Entrevista a Alejandro González Alcocer/Presidente de la Comisión de Justicia del Senado

 Antonio Cerda Ardura

El Senado de la República se puso a tono con las exigencias internacionales y avaló, durante los últimos días, en comisiones, reformas para limitar el fuero militar en México, de manera que los soldados que cometan cualquier delito del fuero común contra civiles o violaciones a sus derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles federales. No obstante, en la víspera del vencimiento del plazo de resolución del Senado y fecha del cierre de la presente edición de Siempre! (jueves 26 de abril), el dictamen respectivo se hallaba congelado y era probable que se quedara así hasta que asuma la próxima Legislatura.

¿Qué es lo que ocurrió? Hayan salido adelante o no estas reformas, quedó de manifiesto que nuestra nación adolece aún de reticencias para la actualización de la justicia militar.

Según reconoce, en entrevista con este semanario, el senador del PAN, Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia de la cámara alta, el dictamen “no le gustó a los altos mandos militares”.

Avaladas el 19 de abril por las comisiones de Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos Primera, las reformas al artículo 58 del Código de Justicia Militar, además de enviar a los tribunales comunes a militares infractores, precisaban que éstos cumplirían sus sentencias en prisiones militares.

Establecían también que no prescribirán los delitos de genocidio y desaparición forzada de personas cuando fueran cometidos por elementos castrenses, y que la Policía Ministerial Militar actuaría en la investigación de esos ilícitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal.

El propio González Alcocer propuso la derogación del artículo 435 del Código de Justicia Militar, que, a la letra, dice: “La facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero de guerra, corresponde exclusivamente a los tribunales militares. A ellos toca también declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y aplicar las penas que las leyes señalen.

“Sólo aquella declaración se tendrá como verdad legal”.

En la nueva redacción, se indicaba que sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si deben intervenir tribunales militares o civiles en la investigación del delito denunciado.

Los legisladores cambiaron el artículo 740, instruyendo a que, cuando el Ministerio Público federal se declare incompetente para conocer un caso y éste sea conocido por el fuero militar, los afectados tengan la posibilidad, si desean hacer impugnación, de recurrir a un juez o a la SCJN.

Una propuesta de Tomás Torres, del PVEM, adicionaba al artículo 58 que fueran competencia de las autoridades y tribunales civiles no sólo los delitos de militares contra civiles, sino también las violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, se tenía acordado que los jueces federales penales y los magistrados unitarios de circuito que conocieran de los delitos de militares contra civiles, debían poseer conocimientos de la disciplina militar.

El dictamen senatorial modificaba la iniciativa enviada desde octubre del 2010 por el presidente Felipe Calderón.

El abogado González Alcocer, ex diputado federal y ex gobernador de Baja California, sostiene que es urgente esta actualización, que pondría a México a la vanguardia de la salvaguarda de los derechos humanos y civiles.

 

Molestia “de arriba”

Parecía que por fin había un acuerdo legislativo para las reformas al fuero militar.

Nosotros resolvimos en comisión un dictamen corregido por el consenso de todos. Prácticamente hubo unanimidad y casi salen por aclamación dos cambios que, al parecer, no gustaron mucho a los altos mandos. La propuesta original de reforma tenía que ver con los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar, que se refieren a los delitos cometidos contra civiles. Para quedar de acuerdo en lo que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas y con todas las recomendaciones internacionales que se le han hecho a México, se estableció que los militares que cometan delitos contra civiles y la violación de sus derechos humanos, sean juzgados por autoridades civiles o jueces civiles. La otra parte importante que no se aceptó en comisiones es que hubiera jueces especializados o, como decía la propuesta original, que militares en retiro fueran los jueces.

¿Por qué se rechazo esto, cuando se supone que no existen especialistas civiles en el tema?

