Batallas perdidas

Alfredo Ríos Camarena

No hay duda del avance democrático del país; con todas sus luces y sombras, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han logrado dar certeza a las elecciones y emitir juicios imparciales, apegados a derecho y a la Constitución; sin embargo, estas instituciones y, sobre todo, las leyes que las rigen deben perfeccionarse, pues en cada elección encontramos elementos nuevos que pueden alegar los partidos para intentar cambiar el sentido de los comicios.

La tesis S3ELJ23/2004 del Tribunal Electoral, que se dictó para justificar la nulidad de las elecciones en Tabasco, en 2004, fue un elemento que dio lugar a lo que los especialistas denominan “la causa de nulidad abstracta”, que se refiere a la interpretación de todo el proceso electoral en términos genéricos y, que al analizar violaciones a la equidad y a la imparcialidad, que se hayan dado en el proceso, se puede anular una elección. Sin embargo, esa opinión jurídica, que fue válida, quedó superada en la reforma al artículo 99 Constitucional que, en forma por demás enfática, asienta en su fracción II, segundo párrafo, lo siguiente: “Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”.

Por tanto, a pesar de que el Tribunal Electoral es un Tribunal Constitucional, tiene que ceñirse a la ley en la calificación, por lo que existe una contradicción; por una parte, el Tribunal sólo puede apegarse a la ley y, por la otra, puede interpretar la Constitución con las limitaciones que la misma le fija; en cuanto a la impugnación, el único elemento que están planteando los partidos inconformes es la interpretación a la equidad en la contienda. Esto significa que será prácticamente imposible darles la razón, porque no existen pruebas, ni se formularon agravios antes ni durante la jornada electoral; la defensa jurídica de Andrés Manuel López Obrador es endeble, pues sus abogados no supieron construir una argumentación en tiempo y forma, así que el fallo deberá ser contundente en la negación a estos agravios. No obstante lo anterior, el Tribunal puede hacer consideraciones de carácter constitucional en relación con el tema tratado.

En otras palabras, la supuesta compra de votos es imposible de probar y, mucho menos, de constituir un elemento que pueda anular la elección; por lo que las declaraciones de López Obrador se tratan de un activismo político que va a producir movimientos sociales que intentarán golpear la nueva administración, es decir, no tienen ninguna solidez sus puntos de vista, y corren el riesgo de volver a dividirse, como lo hicieron hace 6 años, donde por un lado la fracción del PRD llamada de “los chuchos” chocó con el grupo radical de Andrés Manuel, y les impidió aprovechar el número de legisladores que obtuvieron en esa elección, para tener la influencia que debieron haber tenido. Hoy, ésa es la pregunta y dilema, no hay duda de que la izquierda avanzó, pero para que tenga eficacia política en sus planteamientos, deben permanecer unidas sus bancadas en las dos Cámaras, defendiendo una agenda común; si no lo hacen, una vez más, sus victorias, a pesar de su importancia, serán pírricas.

Por otra parte, Acción Nacional tiene que olvidar sus rencores y el presidente debe moderar su discurso, pues, después de haber felicitado el proceso electoral y reconocido el triunfo de Enrique Peña Nieto, se subió al carro del lopezobradorismo en sus últimas declaraciones sobre la compra de votos, que en otro contexto serían absolutamente correctas, pero dada la circunstancia del debate sobre la contienda, son francamente equivocadas y conducen a su partido a otro precipicio más profundo y más desastroso que en el que ya están.

Los hoyos negros de la contienda tienen que ver más con la ley que con las instituciones; una circunstancia grave son los votos anulados en la elección de Diputados y Senadores, debido a la incapacidad de los protagonistas políticos para explicar que no en todos los distritos iban en alianza el Partido Verde y el PRI; por eso, se perdieron 2 millones 472 mil 614 votos, para la elección de la Cámara baja, y de 2 millones 855 mil 523 votos para el Senado. Este error de información y capacitación le ha costado al PRI muchas senadurías y diputaciones; este tema es otro de los que habrá que regular adecuadamente.

En suma, las impugnaciones del proceso no variarán los números, y las protestas en la calle deben enfocarse a otros temas, y no a una batalla que se perdió por la voluntad popular y por los votos emitidos. El país no quiere seguir en la senda de la inestabilidad y la ingobernabilidad. Urge sentarse a negociar para que el destino de México sea mejor.