Carlos Guevara Meza

Al momento de escribir esta nota ya había concluido la segunda vuelta en el proceso electoral presidencial en Egipto, pero aún no se conocían los resultados definitivos. Sin embargo, el partido de la Hermandad Musulmana (islamista) ya había proclamado vencedor a su candidato (Mohamed Morsi) con un 52 por ciento de los votos emitidos, frente al 48 por ciento obtenido por el candidato de los militares (Ahmed Shafiq) quien, de hecho, fuera el último primer ministro designado por el derrocado dictador Hosni Mubarak. Shafiq, sin embargo, también se había proclamado vencedor.

La Hermandad ya había ganado la mayoría en las elecciones parlamentarias de principios de año y su conteo poselectoral resultó notablemente cercano al cómputo oficial definitivo.

Pero varios acontecimientos amenazan con descarrilar las elecciones y quizá toda la revolución egipcia. Apenas 48 horas antes de la realización de los comicios, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia anulando las elecciones parlamentarias y disolviendo el Congreso. También declaró a Shafiq como candidato válido, cuestión disputada por la oposición debido a su participación en el régimen de Mubarak. La Hermandad Musulmana, principal afectado por ambas decisiones, apenas y tuvo tiempo de reaccionar. En un primer momento los diversos líderes del partido hicieron declaraciones contrarias al fallo de la corte, pero luego de realizar un cónclave decidieron aceptarla aunque señalando que se trataba de una decisión política más que jurídica.

Pocas horas después comenzaron de nuevo a criticar la postura e incluso afirmaron que se trataba de un golpe de Estado “blando”, y señalaron que saldrían a la calle a defender su victoria en caso de que el gobierno militar realizara un fraude electoral.

Las elecciones se realizaron, empero, sin incidentes, y con una baja de participación frente a los comicios legislativos. Al parecer, una parte de la población considera que no se puede decidir quién es el “menos peor” de los dos candidatos: el islamista moderado que podría radicalizarse imponiendo los principios islamistas y reduciendo las libertades sociales que ya se tenían e incluso excluyendo a diversos sectores por motivos religiosos (chiitas y cristianos); o el militar que perteneció e hizo carrera en el régimen derrocado que quedaría así restaurado e incluso podría volverse aún más represivo. Lo cierto es que el actual gobierno militar no está jugando limpio completamente.

La decisión del Tribunal Constitucional no es un hecho inédito: esta misma instancia le anuló unas elecciones legislativas al dictador a fines de los años ochenta por presunción de fraude. Pero en los hechos, beneficia a la Junta Militar que asume ahora el poder legislativo y puede designar a su arbitrio a la comisión que redactará la nueva constitución. Por otro lado, y apenas cerradas las casillas, la Junta emitió una enmienda a la Declaración Constitucional (el ordenamiento que rige en tanto se redacta la nueva constitución) limitando los poderes del próximo presidente, que no podrá nombrar al ministro de Defensa ni decidir sobre el presupuesto del Ejército.

Si bien es posible un conflicto poselectoral de consideración, difícilmente llegará al extremo de Argelia (en los noventa un partido islámico ganó las elecciones, pero el Ejército desconoció su triunfo lo que generó una guerra civil). Lo que sin duda pasará es que la revolución que soñaron los jóvenes que tomaron la plaza Tahir tendrá que esperar, y quién sabe cuánto tiempo.

Al cierre de esta edición, la salud del expresidente de Egipto, Hosni Mubarak seguía siendo muy delicada.