Mientras ocurren desacuerdos, las estaciones migratorias mexicanas se han convertido en una especie de cárceles, donde miles de personas son detenidas de manera indefinida, sin haber cometido algún crimen y sin saber cuáles son los términos del proceso legal por el que están ahí.
Esa situación, que contraviene todas las leyes en la materia, demuestra que la política migratoria del Estado está basada únicamente en detenciones y reclusiones, en vez de atender el fenómeno de manera integral.
En tanto, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia anunció que analizará el 25 de abril los argumentos a favor y en contra de la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona.
El gobierno de Barack Obama argumenta que la ley migratoria de Arizona viola la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia, y que también viola la Cláusula de Comercio al lesionar las relaciones de Estados Unidos con México.
La ley migratoria SB 1070 fue promulgada el 23 de abril de 2010 y rápidamente provocó polémica porque exigía, por primera vez en la historia de Estados Unidos, que la policía estatal detuviera a las personas sospechosas de no tener los papeles en regla.
Hace un año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló en su “Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México” que en un periodo de seis meses, de abril a septiembre de 2010, hubo 11 mil 333 víctimas de secuestro. Las extorsiones y vejaciones que sufren los migrantes centroamericanos en territorio nacional son tan cotidianas como las decenas de personas que se montan en el ferrocarril llamado La Bestia para alcanzar el “sueño americano”.
Cada año 140 mil ilegales cruzan los casi 600 kilómetros de frontera con Guatemala para entrar en México, y se estima que unos 50 mil de ellos pasan por el río Suchiate.
Para José Jacques Medina, dirigente del Movimiento Migrante Mesoamericano, el actual Reglamento mata el espíritu de la Ley de Migración: lo que se perseguía, que es el decálogo de los migrantes, lo echa abajo.
“Sería un retroceso y una traición a los migrantes. En vez de ser más humano el trato que deben recibir nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, esta reglamentación limita los alcances de la Ley aprobada en el Congreso y promulgada en mayo por el Ejecutivo. Este reglamento da marcha atrás a lo conquistado.”
Sin diálogo efectivo
¿Por qué existen desacuerdos con el Reglamento de la Ley de Migración?
La razón de que nos levantamos de esa mesa es que no era diálogo, porque nunca escucharon las recomendaciones del grupo de trabajo, nunca hubo una consulta previa y nos citaron solamente para dar lectura a algo que ya habían acordado. De hecho, el reglamento ya estaba aprobado por todas las instancias y dependencias, ya la habían palomeado y estaba lista para su publicación. Y ante esta situación no hubo más que darse la vuelta y mostrar un rechazo al documento. No estamos de acuerdo con un reglamento que mate el espíritu de la ley que fue aprobada por unanimidad en el senado el 24 de febrero del 2011 y que luego fue ratificada en la Cámara de Diputados. Esa unidad legislativa, entre todos los partidos, está siendo aplastada por un reglamento que quita y mata el espíritu humanitario de la ley.
¿Cuáles son los puntos alarmantes que existen en el Reglamento?
Hay varios que podemos modificar: la falta de participación de la sociedad civil como coadyuvante en términos de buscar la lucha contra la corrupción. Un grupo civil de la sociedad que pueda participar como observador y estar señalando prácticas nocivas del propio Instituto Nacional de Migración (INM). Un consejo ciudadano que hemos propuesto como forma de combatir la corrupción que el propio Instituto no ha podido terminar por tantas cosas que ya están anquilosadas. El otro tema es el de la visa de tránsito. Esperamos que hacia la comunidad mesoamericana hubiera un espíritu de bienvenida. Incluso el senador Tomás Torres inició su discurso proclamando las palabras de las comunidades indígenas de los Andes que decía: “Bienvenido seas a donde quiera que llegues”, entendiendo que son seres humanos en capacidad de movilidad, portadores de riquezas culturales y sociales. El reglamento, al poner una serie de exigencias como la situación económica, que esta gente tenga forma de probar que no tiene actividades laborales o la cuestión de garantizar el día que va a regresar a su país, son limitaciones que por simple lógica entendemos que están usando el país como tránsito para ir a Estados Unidos y no para quedarse aquí. La falta de definición del reglamento hace que la ley se haga muy discrecional. Es el poder que le dan al INM para controlar a los migrantes, esas cosas se tienen que precisar. Los centros de detención no deberían existir. La protección de los niños y mujeres debe estar reglamentado.
