A tres meses de los estudiantes asesinados
Manuel Nava
Acapulco.- El caso Ayotzinapa se redujo a una confrontación en los medios entre el ex procurador Alberto López Rosas y Genaro García Luna, en la cual lo único que se hace manifiesto es la seria de las anomalías que se cometieron durante el operativo del 12 de diciembre de 2011 para disolver la manifestación en Chilpancingo de los estudiantes de la escuela normal Isidro Burgo.
El pasado 24 de febrero, minutos antes de ofrecer una conferencia de prensa, uno de los colaboradores cercanos al ex procurador informó a los medios de comunicación que en el domicilio del ex edil se encontraba personal de la Subprocuraduría de Investigación Especailizada en Delincuencia Organizada, resguardando su casa para ser detenido en cuanto saliera, sin embargo, esta versión fue desmentida por el propio López Rosas. En su domicilio sólo se encontró a sus guardaespaldas, pero no a policías.
Entrevistado en su casa, López Rosas manifestó que se enteró de una orden de aprehensión girada en su contra por el caso Ayotzinapa, sin embargo, dijo desconocer la autoridad que se trata, pero mencionó que son federales. Se dijo un posible perseguido político luego de los excesos que ha cometido la autoridad federal, por lo que aseguró que saldrá de su casa y que aún no considera si irá al amparo o no.
La PGR confirmó después que desde el pasado 22 de febrero obtuvo la orden de aprehensión en contra del ex procurador general de Justicia de Guerrero, y otros ocho ex servidores públicos por el caso Ayotzinapa, acusados de delitos contra la administración de justicia y encubrimiento por obstaculizar y desviar la investigación de los hechos ocurridos el 12 de diciembre.
Se precisó que los servidores públicos son el ex procurador, un subprocurador, un director general, un fiscal, tres ministerios públicos, un auxiliar de ministerio público y otro servidor público.
López Rosas manifestó que todo está politizado desde el momento en que la Procuraduría General de la República, Derechos Humanos federal y Secretaría de Seguridad Pública nacional han tergiversado los hechos con el propósito de proteger a la Policía Federal, por lo que son actos de intimidación y persecución luego de que se hicieron públicos los videos.
Asimismo mencionó que a pesar de la orden de aprehensión girada en su contra tomará todas las medidas legales y todas las precauciones para tener a salvo sus derechos políticos ya que dijo su aspiración política no puede quedar truncada por una mala fe, por un propósito turbio de las autoridades federales.
Sin embargo, en un noticiario radiofónico matutino de la capital, Cuitláhuac Salina, titular de la SIEDO, reiteró la causaciones y la orden de aprehensión girada en contra del ex funcionario guerrerense.
Minutos más tarde, en el mismo espacio, López Rosas aseguró que todo se trata de una acción represiva por haber demostrado la responsabilidad de las autoridades federales en el caso Ayotzinapa y en concreto refirió que García Luna tiene responsabilidad directa y está protegiendo responsables.
“Responsabilizo a él directamente inclusive de las acciones que pudieran ocurrirme, porque creo que por conservar la idea de una policía modelo están atropellando en Guerrero a quienes actuamos responsablemente el día en que ocurrieron esos lamentables hechos”, aseguró López Rosas.
En Guerrero, la procuraduría estatal guardó hermetismo. El encargado del despacho dijo a los medios locales: “Que él [López Rosas] enfrente su problema solo”.
Por su parte, Angel Aguirre Rivero, gobernador del estado, comentó: “que se haga justicia”, y aseguró que hasta este momento no han recibido ninguna notificación o solicitud de colaboración para ejecutar las 10 órdenes de aprehensión que un juez federal.
La reacción enconada en cambio se produjo en ciertos grupos del PRD, por ejemplo Camilo Valenzuela Fierro, dirigente nacional de la corriente Red de Izquierda Revolucionaria. Consideró que el gobierno federal no quiere esclarecer de manera clara el caso Ayotzinapa para enturbiar la vida política de Guerrero; alertó sobre la posibilidad de que existan nuevos actos de provocación.
En el puerto, el dirigente perredista consideró que esta escalada de agresiones como la de los estudiantes de Ayotzinapa, el asesinato de la viuda de Lucio Cabañas, el ahorcamiento de un ecologista en el penal de Iguala y la desaparición de los ecologistas de la sierra de Petatlán han sido una provocación contra la lucha social.
Integrantes del PRD en el municipio, así como de otras organizaciones sociales, anunciaron movilizaciones para exigir que se esclarezca el caso de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y consideran arbitraria el actuar de la PGR, según el anuncio hecho por Miguel Alvarado López, integrante del Comité Directivo Municipal del PRD.
Juan Alarcón Hernández, presidente de los derechos humanos en el estado, aseguró que la PGR actúa en forma parcial en el caso Ayotzinapa, ya que sus investigaciones no tocan a la Policía Federal Preventiva. El ombudsman manifestó que hasta el momento no hay una indagatoria imparcial.
La comisión de académicos y defensores de derechos humanos que representa a la comunidad estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa sostuvo la segunda reunión de trabajo con el gobernador Aguirre Rivero y funcionarios estatales. Al término del encuentro, el vocero del grupo, Miguel Alvarez Gándara, informó que esta semana valorarán tener una interlocución con el gobierno federal.
Los pasos de López
Hijo del líder precarista Alfredo López Cisneros, el Rey Lopitos se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por la confrontación. Inició su carrea política en las filas del PRI y durante el periodo de la alcaldía de René Juárez Cisneros fue secretario general del ayuntamiento. Al no recibir la nominación para la alcaldía, se fue a las filas del PRD, en 1997 fue diputado federal y tras el desastre ocasionado por el huracán Paulina en Acapulco, intentó interpelar Ernesto Zedillo, entonces presidente de la república.
Tras el periodo de Zeferino Torreblanca en la alcaldía, fue electo presidente municipal de Acapulco. Tres años más tarde intentó obtener la candidatura y quedó en último lugar en la elección interna.
En 2009, las observaciones que desde años atrás se traían sobre la comprobación de recursos además del Programa Hábitat derivaron en una inhabilitación y se dijo perseguido político del entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.