Recomendaciones de la CNDH
Manuel Nava
Acapulco.- Luego de conocerse la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre, donde murieron dos estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de Guerrero ratificó que tomará en cuenta todas las observaciones de la comisión para llegar a la verdad histórica.
En un comunicado al respecto, señala que no disminuirá sus esfuerzos para aplicar la justicia y atenderá a las víctimas y sus familias, además de que se realizarán investigaciones para que los responsables sean castigados como marca la ley y asumió el compromiso de que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa tengan todos los apoyos para cursar sus estudios, además de destinar 38 millones de pesos para mejorar la infraestructura de la institución educativa.
De igual manera, agrega el comunicado, se avanza en la preparación de una iniciativa para que haya reformas legislativas a fin de adecuar el marco normativo, y evitar que se repitan ese tipo de hechos.
Angel Aguirre, gobernador de Guerrero, aseguró que el compromiso con su gobierno es indeclinable, porque el estado no es terreno donde se abone la impunidad, ya que se continuará en la búsqueda de la verdad histórica, y las víctimas seguirán contando con el apoyo gubernamental.
El martes 27 de marzo la CNDH, en voz de Raúl Plascencia, presidente de la misma, determinó que existió responsabilidad de Alberto López Rosas, ex procurador, y de Antonio Valenzuela Valdéz, ex director de la Policía Ministerial de Guerrero, en la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa en diciembre pasado, además de otros funcionarios de seguridad y procuración de justicia de Guerrero, quienes incurrieron en “falta de diligencia” en el control de la situación.
El titular de la CNDH anunció además 30 recomendaciones sobre el caso Ayotzinapa, dirigidas al gobierno y al Congreso de Guerrero, además del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, entre las que se incluye la indemnización a las víctimas, una disculpa institucional del estado de Guerrero y garantías para que no se repitan hechos similares.
La recomendación 1 VG/2012 pide al gobierno federal y estatal la indemnización a familias de las víctimas, reparación del daño, disculpa pública, garantías de seguridad para las víctimas, seguimiento al proceso jurídico y penal a los responsables y garantías de no repetir los hechos.
De los 155 servidores públicos que la CNDH ubicó como involucrados en el desalojo violento de normalistas de Ayotzinapa, 99 pertenecen a la Procuraduría de Justicia, pero las autoridades estatales no han informado sobre el estado que guardan los procedimientos en su contra.
En el documento se indica que también existe responsabilidad institucional de Silvia Romero Suárez, titular de la Secretaría de Educación Guerrero, y de los directores y personal encomendado a la atención de la problemática prevaleciente en la escuela, por atención inadecuada, negligencia e intolerancia a la demanda de atención de los estudiantes.
Asimismo, señala que la convocatoria pública para el concurso de elección de aspirantes, ciclo escolar 2012-2013, es insuficiente para acreditar la atención integral a las demandas colectivas de los normalistas. En el principio del apartado “K” del documento, sobre la “inadecuada atención a la problemática prevaleciente en la Normal Raúl Isidro Burgos”, se destacan las razones que motivaron las manifestaciones y protestas de normalistas el 12 de diciembre de 2011, cuando fueron desalojados a balazos de la Autopista del Sol por policías federales, estatales y ministeriales.
Demandas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos adelantó que denunciará ante la Procuraduría General de la República a mandos de la Policía Federal por acciones u omisiones en la operación aplicada durante la manifestación de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. La responsabilidad de la Policía Federal alcanza hasta su comisionado general, Facundo Rosas, quien manifestó que se enteró de la participación de su corporación una hora después de terminado el enfrentamiento.
“Al margen de la responsabilidad administrativa que también corresponde por acción directa o por omisión de no enterarse sobre todo de un evento de estas características, (se suma) el no haber utilizado los sistemas que tienen, como Plataforma México, no comunicarse con C4 (funcionario del gobierno de Guerrero) y ante un evento de tal gravedad manifestar que fue hasta una hora después cuando ya se encontraban tres personas sin vida, varios heridos, sujetos siendo golpeados por los elementos y detenidos,” se indica en el documento.
El comité directivo estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa anunció que insistirá en su demanda de justicia al gobierno del estado por el desalojo policiaco del 12 de diciembre de 2011, para que el caso no termine como la matanza de Aguas Blancas de 1995 y la de El Charco de 1998, en las que ningún alto funcionario fue procesado ni señalado como responsable.
