Democracia y soberbia
Alfredo Ríos Camarena
En la pasada LX Legislatura, en mi carácter de diputado federal, tuve el privilegio de presentar en junio de 2007 la primera iniciativa que se refirió a los tiempos de televisión del Estado y sus tiempos fiscales; en esa ocasión me acompañaron solidariamente el diputado César Horacio Duarte Jáquez, hoy gobernador de Chihuahua, el diputado Jorge Zermeño Infante, a la sazón, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del PAN, el diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid del PRD, hoy representante de ese partido ante el Instituto Federal Electoral, y la diputada Patricia Castillo Romero, integrante del Partido Convergencia; en ese entonces, en la exposición de motivos aludíamos a que la compra de tiempo de radio y televisión había representado alrededor del 70% del total de los gastos de campaña que se realizaron en el anterior proceso electoral, es decir, en el 2006.
Hago esta referencia porque finalmente el Congreso de la Unión decidió controlar el gasto que se realizaba en los tiempos de televisión; se llevó a cabo la reforma política, aun cuando en su materialización en esta elección ha tenido fallas superables en otros aspectos, no en lo que se refiere al tiempo televisivo.
No hay duda de que el proceso democrático de México ha tenido avances importantes y considerables; la evolución del IFE y del Tribunal Electoral Federal, con todos sus defectos y virtudes, ha permitido establecer la certeza democrática.
En la actual campaña electoral se ha discutido la importancia indudable que tienen los debates entre los candidatos, claro que éstos siguen teniendo estructuras acartonadas y rígidas, que impiden mejores resultados para el conocimiento del electorado de las propuestas políticas; el artículo 70 del Código Electoral señala que cuando menos deben realizarse dos debates presidenciales, que deberán ser difundidos obligatoriamente por los medios públicos del país, y voluntariamente por los medios privados.
Estos, los privados, no han podido superar su rencor por la reforma política y con una soberbia y mezquindad inexplicable han decidido no transmitir dichos debates; Televisa lo hará, pero no en su canal principal, mientras que Televisión Azteca ha decidido no transmitirlo.
Inclusive el señor Ricardo Salinas Pliego dijo en Twitter: “Si quieren debate, véanlo por Televisa, si no, vean el fútbol por Azteca. Yo les paso los ratings al día siguiente.” Verdaderamente son inadmisible estas actitudes que poco aportan a la consolidación de un sistema de mayor participación ciudadana al que todos aspiramos.
Es probable que efectivamente no cambien ya los resultados, pues las distancias entre los candidatos son prácticamente insuperables; Enrique Peña Nieto, de acuerdo con los sondeos de opinión pública, mantiene una ventaja sobresaliente.
Sin embargo, el debate con todas sus problemáticas debe ser difundido en bien de una conciencia cívica y política; el IFE está obligado a publicitarlo, correspondiendo así a los horizontes democráticos a los que aspira la nación.
Cuando estas líneas se publiquen estará a punto de celebrarse el mencionado debate el domingo 6 de mayo, ojala que tenga la mayor difusión, pues los electores, aun los que ya tenemos decidido el voto por nuestra militancia, podremos apreciar de mejor manera las fortalezas y debilidades de quienes pretenden gobernar a México.
Lo que no es tolerable es el revanchismo de las grandes empresas que, además de obtener ganancias millonarias, ofenden la percepción de un pueblo que quiere modelar una democracia; desafortunadamente seguimos manteniendo prácticas cupulares y sectarias; los partidos políticos nacionales padecen de la patología a la que el doctrinario Maurice Duverger se refirió como la partitocracia. Por eso mismo, tenemos la obligación de una participación ciudadana de mayor alcance y de mayor nivel; estamos obligados a construir un país donde la justicia electoral y la participación ciudadana sean mejores de lo que hoy son.