Nosotros creemos que no se requieren especialistas. Los jueces actuales, los jueces de Distrito en materia penal deben enterarse de los ordenamientos, la legislación y el marco jurídico de los militares. Ellos tendrían que juzgar a los elementos castrenses conforme al Código Penal y con los procedimientos penales, como a cualquier otro ciudadano. Realmente no se requiere una especialidad, sino conocer el marco jurídico de los militares. ¿Por qué tampoco quisimos que los juzgadores fueran militares en retiro? Porque, en primer lugar, los militares en retiro siguen ciñéndose a las normas militares. Eso lo dice su propia reglamentación. Así que no es adecuado. Y el segundo argumento es que no podemos imponerle al Poder Judicial que nombre jueces que no están en los parámetros de la carrera que maneja. De acuerdo con los lineamientos que marcan el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial debe nombrar exclusivamente a los jueces civiles. En eso se atoró el dictamen, porque los altos mandos no lo vieron bien y yo creo que no va a salir ya en este periodo.

Esto implicaba que no habría privilegios. El que jueces comunes se encargaran de aplicar la ley, no dejaría ningún resquicio a los uniformados infractores.

Claro. Esa es la intención clara de todas estas modificaciones. No hay ninguna distinción para juzgar militares cuando ellos cometen delitos en contra de civiles o violan derechos humanos. Es lo correcto. Pero como que no gustó mucho la reforma y nos la pararon. Nosotros ya resolvimos, tenemos un dictamen que no ha sido firmado todavía, pero son los coordinadores, la mesa directiva quienes nos pararon y yo no creo que salga ya en este periodo.

Lo que se acordó, tiene mucho sentido común.

Y precisamente porque no están de acuerdo lo pararon. Y la verdad es que en comisiones hicimos lo correcto. Son los elementos que debe contener una reforma de tal naturaleza.

El gobierno acaba de hacer públicos los lineamientos que deben acatar las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República para no disparar contra vehículos o embarcaciones que no se detengan en los retenes. Esto era muy común y producía muertes de inocentes.

Ahí está la reglamentación del uso debido de la fuerza: se deben agotar primero otras medidas antes de dispararle a alguien. Hay muchas formas de parar un vehículo: se le persigue y se detiene, o se le dispara a las llantas, pero no a las personas. Esto regulará esa cuestión para evitar cualquier abuso en ese sentido.

Lo malo es que en ciertos estados del norte, según lo reportan los diarios o la televisión, ahora es común ver convoyes o caravanas de vehículos con gente armada. Aquí tal vez no cambie mucho la forma de actuar de los militares.

En esto está claro que si circula un convoy con gente armada y no hace caso del retén, por lo general se trataría de delincuentes. Las autoridades que van acompañadas con escoltas, sí atienden las indicaciones en los retenes y normalmente traen consigo los oficios de portación de armas. A los otros hay que combatirlos y entrarle en serio a su persecución. Eso es diferente a cuando se trata de ciudadanos que van circulando y no ven y se pasan el retén. Y sí, ha habido ese tipo de problemas de que les disparan.

¿De no salir esta semana, cuándo se tendrán las reformas al fuero militar?

Al final de cuentas tenemos dos días, pero no creo que lo destrabemos. Quedará para la siguiente Legislatura. Esa es la verdad.

 

Intención sana

Teníamos, al parecer, un buen avance.

Creo que tenemos todo el avance necesario que pondría a México a la vanguardia de la salvaguarda de los derechos humanos y civiles. Este dictamen que nosotros sacamos en comisiones por un consenso unitario, por unanimidad, es lo que debe contener la reforma a la justicia militar. Será una lástima que no salga.

El Ejército no está contento ni con las críticas que se han hecho al papel que ha asumido, ni con los costos que está pagando por la guerra contra la delincuencia. ¿Qué tanta oposición tiene a esta reforma?

Yo creo que son urgentes estos cambios y que hay conciencia también de los militares, pero hay aspectos en los que aún no hay consenso, como nos pasó con la Ley de Seguridad Nacional, que se atoró en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos procurado darle a las Fuerzas Armadas un marco jurídico adecuado para la actividad sobre seguridad pública que está realizando, en la que las hemos metido sin que debieran ser sus funciones. Convendría que México pudiera contar ya con este marco jurídico que, además, modernizara la justicia militar para alcanzar los estándares y la aprobación de todos los organismos internacionales de derechos humanos. Yo espero que la razón diga que esto tiene la intención sana, cuidando a nuestras Fuerzas Armadas, de evitar que haya abusos.