Propuestas para nombrar magistrados
Carlo Pizano Salinas
Marcelo Ebrard y el PRD no tienen interés alguno por fortalecer las instituciones de impartición de justicia en la ciudad de México. Lo anterior se ha evidenciado, particularmente, durante la última mitad del sexenio que concluye este 2012.
En este espacio en Siempre!, ya habíamos relatado cómo las propuestas de magistrados hechas por Ebrard y luego ratificadas por la irresponsable mayoría del PRD recaían en personas que no tenían ni tendrán los conocimientos, ni el talante para hacer justicia conforme a la ley. El caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no es la excepción.
Terminado el último periodo ordinario de sesiones de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de Gobierno envió a la Comisión de Gobierno la propuesta de tres magistrados: una a sala superior y dos para salas ordinarias. El problema radicó en las propuestas de nombramientos de magistrados de sala ordinaria. Conviene señalar los requisitos que la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo exige para ser magistrado: ser mexicano por nacimiento, tener al menos treinta años, ser licenciado en derecho con título y cédula profesional con una antigüedad de cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito dolos, no haber sido suspendido o inhabilitado por más de tres meses como servidor público y acreditar, cuando menos, cinco años de práctica profesional en materia administrativa y fiscal. Es en este último requisito en el cual las propuestas de Ebrard no cumplen la ley.
Analicemos las propuestas. El caso de Francisco Javier Barba Lozano: antes de su nombramiento había fungido como asesor de la diputada perredista Lizbeth Rosas en comisiones no relacionadas con el derecho administrativo o fiscal; su paso por puestos delegacionales fue con funciones de gestión y de administración de juzgados cívicos y según el propuesto el paso por despachos sin clara trayectoria en materia fiscal y administrativa era suficiente para acreditar la experiencia.
El caso de Estela Fuentes Jiménez es distinto, pero con la misma deficiencia: estamos ante un perito en derecho, pero en materia penal, de hecho se desempeña como juez penal en el Estado de México. Esta evidente falta de competencia en derecho administrativo y fiscal fue exhibida durante sus comparecencias ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Se avizora un periodo extraordinario para que el Pleno de la Asamblea Legislativa conozca de estas propuestas. Si nos remitimos a la experiencia, el PRD aprobará como magistrados a personas que no tienen el conocimiento para serlo. El resultado será una deficiente administración de justicia en materia administrativa y fiscal. Qué conveniente para un gobierno nombrar a jueces deficientes y en el peor de los casos cercanos para revisar la legalidad de sus propios actos. Esperemos un milagro en la Asamblea y que se dé un voto razonado y fundado.