¿Existen culpables con nombre y apellido por este reglamento polémico?
Básicamente es el temor que tiene la Secretaría de Gobernación y la Cancillería de que se abran las fronteras y nos invadan un millón de chinos. Esa no es la situación, no es lo que se está hablando en esta ley. Es una ley de transmigrante, es una ley que originalmente está destinada a esta población centroamericana, que son naciones con las que tenemos que ser nosotros recíprocos porque son países que no le piden visas a los mexicanos, y deberían ser zonas que debería transitar nuestra población mesoamericana en los mismos términos, y que pudiéramos aplicarla de una forma regional con unidad americana.
¿Hay una fecha fatal para evitar que se publique el reglamento?
Acabamos de hablar con el presidente de la Comisión de Población del Senado, Humberto Andrade, que de hecho en ese órgano legislativo se originó esta iniciativa de ley. Tuvimos un acuerdo con senadores del PRI y del PRD para buscar la manera de resolver esta situación, porque el propio senador nunca fue consultado en términos del reglamento y ellos deberían estar informados. Presentaron una serie de propuestas para el reglamento que no fueron consideradas, nunca fueron convocados a platicar ni sus grupos técnicos, ni como senadores, entonces se ha retrasado mucho este reglamento de la ley.
Ante este panorama sombrío, ¿qué decirle a los migrantes centroamericanos?
Existe toda una actividad de solidaridad con ellos a través de los albergues, pero esto de viajar con ellos arriba de La Bestia y dándoles espacios para que se expresen son los que han levantado la demanda de “no a las masacres”, “no a la trata de personas” y a todas estas calamidades que sufren los migrantes cuando transitan por México. Hay más de 20 mil secuestros denunciados por la CNDH y hay más de 11 mil desaparecidos. Este acompañamiento que nosotros hemos hecho desde la Cámara cuando estábamos en la legislatura LX, donde las madres están en busca de sus hijos y tienen la esperanza de encontrarlos con vida y que regresen a sus hogares.
Controversia constitucional, ¿una solución?
¿Hay algún recurso legal para frenar reglamento?
La única que existe es la controversia constitucional. Inmediatamente cuando sea publicada y entre en vigor, el propio Senado metería una controversia constitucional para lo cual tenemos 30 días a partir de su publicación, pero meteríamos una controversia no solamente para criticar la ley, sino también para denunciar este proceso en que el Ejecutivo muchas veces destruye los alcances logrados por el Legislativo cuando no está de acuerdo con lo que se aprobó. Tiene el veto, que es el veto de bolsillo, cuando no las aprueba, pero después del veto tiene la reglamentación donde muchas veces las acota, les mata el espíritu. Es lo que vamos a tratar de evitar, que no se publique. Esta ley debería ser una ley ejemplar porque el próximo 25 de abril en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se va a discutir la SB1070, la ley de Arizona. Donde se va a determinar si es jurisdiccionalmente posible legislar estatalmente la cuestión de los derechos humanos, si deben ser identificados por el perfil a los trabajadores indocumentados o si deben de tener el debido proceso, como es algo que está incluido en la Ley Universal de los Derechos Humanos.
¿El proceso electoral es un distractor del gobierno para culminar con una nueva ley migratoria adecuada para todos los centroamericanos?
Sería muy negativo para el gobierno federal que interrumpa y obstaculice una ley que es tan necesaria para poder ganar la batalla en contra de las políticas negativas que existen en Estados Unidos. Si ellos mismos están frenando nuestra propia ley, qué van a decir los vecinos del norte. Creo que el gobierno federal tendrá que sopesar mucho: si va la controversia constitucional será un muy mal mensaje para el gobierno calderonista y para el partido que gobierna. Y ellos si no pueden llegar a un acuerdo pronto la van a meter al refrigerador y se van a esperar hasta agosto después de que pasen las elecciones. Esto nos preocupa porque la ley va estar congelada, y lo que queremos nosotros es llegar el 25 de abril a Washington y decir “esta es la ley mexicana que protege a los migrantes, ¿y ustedes?” De lo contrario tendremos que gritar que no queremos el maltrato y ojalá que tengamos una ley para presumirla.