Entrevista a Ramón Aguilera/Director general de la Escuela Mexicana de Archivos

Nora Rodríguez Aceves

La Ley Federal de Archivos llegó tarde porque desde que apareció en 2002 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tuvo que haber aparecido una ley de archivos, pues era una necesidad tanto para acompañar esta ley como una necesidad propia en el ámbito de los archivos, porque nosotros no teníamos una ley, estábamos atrasados en ese tema.

Y aun cuando esta ley no es perfecta, es perfectible, “quienes nos dedicamos a los archivos anhelábamos una ley de estas características, pero obviamente no es lo que esperábamos, porque le faltan muchos detalles, pero como toda ley se tiene que perfeccionar, pero de eso a no tener nada, ganamos en primera instancia con tener una Ley Federal de Archivos”, señala Ramón Aguilera Murguía, director general de la Escuela Mexicana de Archivos, A.C.

“México era uno de los países, si hablamos de América Latina, que no tenía una ley de archivos a nivel federal; y esta ley surge a raíz de la reforma del artículo 6º constitucional de 2007, donde se habla del tema de la transparencia como un derecho humano universal, es decir, a todos los ciudadanos se nos otorga el derecho a estar informados de la cuestión pública.”

A manera de contextualizar lo que ha venido sucedido con la Ley Federal de Archivos aprobada, el 8 de diciembre del año pasado, por el Senado de la República, Ramón Aguilera en entrevista con Siempre! señala como principio que “en esta reforma constitucional que se hace al artículo 6º se integra el tema de los archivos en su fracción V que establece que todos los sujetos obligados, en este caso de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, tienen que tener sus archivos administrativos actualizados, es un planteamiento muy general, pero ahí está el vínculo y la obligación de todos los servidores públicos o de los sujetos obligados, como dice la Constitución, a tener los archivos organizados, sobre todo los administrativos”.

Además, “se habla de que a raíz de este planteamiento de la reforma se podrán elaborar las leyes y reglamentos respectivos en los tres órdenes, por lo tanto, esta ley federal está estrictamente vinculada con la Constitución y es la que opera la parte correspondiente a los archivos, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es la que opera la parte de transparencia y de acceso a información ciudadana, dos leyes que van de cierto modo de la mano, dos leyes que van juntas en este sentido”.

Aunque, el especialista en materia archivística asegura que “el tema llegó tarde, porque desde que apareció en el 2002 la Ley de Transparencia tuvo que haber aparecido la ley de archivos, pero el tema no fue muy importante para los legisladores, pues por lo menos desde el año 1998, 1999, 2000 se intentó presentar la primera iniciativa de ley de archivos, pero fracasó, no se llevó a efecto, la legislatura de aquel entonces la guardó en el cajón. Posteriormente, en el 2005, 2006 se hizo otro intento por presentar otra iniciativa, sin embargo, igualmente se quedó en el cajón”.

Una necesidad

Sin embargo, “finalmente, esta nueva iniciativa de Ley Federal de Archivos promovida primero por el Senado tiene eco, se aprueba y se decreta el 23 de enero de 2012, entonces tiene toda una historia reciente con los intentos desde 2002, cuando nace la Ley de Transparencia y que era una necesidad”.

“México era de los pocos países en la comunidad internacional que no contaba con alguna ley de archivos a nivel federal. Por ejemplo, el 59 por ciento de los países latinoamericanos al día de hoy cuenta con una ley de archivos, es decir, de las 22 naciones del continente, 13 han elaborado su ley”

Sin embargo, explica el también maestro en Historia de México por la Universidad Iberoamericana, la diferencia con la ley de México es que estas leyes tiene un alcance nacional, es decir, son leyes generales que se aplican en todo el país, con lo que se unifica un solo criterio bajo la guía, en la mayoría de los casos, de su correspondiente archivo general de la nación. La ley como está planteada actualmente tiene una limitante en el sentido de que sólo tiene aplicación para los poderes federales de la unión y los órganos constitucionales autónomos y no tiene implicaciones directas en las entidades federativas.

Por lo tanto, “no tenemos una ley de alcance nacional, es una ley limitada exclusivamente a los poderes federales, el Ejecutivo, el Legislativo el Judicial, los órganos constitucionales autónomos y cualquier otro organismo federal, como el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la UNAM, el Politécnico, todos esos organismos autónomos están dentro de este marco de la ley, es de obligación”.

