¿Espurio II?
Carlos E. Urdiales Villaseñor
¿Por qué Andrés Manuel López Obrador firmó el 28 de junio un pacto de civilidad en el Instituto Federal Electoral, si estaba frente a la compra y coacción masiva de votos?
El destino de México no tiene precio, dice el boletín de comunicación de Morena, y tiene razón, no hay quien suscriba lo contrario. Al movimiento progresista le viene lo más complicado: probar, no sólo denunciar. La presunta compra de 5 millones de votos por parte del PRI tiene de entrada varios puntos débiles en una lógica muy simple, pero contundente: ¿Y por qué no compraron de una vez votos para diputados y senadores?
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, como ministerio público especializado, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como juez, deben fundamentar las investigaciones y resoluciones respectivamente en hechos comprobables, no en discursos que parten de premisas no demostradas, para en línea cronológica decir que eso comprueba lo que ellos exponen.
El caso de las tarjetas Soriana, la distribución de dinero vía Monex y la pista de empresas fachada suenan con más sustento, pero falta el vínculo —probado, no supuesto—, no con la campaña sino con el resultado de la elección.
Graves suenan los adjetivos de “ilícito” cuando del dinero utilizado por el PRI se trata, las consecuencias jurídicas se asoman tremendas, pero ni el fiscal especializado ni el juez último pueden sustentar nada sin pruebas sólidas. Y estas últimas todavía no irrumpen al menos de manera pública.
Asimilar una derrota señalando lo que debería reformarse es más sensato y demócrata. No fue una elección perfecta, pero fue la elección que nos dimos todos con base en las leyes y reformas que todos los actores políticos hicieron en ese ámbito democrático y legal en el que a pesar de todos los pesares vivimos. Hay áreas de oportunidad en nuestra arquitectura constitucional sin duda, pero hubo competencia, participación y un resultado claro y contundente.
Los juicios morales sobre la calidad, libertad, inteligencia y visión de patria de cada sufragio no son materia de discusión. Se compite, se aceptan una reglas de cuya construcción nadie quedó excluido, menos los partidos del Movimiento Progresista, y se asume que se gana o se pierde. Editar de nueva cuenta lo de espurio y legítimo no sólo para el inquilino de Los Pinos sino para el otro mexicano que no piensa como uno ha sido un lastre. Puede volver a serlo.
No habrá reconocimiento de López Obrador a Enrique Peña Nieto como no lo hubo a Calderón, está claro. Los que dan cuerpo y estructura al movimiento de izquierda en este país vuelven a someter su quehacer a lo que el líder determine y pagando el costo que ello conlleve. Vendrán nuevos momentos y realidades políticas, personajes y grupos que dirán si dilapidan un capital democrático que la lógica social da a la izquierda y no a la derecha, o asimilan y avanzamos.
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