Cuando alguien quiere dar línea
La impartición de justicia es una de las facultades del Estado que la Constitución de la República confiere al Poder Judicial Federal, celosamente vigilado por el Consejo de la Judicatura Federal.
Vivimos un Estado de derecho en el que resulta imprescindible que los juzgadores cumplan cabalmente las altas responsabilidades que tienen encomendadas, que se resumen en la aplicación imparcial de la ley. De su eficacia y credibilidad en la sociedad surge la fe en nuestras instituciones, para que fluya la inversión pública y privada y se fortalezca día a día en la medida que los juzgadores cumplan debidamente su cometido.
Lamentablemente, los juzgadores que emiten una sentencia justa, sólida, apegada a derecho, no pueden aspirar a más del 50% de reconocimiento de su actuar, ya que en los juicios la parte perdedora se encargará de hablar mal del juez, en la medida en que le afecta la sentencia que le fue adversa, y sólo quien gana se encarga de difundir la imparcialidad y la rectitud de quien emitió la resolución que le es favorable; ni modo: así es la vida y los juzgadores están conscientes de ello.
Lo que resulta reprobable son las descalificaciones públicas y privadas que hacen los funcionarios públicos y los propios particulares, cuando emiten juicios generales de desaprobación, acusaciones de corrupción, de ineptitud, sin aterrizar en un caso concreto con las pruebas fehacientes que prueben su dicho; no se valen las descalificaciones generales ni las concretas que no exhiban pruebas contundentes, que únicamente se basan en presunciones o simples rumores, o sea, puros dimes y diretes.
Cuando existen pruebas contundentes, los consejeros han sido implacables en las quejas que se presentan en contra de impartidores de justicia, ese es su deber y la sociedad se los aplaude.
Pero lamentablemente hay quejas derivadas de resoluciones que no se dan a modo del interesado y dañan seriamente la impartición de justicia y preocupan profundamente a los juzgadores, que cumplen con su función.
En estos sucesos lamentables debe ser de inmediato y contundente el apoyo institucional del Consejo de la Judicatura Federal a favor de los juzgadores, que están deseosos del apoyo del Poder Judicial federal.
En el Salón de Maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM se hizo un comentario de un juez en Nuevo León que se había negado a recibir línea dada de un presidente municipal para que nunca concediera suspensiones en su municipio en los juicios de amparo que ahí se ventilaban, por ir en contra del interés público. Entró en cólera el munícipe y en quejas sin fundamento y sin pruebas ha tratado una y otra vez con notoria mala fe desprestigiar a la justicia federal; eso no se vale.
Ninguna persona o servidor público puede atentar contra la autonomía jurisdiccional. Las resoluciones judiciales o se acatan o se recurren, pero jamás pretender dar lineamientos de cómo deba resolver un juzgador un asunto.
El Justiciero