A su manera, forzado por los reporteros y las constantes acusaciones que se le hacen, de buscar incendiar las elecciones, Andrés Manuel López Obrador dijo que firmaría una carta compromiso para respetar el resultado de los comicios.
¿Usted le cree al candidato de las izquierdas?
A partir del segundo debate, echó a andar la siguiente etapa de su estrategia: no agredir, no confrontarse, pero incendiar las calles por medio de sus turbas violentas. La marcha organizada en avenida Reforma, el mismo día en que se llevó el encuentro entre candidatos en Guadalajara, fue un simple ensayo de lo que se busca organizar después del 1 de julio.
López Obrador pretende dar “un golpe social” a las elecciones. ¿Qué significa esto? Habrá que preguntárselo a su famoso e indeseado asesor uruguayo Luis Costa Bonino, un estudioso de lo que algunos llaman el “nuevo golpismo”. Probado en Ecuador, Chile, El Salvador y en otros países de América Latina y Africa.
Para el doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París, el “golpe social” tiene un “contenido rupturista y antidemocrático que supone la participación desbordada, generalmente violenta, de amplios sectores sociales orientados a desplazar autoridades políticas elegidas de manera legítima y democrática”
Basta trasladar la definición del concepto “golpe social” al proceso electoral mexicano para entender que López Obrador busca evitar o en su caso, desconocer el triunfo del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, por medio de la fuerza y utilizando como “carne de cañón” a los estudiantes y a la gente más pobre.
En algunas plazas, parques y jardines, casas y oficinas del país se han comenzado a organizar las células —muchas de ellas constituidas por jóvenes—, cuyo objetivo será convocar a los mítines, marchas y disturbios que deberán realizarse a partir de la misma tarde o noche del 1 de julio.
Hoy la gran pregunta es ¿qué va a hacer el Instituto Federal Electoral? ¿Qué van a hacer las autoridades ante un fenómeno que, al parecer, ya rebasó la misma ley?
Ha sido notorio el silencio que los consejeros electorales han guardado frente al acoso y persecución que ha sufrido el candidato del PRI. No se trata de señalar que hay parcialidad en ellos, sino de anotar que su ausencia puede hablar de dos cosas: de que existe un peligroso vacío en el Cofipe frente a la violación de los derechos políticos de los contendientes, de sus simpatizantes y de los electores; o, lo que es peor, de que hay miedo de aplicar la ley.
La repetición de mítines agresivos que buscan no sólo la protesta, sino sembrar odio y rencor para fanatizar a la sociedad en contra de algo o de alguien, niega la esencia de la democracia, de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Andrés Manuel, sin embargo y contrario a lo que dice defender y representar, actúa como un represor.
López Obrador está corriendo en dos líneas paralelas: en la tersura que Costa Bonino le ha recomendado tener —según consta en la carta ruptura que el asesor hoy niega—, y en un plan B donde una multitud amotinada exija al IFE que se le reconozca un triunfo que no obtuvo en las urnas.
No existe duda alguna de que López Obrador y las izquierdas cuentan con un plan desestabilizador; que harán un conteo paralelo al IFE; que mandarán hacer encuestas para confirmar su victoria; que enviarán, más que observadores, grupos de choque a las casillas; que manejarán las redes sociales a su favor; que movilizarán simpatizantes en el extranjero. Todo eso se sabe ya; sin omitir la posibilidad de cualquier perversa sorpresa.
La gran pregunta es si las autoridades electorales y las políticas cuentan con una estrategia bien hecha, con escenarios posibles, para contrarrestar el intento de romper el orden constitucional.