Rating contra prestigio
Dentro de la lógica capitalista, la libertad de prensa
es simplemente otra mercancía.
Roque Dalton
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
La libertad de expresión y el derecho a la información conforman un binomio constitucional indisoluble para cualquier sociedad democrática.
En nuestro país, esta amalgama liberal fue plasmada y defendida con particular ahínco por varios de los más importantes integrantes del Constituyente de 1857, al cual pertenecieron periodistas de la talla de Francisco Zarco, Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, por señalar a los más destacados.
La tradición libertaria de la prensa mexicana se ha enfrentado desde siempre a las obsesiones gubernamentales por embozarla y a la presión empresarial impulsada desde las concesiones de explotación del espectro radioeléctrico, otorgadas a partir de los años 30 a un grupo de inversionistas que apostaron al futuro de estas tecnologías masivas de información y entretenimiento.
La radio fue el primer vehículo de penetración de una nueva cultura familiar a la que a partir de los años 50 del pasado siglo se sumó la televisión, como útil instrumento de comunicación y difusión.
Bajo el supuesto de garantizar una información apegada al régimen, en 1983 el gobierno creó el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), generando con ello un diferendo con los soldados del presidente que desde 1951 comandaba Telesistema Mexicano, empresa encabezada por Emilio Azcárraga, fundador de la mítica estación de radio XEW en los años 30 y del Canal 2 de la referida empresa.
Diez años más tarde, en plena efervescencia neoliberal del salinato, el Estado se deshace de la paraestatal —a favor de la familia Salinas Pliego—, afirmando que con ello se generaba una “sana competencia” en beneficio de la sociedad mexicana.
Con excepción de algunos sonados desencuentros comerciales, sendas empresas han antepuestos sus intereses por sobre los derechos de los públicos y en una acabada estrategia de injerencia han pasado de soldados del presidente —es decir de defensores del régimen— a productores de candidaturas y destructores mediáticos de adversarios de sus propias agendas empresariales o las de sus patrocinadores políticos o comerciales.
Esta perversión de la ética periodística fue el detonante del movimiento Yo Soy 132, cuyos integrantes lanzaron una clara advertencia al poder de manipulación de las televisoras, reacción juvenil a la que se sumó el reportaje de The Guardian, prestigioso diario londinense que publicó los elementos con que cuenta en torno a la posible intervención de Televisa en la vida pública del candidato del PRI a la presidencia, Enrique Peña Nieto, y en la defenestración del candidato de las izquierdas en el 2006, Andrés Manuel López Obrador.
Pertrechada de su rating —como la empresa televisiva más importante del mundo hispanoparlante—, Televisa se lanza contra The Guardian, despreciando el prestigio que le ampara a nivel mundial, reconocimiento que se ha ganado a pulso en un mundo proclive al sensacionalismo y al amarillismo, inherente a un escenario competitivo pérfidamente hostil a la imparcialidad, a la certeza y la verdad, en el cual The Guardian ha sabido defender cotidianamente la libertad de prensa como un derecho inalienable del periodista y del lector y que, como sentencia Roque Dalton, la lógica capitalista arteramente transforma en una mera mercancía vendible al mejor postor.