Las limitantes

“Todo esto los legisladores lo han venido discutiendo desde la primera iniciativa que se presentó, pero si hay una Ley General de Bibliotecas, si hay una Ley Federal de Patrimonio como es la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, o hay una Ley General de Bienes que impacta toda la nación, por qué no aprovechar la coyuntura y plantear una Ley General de Archivos que impacte los tres órdenes de gobierno. No se hizo así y para mí ésa es una limitante de la ley, no quiere decir que la ley no sirva sino que es una limitante”.

Sin embargo, “en la ley se prevé que el Archivo General de la Nación (AGN) puede tener cierto alcance a nivel nacional siempre y cuando firme convenios con los estados y municipios, es una limitante de acción, de alcance para la propia actividad del AGN porque se llama de la nación; esos temas no se pudieron estudiar, no se pusieron a estudiarlos los legisladores, porque obviamente no tienen la experiencia ni el conocimiento de lo que implica el tema como tal”.

En ese mismo sentido, “otra limitante es que la ley está planteada como la Ley de Transparencia, igual federal, es decir abarca los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos están implicados en ella, sin embargo a la hora de operarla les da la oportunidad de que se organicen de acuerdo a su ser, a lo que son los organismos constitucionales, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y al Ejecutivo, a él sí le señala “tú tienes que cumplir todo esto y tu regidor será el Archivo General de la Nación” ¾como en el caso de transparencia, tu regidor será el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos¾; por ejemplo, el IFAI no tiene injerencia en derechos humanos ni en el IFE ni en el Legislativo ni en el Judicial, es el mismo esquema y para mí es una limitante, porque se presta ¾con la experiencia que se tuvo en la parte de transparencia¾ a acomodar la ley a mi conveniencia, no a acatarla plenamente, entonces este planteamiento da pie para que sea juez y parte, en cierto modo, tú como organismo diferente del Ejecutivo, y el Ejecutivo, a ése sí le toca derechito todo, ésa es una limitante para mí”.

Frente a este panorama, Ramón Aguilera fija su posición sobre las declaraciones que María Teresa Dorantes, presidenta de Archiveros sin Fronteras. Sección México, ha hecho al diario La Jornada, en diversas ocasiones, en relación a que la ley de archivos aprobada “no es una ley sana, sino enferma y anticonstitucional. En principio, concede amplio poder documentario al Ejecutivo federal, lo que en la práctica significa que México se quedará paulatinamente sin memoria porque los lineamientos de esa ley están enfocados a la depuración (eliminación) de documentos. Hay que quitar mitos, “aquí pasa un poco como la cuestión de las escuelas, de las posturas ideológicas, hay un grupo de personas que no aceptan esta ley porque no fue su ley, y como no fue su ley no sirve, porque entre estas iniciativas de ley se han presentado varios proyectos y los proyectos son de escuelas, a veces los partidos nada más se suman como vehículos para presentarlas, no que las asuman como suyas, porque a ningún partido político les interesan los archivos, y podemos constatarlo en las administraciones públicas, ya cuando están en la administración se nota ahí que no les interesa”.

Por lo tanto, “hay quienes lo ven de una manera y quienes lo vemos de otra, sin embargo, en la vida lo que hay que tratar de tener es apertura, ver por el bien de los archivos, no por el bien de los intereses de grupo. Nosotros como escuela lo enfocamos desde el punto de vista académico, lo que nos interesa es que los servidores públicos, fundamentalmente, aunque también vemos archivos privados, conserven y organicen los archivos que generan y que estén listos para ser abiertos a la consulta”.

“Si no fue mi ley, no fue mi propuesta, no tengo porqué enojarme y decir que eso no sirve, eso es inmadurez o falta de conocimiento académico al final del camino o poca seriedad en el trabajo profesional que lleva uno; con la experiencia internacional uno se dará cuenta de cómo funcionan estas situaciones y cómo se hacen las leyes y cómo debiera ser mejor, como dije al principio no es la mejor ley que pudimos habernos dado, pero de eso a no tener nada, pues ya tenemos una ley, hay que mejorarla pero no ponerse en la postura de que no sirve y va a ir en contra de la transparencia y de que vaya a hacer opaco el gobierno, porque eso es mentir, no es cierto, es mentira, no es por ahí; al contrario, la ley quiere dar herramientas para abrir una información y para conservarla, ése es el espíritu real de la ley y hay que leer por eso la motivación de la iniciativa”.