El comité se manifestó de acuerdo con los resultados del informe final de la CNDH, sin embargo, dijeron que su lucha no se termina, porque continuarán con su demanda de juicio político contra el gobernador Angel Aguirre Rivero y seguirán vigilando el cumplimiento de las recomendaciones.
Los autores intelectuales de las muertes de los dos normalistas durante la “represión policiaca del 12 de diciembre no han sido detenidos. Hay pruebas suficientes por responsabilidad contra Ramón Almonte Borja, ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Miguel Arreola, encargado de la policía estatal, y Alberto López Rosas. ex procurador; la información es clara, pero lo que nosotros queremos es que se haga justicia, indicó el comité directivo”.
Existen, insiste el grupo, señalamientos directos al gobierno del estado, que implican la responsabilidad de Angel Aguirre Rivero, gobernador, y en uno de los anexos del informe de la CNDH se encuentra el juicio político que los normalistas solicitaron a la Cámara de Diputados. Agregaron que han decidido esperar un tiempo para observar el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, que incluyen demandas penales en la PGR y juicio político en el Congreso local para los funcionarios señalados.
Efraín Ramos Ramírez, presidente del Congreso del Estado, dijo que espera que los familiares de las víctimas presenten la demanda de juicio político contra los ex funcionarios del gobierno de Angel Aguirre Rivero, para facilitar los trámites de la misma según se lo recomendó expresamente la CNDH.
Ramos Ramírez dio a conocer que la recomendación fue recibida en la oficialía de partes a las 2 de la tarde, y de inmediato fue integrada al orden del día de la sesión de la Comisión Permanente. Ya no lograron fijar posturas por parte de las fracciones y representaciones de partidos, porque la Comisión de Gobierno, responsable de la organización de la sesión ya había tenido la suya a las nueve de la mañana.
De montajes a montajes
El pasado 22 de marzo cuando le fuera dictado el auto de formal prisión a Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia del estado, en conferencia de prensa el ex funcionario afirmó que el auto de formal prisión es parte de una persecución montada por Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, y la PGR, así como de otros ex funcionarios. López Rosas aseguró tener preparado un expediente para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o llegar hasta tribunales internacionales.
Responsabilizó al funcionario federal de cualquier cosa que pueda ocurrirle a él o su familia, ya que asegura que personal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal lo ha hostigado.
Dijo que está preparando un expediente para posteriormente acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso de llegar a tribunales internacionales ante la complicidad de las instancias federales quienes se han resistido en abrir investigaciones existiendo evidencias de lo ocurrido que conduzcan al esclarecimiento real de los hechos.
López Rosas dijo muy seguro no tener temor, ya que éste sólo se tendría si siguen cometiendo los excesos en contra de gente inocente, puesto que no es buen destino para una sociedad vivir bajo la arbitrariedad y la injusticia, por ello comentó que seguirá adelante y responsabilizará a Genaro García Luna por las acciones que ocurran sobre su persona, apuntó.
El ex fiscal de Guerrero comentó que hay testimonios en la investigación que han hecho señalamientos directos sobre la corporación federal, hay dictámenes en el mismo sentido y otros elementos de convicción que han sido esquivados para establecer una responsabilidad penal en contra de servidores y ex servidores públicos de la Procuraduría de Justicia en el estado.
Expresó que su aspiración política a ser candidato a la alcaldía de Acapulco por el PRD es un asunto que dejará pendiente hasta que resuelva su situación jurídica.
Aprovechando que a nivel nacional se debatía sobre el montaje efectuado en el caso Florence Cassez, refirió que lo ocurrido en Chilpancingo el 12 de diciembre del año pasado fue un supermontaje.
Por su parte el grupo Asociación Civil Acapulco (instancia de opinión donde se aglutinan algunos empresarios y profesionistas de la sociedad acapulqueña) dio su respaldo a López Rosas quien estaba anunciado como ponente para la sesión semanal de la citada agrupación, pero de última hora canceló.
En su ausencia el grupo Aca acordó emitir una postura en respaldo a López Rosas, y por separado el presidente del Colegio de Abogados Mariano Otero, Rogelio Lozano Herrera, dijo que la recomendación de la CNDH es ilegal e incongruente porque no respetó los derechos de los ex funcionarios a defenderse.