Ejecutivo versus Judicial
Manuel Espino
El caso Cassez ha tenido una relevancia que por mucho desborda los ámbitos estrictamente jurídicos y ha venido a enfrentar a diversos sectores sociales y políticos de la sociedad.
Pocos han quedado ajenos a esta polémica, seguramente por la profundidad de sus implicaciones para nuestro sistema de justicia, para las vidas de los involucrados y hasta para la imagen de México en el mundo, así como para la autoridad moral que nuestra diplomacia ganará, o perderá, al defender a nuestros connacionales en tribunales extranjeros.
Invasión del Ejecutivo al Judicial
De manera lamentable, el caso Cassez también ha servido como arena para una indebida interferencia del presidente Calderón en los procesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Jamás tendría que repetirse el penoso episodio de enfrentamiento acaecido este pasado 21 de marzo, día que, a decir de un medio nacional, “la ceremonia conmemorativa por el 206 aniversario del natalicio de Benito Juárez se convirtió en un desencuentro entre los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial por el caso Cassez, quienes no dudaron en retomar acciones y dichos del Benemérito para salpicarse de alusiones”.
Este ríspido intercambio se dio a raíz de un discurso en el que Felipe Calderón fustigó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmando que la interpretación de la ley no debe ser “la rendija por donde escape, nuevamente, la impunidad”. Además urgió, en concordancia con el discurso que coordinadamente han esgrimido los detractores de Cassez, a que “se consideren y respeten los derechos de las víctimas, los derechos de quienes tienen hambre y sed de justicia”.
A ello habría de responder el ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Mesa, “jueces, magistrados y ministros queremos un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad; justicia, basada en instituciones y procesos, que hagan que sea justicia de verdad; no el abuso del poder que es paso previo al autoritarismo y a la impunidad y no la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho”.
Es necesario decir que a ambos lados de la mesa hay argumentos válidos y razonables, por lo que aun estando de acuerdo con uno de los puntos de vista tampoco es posible descalificar a rajatabla el otro.
De conducirse con ánimo plural y de escucharse la diversidad de opiniones que enriquece a nuestra nación, esta discusión arrojará un saldo sano y benéfico para nuestra república y para el rumbo institucional que habrá de tomar el Estado mexicano.
Habrá que cuidar, sin embargo, que cada una de las autoridades que tienen intereses en torno a este caso se ciña estrictamente a los márgenes establecidos por la ley, pues de convertirse en una lucha entre grupos de poder lo que menos podremos ver será justicia.
Cuidar esta situación es primordialmente una responsabilidad del Presidente, que fue quien invadió terrenos ajenos a su autoridad, como ya lo ha hecho en otros momentos de su sexenio.
Sería catastrófico para nuestra vida institucional y para la arquitectura del Estado que Calderón insistiera en regresar a aquellos tiempos del presidencialismo omnímodo, en el que los poderes Judicial y Legislativo eran sólo dependencias del Ejecutivo, pues el equilibrio entre los poderes es la base de la libertad y de la igualdad de los mexicanos ante la ley.
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